Sin acceso a derechos mínimos la mayoría de trabajadoras en México
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF. 21 dic. 10 (CIMAC).- A pesar de que en 2010 se registraron avances en normas y mecanismos para mejorar las condiciones laborales de las mexicanas, en los hechos, la mayoría de las 16.8 millones de trabajadoras labora sin el acceso a derechos mínimos como la seguridad social y la organización sindical, aún las que se ocupan en el mercado formal.
Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), señaló que las normas y mecanismos son insuficientes, porque además de que no son obligatorios, en el país no se respetan los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y en instrumentos internacionales en la materia.
Además, la Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Modelo de Equidad de Género, del Instituto Nacional de las Mujeres, al no ser vinculantes “queda a disposición de la patronal, tomarla en cuenta o no”.
Ambas herramientas son utilizadas para certificar a las empresas en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con base en el cumplimiento de ciertos indicadores de no discriminación.
Al respecto, la también ex legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que esos instrumentos permiten que empresas y sindicatos revisen casos de violencia laboral, acoso sexual y discriminación, sin embargo, “no hay consecuencias por su no aplicación, queda en propuestas interesantes”.
Otro aspecto “preocupante” es que “en el país este modelo se pervierte porque certifican a empresas como Wal Mart y Avon, porque contratan a mujeres”, sin tener en cuenta la calidad de los empleos en los que las ocupan, que se caracterizan por la violación a sus derechos laborales, como la organización sindical y la protección social.
En los hechos, la realidad de las trabajadoras se traduce en desempleo y en la participación mayoritaria de mujeres en la economía informal, mediante esta última, las mexicanas “están rescatando de la pobreza a sus familias a través de la ‘changarrización’”.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del tercer trimestre de 2010, el número de personas en la economía informal aumentó en 74 mil personas respecto al año anterior, pues se situó en 12.4 millones de trabajadoras y trabajadores, el 28 por ciento del total de la población ocupada.
Al respecto, Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló con base en datos oficiales, que 61.2 por ciento de los empleos en México carecen de protección social, alrededor de 26 millones de trabajadoras y trabajadores no tiene acceso a este derecho, establecido en la legislación nacional y tratados internacionales.
Durante el foro La crisis financiera del IMSS ¿Hacia dónde va el seguro social?, que recién se llevó a cabo en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la especialista detalló que de las más de 20 millones que se ocupan en empleos sin protección social, más 6 millones 871 mil personas son asalariadas, el resto está en la economía informal.
Ramírez López, también presidenta de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social señaló que en este escenario las trabajadoras son más vulnerables, pues debido a su condición de género, socialmente la responsabilidad del cuidado recae en ellas, esta situación les resta oportunidades de capacitación para un mejor trabajo y disponen también de menor tiempo para laborar jornadas completas.
Por ello, las mexicanas son quienes “participan en el mercado laboral con menos protección social, ya que tienen que aceptar jornadas parciales o empleos informales para cuidar a sus hijas e hijos”, esta realidad es compartida por las que laboran en el ámbito formal, “siguen en desventaja porque salen del trabajo, primero para cuidar de sus bebés y después de sus padres”.
Lo anterior, limita sus oportunidades de desarrollo profesional, al mismo tiempo que, restringe su acceso a derechos como una pensión al final de su vida laboral, pues por el abandono de sus empleos o la calidad de éstos, difícilmente, pueden cumplir con las semanas mínimas de cotización.
Si la tendencia no se revierte, 58 por ciento de quienes ahorran en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) “no van a lograr aportar las mil 200 semanas (alrededor de 24 años), para tener una pensión, y si no las cubren, les regresarán su ahorro, y perderán la garantía de un ingreso para la vejez”.
“Si no alcanzan a cubrir las 750 semanas tampoco tendrán acceso al servicio de salud”, alertó la investigadora, quien fue oficial de Asuntos Económicos, de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La inestabilidad en el empleo está relacionada con el aumento del empleo temporal, superior casi dos veces al empleo permanente, según lo expuesto por el abogado laboralista Carlos de Buen, en el seminario El derecho laboral en movimiento: nuevos contratos de trabajo, que recién se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM.
Con base en estadísticas oficiales, el experto señaló que mientras el crecimiento de contratos permanentes fue de 2.6 por ciento, el de las personas contratadas de forma temporal fue de 4.5 por ciento.
Un ejemplo de la multiplicación de empleos temporales es el modelo de subcontratación, outsourcing, en el que se encontraban 900 mil personas en 1998, diez años después el número de personas subcontratadas era de 2 billones 730 mil, señaló el jurista.
En este sentido, Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral refirió en entrevista que al “crítico panorama” se suma la destrucción de empleos permanentes por parte del gobierno federal, ejemplo de ello son las y los miles de trabajadores desempleados tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y la crisis financiera de Mexicana.
Con la extinción de la empresa pública se perdieron 44 mil empleos formales, este año cerca de 16 mil trabajadoras y trabajadores pelearon jurídicamente y mediante la movilización social para que el gobierno federal les devuelva sus empleos, mediante la modificación del artículo 4 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitiría la creación de una nueva empresa que atienda la zona centro.
Mientras la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas este año logró el reconocimiento jurídico de las autoridades y la consolidación de su militancia, sobrecargos, pilotos y personal de tierra de Mexicana de Aviación también salieron a las calles, y pugnaron con autoridades e inversionistas, para salvar esta empresa, fuente de trabajo de cerca de 8 mil personas.
Sin embargo, “el embate fue muy duro, miles de familias salieron seriamente perjudicadas”, ya que la empresa regresó a volar con alrededor del 25 por ciento de su personal, las y los trabajadores de Mexicana confían en que la recuperación económica de la aerolínea les permita regresar a sus empleos, aunque “partirían de cero, con otro contrato, sin respetar su antigüedad”, ya que fueron liquidados en su totalidad.
Las y los electricistas en resistencia junto con el personal de Mexicana recién liquidado, se sumaron este 2010 a las 2.7 millones de personas sin empleo, que reportó la ENOE el tercer trimestre del año.
En este escenario, se prevé que en febrero próximo se discuta una reforma laboral que fortalezca la contratación colectiva, el derecho de huelga y la autonomía sindical, partiendo de un enfoque de género, sin embargo, a decir de Rosario Ortiz no existen “condiciones” del Legislativo para hacer una reforma integral, por lo que “los buenos deseos de equidad de género en el mundo del trabajo, una vez más se quedarán en el discurso”.
10/GCJ/LR/LGL
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México, DF. 21 dic. 10 (CIMAC).- A pesar de que en 2010 se registraron avances en normas y mecanismos para mejorar las condiciones laborales de las mexicanas, en los hechos, la mayoría de las 16.8 millones de trabajadoras labora sin el acceso a derechos mínimos como la seguridad social y la organización sindical, aún las que se ocupan en el mercado formal.
Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), señaló que las normas y mecanismos son insuficientes, porque además de que no son obligatorios, en el país no se respetan los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y en instrumentos internacionales en la materia.
Además, la Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Modelo de Equidad de Género, del Instituto Nacional de las Mujeres, al no ser vinculantes “queda a disposición de la patronal, tomarla en cuenta o no”.
Ambas herramientas son utilizadas para certificar a las empresas en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con base en el cumplimiento de ciertos indicadores de no discriminación.
Al respecto, la también ex legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que esos instrumentos permiten que empresas y sindicatos revisen casos de violencia laboral, acoso sexual y discriminación, sin embargo, “no hay consecuencias por su no aplicación, queda en propuestas interesantes”.
Otro aspecto “preocupante” es que “en el país este modelo se pervierte porque certifican a empresas como Wal Mart y Avon, porque contratan a mujeres”, sin tener en cuenta la calidad de los empleos en los que las ocupan, que se caracterizan por la violación a sus derechos laborales, como la organización sindical y la protección social.
En los hechos, la realidad de las trabajadoras se traduce en desempleo y en la participación mayoritaria de mujeres en la economía informal, mediante esta última, las mexicanas “están rescatando de la pobreza a sus familias a través de la ‘changarrización’”.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del tercer trimestre de 2010, el número de personas en la economía informal aumentó en 74 mil personas respecto al año anterior, pues se situó en 12.4 millones de trabajadoras y trabajadores, el 28 por ciento del total de la población ocupada.
Al respecto, Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló con base en datos oficiales, que 61.2 por ciento de los empleos en México carecen de protección social, alrededor de 26 millones de trabajadoras y trabajadores no tiene acceso a este derecho, establecido en la legislación nacional y tratados internacionales.
Durante el foro La crisis financiera del IMSS ¿Hacia dónde va el seguro social?, que recién se llevó a cabo en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la especialista detalló que de las más de 20 millones que se ocupan en empleos sin protección social, más 6 millones 871 mil personas son asalariadas, el resto está en la economía informal.
Ramírez López, también presidenta de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social señaló que en este escenario las trabajadoras son más vulnerables, pues debido a su condición de género, socialmente la responsabilidad del cuidado recae en ellas, esta situación les resta oportunidades de capacitación para un mejor trabajo y disponen también de menor tiempo para laborar jornadas completas.
Por ello, las mexicanas son quienes “participan en el mercado laboral con menos protección social, ya que tienen que aceptar jornadas parciales o empleos informales para cuidar a sus hijas e hijos”, esta realidad es compartida por las que laboran en el ámbito formal, “siguen en desventaja porque salen del trabajo, primero para cuidar de sus bebés y después de sus padres”.
Lo anterior, limita sus oportunidades de desarrollo profesional, al mismo tiempo que, restringe su acceso a derechos como una pensión al final de su vida laboral, pues por el abandono de sus empleos o la calidad de éstos, difícilmente, pueden cumplir con las semanas mínimas de cotización.
Si la tendencia no se revierte, 58 por ciento de quienes ahorran en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) “no van a lograr aportar las mil 200 semanas (alrededor de 24 años), para tener una pensión, y si no las cubren, les regresarán su ahorro, y perderán la garantía de un ingreso para la vejez”.
“Si no alcanzan a cubrir las 750 semanas tampoco tendrán acceso al servicio de salud”, alertó la investigadora, quien fue oficial de Asuntos Económicos, de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La inestabilidad en el empleo está relacionada con el aumento del empleo temporal, superior casi dos veces al empleo permanente, según lo expuesto por el abogado laboralista Carlos de Buen, en el seminario El derecho laboral en movimiento: nuevos contratos de trabajo, que recién se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM.
Con base en estadísticas oficiales, el experto señaló que mientras el crecimiento de contratos permanentes fue de 2.6 por ciento, el de las personas contratadas de forma temporal fue de 4.5 por ciento.
Un ejemplo de la multiplicación de empleos temporales es el modelo de subcontratación, outsourcing, en el que se encontraban 900 mil personas en 1998, diez años después el número de personas subcontratadas era de 2 billones 730 mil, señaló el jurista.
En este sentido, Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral refirió en entrevista que al “crítico panorama” se suma la destrucción de empleos permanentes por parte del gobierno federal, ejemplo de ello son las y los miles de trabajadores desempleados tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y la crisis financiera de Mexicana.
Con la extinción de la empresa pública se perdieron 44 mil empleos formales, este año cerca de 16 mil trabajadoras y trabajadores pelearon jurídicamente y mediante la movilización social para que el gobierno federal les devuelva sus empleos, mediante la modificación del artículo 4 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitiría la creación de una nueva empresa que atienda la zona centro.
Mientras la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas este año logró el reconocimiento jurídico de las autoridades y la consolidación de su militancia, sobrecargos, pilotos y personal de tierra de Mexicana de Aviación también salieron a las calles, y pugnaron con autoridades e inversionistas, para salvar esta empresa, fuente de trabajo de cerca de 8 mil personas.
Sin embargo, “el embate fue muy duro, miles de familias salieron seriamente perjudicadas”, ya que la empresa regresó a volar con alrededor del 25 por ciento de su personal, las y los trabajadores de Mexicana confían en que la recuperación económica de la aerolínea les permita regresar a sus empleos, aunque “partirían de cero, con otro contrato, sin respetar su antigüedad”, ya que fueron liquidados en su totalidad.
Las y los electricistas en resistencia junto con el personal de Mexicana recién liquidado, se sumaron este 2010 a las 2.7 millones de personas sin empleo, que reportó la ENOE el tercer trimestre del año.
En este escenario, se prevé que en febrero próximo se discuta una reforma laboral que fortalezca la contratación colectiva, el derecho de huelga y la autonomía sindical, partiendo de un enfoque de género, sin embargo, a decir de Rosario Ortiz no existen “condiciones” del Legislativo para hacer una reforma integral, por lo que “los buenos deseos de equidad de género en el mundo del trabajo, una vez más se quedarán en el discurso”.
10/GCJ/LR/LGL
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