México: Incapaz
miércoles 6 de abril de 2011
Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)
Nunca como ahora el gobierno mexicano ha sido señalado por organismos internacionales y no gubernamentales, también de carácter mundial, como incapaz para detener la ola de violencia que nos atosiga y de controlar a sus fuerzas federales en sus excesos contra la sociedad civil.
En todo los casos hay respuestas ambiguas, en las que lo único que resalta es bajar los números de casos que consignan dichos informes, que como se quiera alarman a todos por igual, puesta que la situación de inseguridad a permeado en todos los niveles de la sociedad.
La primera respuesta gubernamental fue rechazar o validar las 3 mil desapariciones forzadas durante el actual sexenio que da a conocer en su Informe el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que emitió al termino de su visita al país.
Sin embargo el Gobierno federal aceptó que el fenómeno de las desapariciones forzadas puede estarse dando en México, aunque no presentó cifras, y luego adosó con el argumento de muchos de esos casos pueden tratarse de situaciones de “extravío, de secuestro o de simple desaparición”. Realmente no sabemos que quiera decir con eso de “simple desaparición”; la desaparición se da, se consigna t en el mejor de los casos se investiga sin intentar bajar la gravedad del fenómeno.
En otro renglón, el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares de Naciones Unidas critica la incapacidad de México para perseguir y procesar a los responsables de la trata de personas y lidiar con efectividad con el llamado “negocio de la inmigración”.
Está claro, agrega el Informe, que en México existe el llamado “negocio de la inmigración y resulta altamente preocupante que el gobierno no haya hecho progresos evidentes para procesar a aquellos responsables de este delito”, afirmó el relator del informe sobre México, Francisco Carrión Mena.
En su defensa el gobierno de México, denunció a su vez, ante dicho Comité que la delincuencia trasnacional organizada es responsable de delitos como el secuestro, trata y tráfico de personas y se ha convertido en una amenaza para los migrantes.
El titular del Instituto Nacional de Migración, INM, Salvador Beltrán del Río, afirmó que la acción de la delincuencia organizada se ha convertido en la principal amenaza para los migrantes en tránsito, lo que no excluye en modo alguno, reconoció, la responsabilidad del Estado para garantizar sus derechos.
Dos flagelos más atosigan al país: la trata de personas y las desapariciones forzadas, aparte del alto índice de homicidios resultantes de la guerra contra el crimen organizado, que según expertos están resultando más lucrativos que el mismo trasiego de los enervantes.
Ante esta terrible problemática no se valen explicaciones banales para esquivar responsabilidades, por lo que la mejor frase de los funcionarios contestatarios es la del director del INM, Salvador Beltrán del Río: la acción de la delincuencia organizada se ha convertido en la principal amenaza, lo que no excluye en modo alguno la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos ciudadanos.
Fuente
Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)
Nunca como ahora el gobierno mexicano ha sido señalado por organismos internacionales y no gubernamentales, también de carácter mundial, como incapaz para detener la ola de violencia que nos atosiga y de controlar a sus fuerzas federales en sus excesos contra la sociedad civil.
En todo los casos hay respuestas ambiguas, en las que lo único que resalta es bajar los números de casos que consignan dichos informes, que como se quiera alarman a todos por igual, puesta que la situación de inseguridad a permeado en todos los niveles de la sociedad.
La primera respuesta gubernamental fue rechazar o validar las 3 mil desapariciones forzadas durante el actual sexenio que da a conocer en su Informe el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que emitió al termino de su visita al país.
Sin embargo el Gobierno federal aceptó que el fenómeno de las desapariciones forzadas puede estarse dando en México, aunque no presentó cifras, y luego adosó con el argumento de muchos de esos casos pueden tratarse de situaciones de “extravío, de secuestro o de simple desaparición”. Realmente no sabemos que quiera decir con eso de “simple desaparición”; la desaparición se da, se consigna t en el mejor de los casos se investiga sin intentar bajar la gravedad del fenómeno.
En otro renglón, el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares de Naciones Unidas critica la incapacidad de México para perseguir y procesar a los responsables de la trata de personas y lidiar con efectividad con el llamado “negocio de la inmigración”.
Está claro, agrega el Informe, que en México existe el llamado “negocio de la inmigración y resulta altamente preocupante que el gobierno no haya hecho progresos evidentes para procesar a aquellos responsables de este delito”, afirmó el relator del informe sobre México, Francisco Carrión Mena.
En su defensa el gobierno de México, denunció a su vez, ante dicho Comité que la delincuencia trasnacional organizada es responsable de delitos como el secuestro, trata y tráfico de personas y se ha convertido en una amenaza para los migrantes.
El titular del Instituto Nacional de Migración, INM, Salvador Beltrán del Río, afirmó que la acción de la delincuencia organizada se ha convertido en la principal amenaza para los migrantes en tránsito, lo que no excluye en modo alguno, reconoció, la responsabilidad del Estado para garantizar sus derechos.
Dos flagelos más atosigan al país: la trata de personas y las desapariciones forzadas, aparte del alto índice de homicidios resultantes de la guerra contra el crimen organizado, que según expertos están resultando más lucrativos que el mismo trasiego de los enervantes.
Ante esta terrible problemática no se valen explicaciones banales para esquivar responsabilidades, por lo que la mejor frase de los funcionarios contestatarios es la del director del INM, Salvador Beltrán del Río: la acción de la delincuencia organizada se ha convertido en la principal amenaza, lo que no excluye en modo alguno la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos ciudadanos.
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