PAN y PRI: precarizar el trabajo
Eduardo Nava Hernández
Miércoles 6 de Abril de 2011 • Enviar nota • Imprimir
Poco a poco, no sin retraso y parsimonia, comienza a organizarse la resistencia social al enésimo proyecto de reforma laboral contra los trabajadores, el que esta vez impulsa la diputación del PRI recogiendo en lo esencial la propuesta que en febrero de 2009 presentó el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y la que el 18 de marzo de 2010 presentó el Partido Acción Nacional. El 31 de marzo pasado salieron a la calle los contingentes de la Unión Nacional de Trabajadores, del Frente Sindical Mexicano y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acompañados de otras organizaciones laborales, civiles y estudiantiles para denunciar este proyecto que radicaliza la ofensiva patronal y gubernamental contra el trabajo.
Por el momento, se ha logrado frenar por la intervención de legisladores perredistas y petistas la aprobación fast track de la iniciativa en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que permitiría enviarla de inmediato, dictaminada, al pleno para un planchazo legislativo. Ahora, desde la calle, los destacamentos más organizados del sindicalismo independiente se han movilizado para frenar el anunciado intento de que la iniciativa que reformaría la Ley Federal del Trabajo sea aprobada por el pleno cameral el próximo 18 de abril, en clásico albazo en vísperas de las vacaciones de Semana Santa.
En su espíritu y en su forma, la propuesta presentada por el PRI el pasado 10 de marzo corresponde a lo que, en términos del llamado Consenso de Washington (consenso sólo de los organismos financieros y de gobierno con sede en la capital estadounidense) son las reformas necesarias para la elevación de la productividad, las reformas estructurales de tercera generación. Consensuada en México por la diputación priísta -incluidos los representantes de los organismos “obreros” como la CTM, la CROC y el Congreso del Trabajo-, la Secretaría del Trabajo, el Consejo Coordinador Empresarial a través del despacho Baker & Mckenzie abogados, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), constituye la iniciativa más radical conocida hasta ahora para disminuir los derechos de los trabajadores y desregular las relaciones laborales.
Para hacer más ostensible la naturaleza cien por ciento patronal del proyecto ahora en debate basta con compararlo con el que el mismo PRI presentó apenas tres meses antes, en diciembre de 2010, que si bien apuntaba en el mismo sentido de la flexibilización de las contrataciones, aún contenía algunos elementos de transacción favorables a los trabajadores y tendientes a la democratización y autonomía de los sindicatos: reducción de la jornada, elevación de las primas de antigüedad, ampliación de los periodos vacacionales, supresión de la toma de nota y obligación de las dirigencias sindicales de rendir cuentas a sus agremiados. Nada de eso aparece en la iniciativa que ahora presenta el partido tricolor. En cambio, la iniciativa elimina en la práctica el principio de protección y tutela del trabajo, al dejar al trabajador expuesto a la inestabilidad laboral y a la unilateral voluntad de los patrones.
La flexibilización del trabajo (movilidad del trabajador a diferentes puestos y tareas conforme lo determine la empresa), la legalización del régimen de subcontratación (outsourcing) que permite a los patrones reducir y aun eliminar por completo las prestaciones al trabajador, y la novedad de los contratos “a prueba” hasta por 180 días sin responsabilidad para el patrón al despedir al obrero, trazan el escenario, particularmente para los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, de una clase sujeta a un régimen de explotación extrema. Se corona la reforma propuesta con la determinación -sin que se incluyan garantías procesales de una justicia laboral expedita- de limitar a doce meses el pago de salarios caídos, aun cuando los juicios, como con frecuencia sucede, se extiendan por tres o cinco años. Las prácticas de explotación ya ensayadas por años en el sector maquilador en México y en múltiples países sometidos pasarían a extenderse y ser sancionadas legalmente en el conjunto del sector productivo nacional. Los inventores de los campos de trabajo hitlerianos podrían venir a aprender de la nueva cultura laboral mexicana que el PRI y el PAN impulsan.
Tan lesiva reforma pretende ser la respuesta del régimen ya bicéfalo frente al estancamiento económico y el fracaso en la creación de empleos. Según datos difundidos recientemente por Carlos Fernández Vega (La Jornada, 2 de abril de 2011), el crecimiento económico del país promediará, al final del presente sexenio, un exiguo 1.97 anual, y la generación de nuevos empleos se detendrá en no más de dos millones de puestos formales en todo el sexenio, que representarían entre un 28 y, a lo sumo, 33 por ciento de los que se habrían requerido. Se trata no sólo de los indicadores más bajos en la región latinoamericana sino de casi un récord histórico por lo bajo, sólo superior a las cifras de los años 80 del siglo pasado, la década perdida.
La precarización del trabajo, que viene a agregarse a su desvalorización continua desde 1977, no contribuye, contra lo que se pregona, a elevar la productividad sino las ganancias de las empresas. La productividad que impacte en la competitividad del país sólo puede elevarse por la mayor inversión de capital y por la formación y capacitación de la fuerza de trabajo, es decir por una mayor calificación de la misma. La mano de obra vulnerable, sin capacitación ni derechos laborales, expuesta al albedrío de los patrones y al despido unilateral, representa una forma de subsidio oficial al sector más improductivo de la economía, el que subsiste y se reproduce a partir del empleo de trabajadores sin preparación ni prestaciones, con bajos salarios y sin capacidad para defender sus derechos, pero siempre baratos.
Es ése el régimen laboral que el sector patronal organizado, a través del PRI y el PAN -cada uno de ellos tratando de ganar la bendición de los organismos empresariales para los procesos electorales próximos- perfila. La corrupción y control de los sindicatos simulados, con sus contratos de protección intocados en la propuesta en debate, y sus líderes subordinados a la patronal, completan la escena dominante en el mundo del trabajo mexicano.
La lucha por defender los derechos laborales pasa a ser, así, la definición del tipo de nación que queremos ser. La clase trabajadora independiente comienza frente a ese desafío a ponerse en pie. Está por verse hasta dónde podrá llegar esa lucha; pero la ya demostrada resistencia y voluntad de insumisión de sindicatos como el SME y el de los mineros frente a la persistente ofensiva del Estado y los patronos constituyen los cimientos, si logran sumar a nuevos aliados, del dique que ha de frenar el proyecto en marcha de un país del capital y para el capital.
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Poco a poco, no sin retraso y parsimonia, comienza a organizarse la resistencia social al enésimo proyecto de reforma laboral contra los trabajadores, el que esta vez impulsa la diputación del PRI recogiendo en lo esencial la propuesta que en febrero de 2009 presentó el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y la que el 18 de marzo de 2010 presentó el Partido Acción Nacional. El 31 de marzo pasado salieron a la calle los contingentes de la Unión Nacional de Trabajadores, del Frente Sindical Mexicano y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acompañados de otras organizaciones laborales, civiles y estudiantiles para denunciar este proyecto que radicaliza la ofensiva patronal y gubernamental contra el trabajo.
Por el momento, se ha logrado frenar por la intervención de legisladores perredistas y petistas la aprobación fast track de la iniciativa en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que permitiría enviarla de inmediato, dictaminada, al pleno para un planchazo legislativo. Ahora, desde la calle, los destacamentos más organizados del sindicalismo independiente se han movilizado para frenar el anunciado intento de que la iniciativa que reformaría la Ley Federal del Trabajo sea aprobada por el pleno cameral el próximo 18 de abril, en clásico albazo en vísperas de las vacaciones de Semana Santa.
En su espíritu y en su forma, la propuesta presentada por el PRI el pasado 10 de marzo corresponde a lo que, en términos del llamado Consenso de Washington (consenso sólo de los organismos financieros y de gobierno con sede en la capital estadounidense) son las reformas necesarias para la elevación de la productividad, las reformas estructurales de tercera generación. Consensuada en México por la diputación priísta -incluidos los representantes de los organismos “obreros” como la CTM, la CROC y el Congreso del Trabajo-, la Secretaría del Trabajo, el Consejo Coordinador Empresarial a través del despacho Baker & Mckenzie abogados, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), constituye la iniciativa más radical conocida hasta ahora para disminuir los derechos de los trabajadores y desregular las relaciones laborales.
Para hacer más ostensible la naturaleza cien por ciento patronal del proyecto ahora en debate basta con compararlo con el que el mismo PRI presentó apenas tres meses antes, en diciembre de 2010, que si bien apuntaba en el mismo sentido de la flexibilización de las contrataciones, aún contenía algunos elementos de transacción favorables a los trabajadores y tendientes a la democratización y autonomía de los sindicatos: reducción de la jornada, elevación de las primas de antigüedad, ampliación de los periodos vacacionales, supresión de la toma de nota y obligación de las dirigencias sindicales de rendir cuentas a sus agremiados. Nada de eso aparece en la iniciativa que ahora presenta el partido tricolor. En cambio, la iniciativa elimina en la práctica el principio de protección y tutela del trabajo, al dejar al trabajador expuesto a la inestabilidad laboral y a la unilateral voluntad de los patrones.
La flexibilización del trabajo (movilidad del trabajador a diferentes puestos y tareas conforme lo determine la empresa), la legalización del régimen de subcontratación (outsourcing) que permite a los patrones reducir y aun eliminar por completo las prestaciones al trabajador, y la novedad de los contratos “a prueba” hasta por 180 días sin responsabilidad para el patrón al despedir al obrero, trazan el escenario, particularmente para los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, de una clase sujeta a un régimen de explotación extrema. Se corona la reforma propuesta con la determinación -sin que se incluyan garantías procesales de una justicia laboral expedita- de limitar a doce meses el pago de salarios caídos, aun cuando los juicios, como con frecuencia sucede, se extiendan por tres o cinco años. Las prácticas de explotación ya ensayadas por años en el sector maquilador en México y en múltiples países sometidos pasarían a extenderse y ser sancionadas legalmente en el conjunto del sector productivo nacional. Los inventores de los campos de trabajo hitlerianos podrían venir a aprender de la nueva cultura laboral mexicana que el PRI y el PAN impulsan.
Tan lesiva reforma pretende ser la respuesta del régimen ya bicéfalo frente al estancamiento económico y el fracaso en la creación de empleos. Según datos difundidos recientemente por Carlos Fernández Vega (La Jornada, 2 de abril de 2011), el crecimiento económico del país promediará, al final del presente sexenio, un exiguo 1.97 anual, y la generación de nuevos empleos se detendrá en no más de dos millones de puestos formales en todo el sexenio, que representarían entre un 28 y, a lo sumo, 33 por ciento de los que se habrían requerido. Se trata no sólo de los indicadores más bajos en la región latinoamericana sino de casi un récord histórico por lo bajo, sólo superior a las cifras de los años 80 del siglo pasado, la década perdida.
La precarización del trabajo, que viene a agregarse a su desvalorización continua desde 1977, no contribuye, contra lo que se pregona, a elevar la productividad sino las ganancias de las empresas. La productividad que impacte en la competitividad del país sólo puede elevarse por la mayor inversión de capital y por la formación y capacitación de la fuerza de trabajo, es decir por una mayor calificación de la misma. La mano de obra vulnerable, sin capacitación ni derechos laborales, expuesta al albedrío de los patrones y al despido unilateral, representa una forma de subsidio oficial al sector más improductivo de la economía, el que subsiste y se reproduce a partir del empleo de trabajadores sin preparación ni prestaciones, con bajos salarios y sin capacidad para defender sus derechos, pero siempre baratos.
Es ése el régimen laboral que el sector patronal organizado, a través del PRI y el PAN -cada uno de ellos tratando de ganar la bendición de los organismos empresariales para los procesos electorales próximos- perfila. La corrupción y control de los sindicatos simulados, con sus contratos de protección intocados en la propuesta en debate, y sus líderes subordinados a la patronal, completan la escena dominante en el mundo del trabajo mexicano.
La lucha por defender los derechos laborales pasa a ser, así, la definición del tipo de nación que queremos ser. La clase trabajadora independiente comienza frente a ese desafío a ponerse en pie. Está por verse hasta dónde podrá llegar esa lucha; pero la ya demostrada resistencia y voluntad de insumisión de sindicatos como el SME y el de los mineros frente a la persistente ofensiva del Estado y los patronos constituyen los cimientos, si logran sumar a nuevos aliados, del dique que ha de frenar el proyecto en marcha de un país del capital y para el capital.
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