El asesinato se inscribe en un clima de violencia en contra de la comunidad nahua, asedios de grupos paramilitares y falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.
Gerardo Peláez Ramos | La Haine | 26-10-2011 a las 18:30
El pasado 6 de octubre fue asesinado Pedro Leiva Domínguez, de la comunidad nahua de Santa María Ostula en la costa del estado de Michoacán, quien era delegado de esta comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el cual había tenido una participación destacada, además de ser representante de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula. El asesinato se produjo a eso de las 21:00 horas, por un individuo armado en las cercanías de las tierras recuperadas de Xayakalan.
El asesinato de Pedro Leiva se inscribe en un clima de violencia en contra de la comunidad nahua antes mencionada, clima que se refleja en los hechos citados a continuación: 27 muertos y 4 desaparecidos a partir de junio de 2009, asedios de grupos paramilitares y falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.
De acuerdo con una declaración de prensa suscrita por la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “Santa María Ostula se encuentra asediada por grupos armados desde el 29 de junio de 2009 tras la recuperación de alrededor de 1,300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita Michoacán. Ante los ataques armados de estos grupos, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal reivindicando su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa”.
Como es sabido por diversas organizaciones y personalidades democráticas, en algunas comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y otras entidades federativas se han creado, se crean y, de seguro, se seguirán creando las policías comunitarias, que, como ejemplo de respuesta desde abajo a la inseguridad impuesta por el neoliberalismo, implantan la seguridad sin necesidad del Ejército Mexicano, la Marina y las múltiples corporaciones policíacas federales, estatales y municipales; impiden que los comuneros se integren en las redes del narcotráfico, se imponga el consumo de estupefacientes o avancen otros vicios; combaten las conductas antisociales, y facilitan la convivencia pacífica de los habitantes de pueblos, rancherías y cuadrillas. Es una experiencia muy valiosa.
La policía comunitaria es un logro social y político de las comunidades indígenas, que por sus bondades tiende a ser una experiencia que se extiende cada vez más. El 15 de octubre de 2005, Rosa Rojas informaba en La Jornada: “El gobierno ‘nunca va a poder combatir la delincuencia’ como lo ha hecho el Sistema Comunitario de Justicia de la Costa-Montaña de Guerrero, afirmó el comisario Zósimo Avilés Mendoza, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), durante la ceremonia por el décimo aniversario del nacimiento de la policía comunitaria de esta localidad tlapaneca [Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, Costa Chica, Guerrero].
“En un sucinto informe de lo logrado en estos 10 años, indicó que ‘con las facultades otorgadas por los pueblos y por las normatividades que nos rigen’, este sistema de justicia multicultural, intermunicipal, plurilingüe, que agrupa a 62 poblados mixtecos, tlapanecos, nahuas y mestizos de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Copanatoyac y Metlatónoc, ha atendido mil 484 demandas, de las cuales se resolvieron mediante actas de conciliación mil 203 y otras bajo proceso de reducación; 247 quedaron pendientes, y hay 34 prófugos. Se ha logrado un descenso de 95 por ciento en la delincuencia en la región. En este proceso cinco policías comunitarios murieron acribillados. El comisario detalló las cifras de casos resueltos cada año, de 1998 a la fecha”.
A lo indicado líneas arriba, el conocido profesional del periodismo de investigación, Zósimo Camacho, agregaba en el número 70 de Contralínea de enero de 2007: “Las zonas de Costa Chica y Montaña de Guerrero eran de las más inseguras del estado antes de 1995. No había semana sin que en los caminos o pueblos ocurrieran asesinatos, violaciones, asaltos y robo de ganado. “Hoy constituyen los territorios más seguros del país, y el único lugar de la República en donde los índices de delincuencia se han reducido en 95 por ciento. Pero en ello no tuvieron que ver ninguno de los tres niveles de gobierno. En estas comunidades no se gastó ni un solo peso del millonario ‘México Seguro’ ni del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“La policía que abatió la delincuencia y al mismo tiempo venció los intentos de los gobiernos por disolverla no le costó al erario público. No se gastó en sueldos porque sus efectivos no cobran por el servicio, ni se compraron armas porque se usaron las que de por sí los campesinos cargan para sus labores del campo: viejas pistolas, escopetas y rifles de cacería.
“A más de 11 años de fundada, la policía comunitaria cuenta con 566 elementos en 54 comunidades de 10 municipios: San Luis Acatlán, Malinaltepec, Marquelia, Metlatónoc, Iliatenco, Cochoapa El Grande, Atlamajalcingo del Monte, Copanotoyac, Xalpatláhuac y Tlapa. Pero los pueblos me'phaa [tlapanecos], nu'saavi [mixtecos], nahuas y mestizos de la zona han logrado no sólo nombrar a sus propios policías, subcomandantes y comandantes y comisarios, sino que han creado un ‘sistema alterno de justicia’”.
El proceso de autoorganización de los indígenas, como, en general, de los obreros, campesinos y otros grupos populares, no le cuadran al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los dueños del dinero.
El gobierno de facto de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no coincide con la recuperación de tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, sus formas legítimas e históricas de autogobierno, la formación de policías comunitarias, la lucha organizada y masiva de los pueblos indios, el surgimiento de un liderazgo maduro y capaz, la unidad en el seno del Congreso Nacional Indígena y la confluencia del CNI con las fuerzas obreras, campesinas y populares independientes y la solidaridad de los indígenas mexicanos con los pueblos indios de Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Chile y otros países hermanos.
Pese a que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública niegan la existencia de grupos paramilitares y guardias blancas, lo cierto es que los mineros de Sonora y otras entidades, los triquis de Oaxaca, los tzotziles de Chiapas, los nahuas costeños de Michoacán y otras etnias de distintos estados de la Federación denuncian con mucha frecuencia la existencia de tales cuerpos irregulares al servicio de los grandes capitalistas, terratenientes y caciques.
En un boletín inserto en la web de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Frente Amplio Opositor a New Gold – Minera San Xavier, de San Luis Potosí, explicaba el 3 de mayo de 2010: “Minera San Xavier se encuentra replegada. Sus empleados y favorecidos se han convertido en guardias blancas que operan en la histórica cabecera y que intentan por todos los medios expulsar a los sanpetrenses que se oponen al despojo como miembros del FAO...”
En un artículo del 13 de agosto de 2007, publicado en Rebanadas de realidad, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana aseguraba: “Hoy se presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue los acontecimientos de la noche del sábado en que los mineros amparados por un laudo, reclamaban su reinstalación y fueron recibidos por guardias blancas al servicio de Mexicana de Cobre filial de Grupo México, que los golpearon posteriormente en la factoría y los balacearon, resultando muerto un trabajador y más de 20 heridos que están escondidos ante el temor de una nueva agresión”.
En el caso de Santa María Ostula, ocurre otro tanto. Conforme a un documento de la Red de Alerta Temprana, integrada por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Diego Lucero, ANAD y otros organismos: “El 7 de Mayo de 2010, un grupo de 150 paramilitares incursionó al poblado de El Faro, en la comunidad de El Coire, Aquila Michoacán, con la finalidad expresa de asesinar al Presidente Suplente del Comisariado de Bienes Comunales, C. Valentín Álvarez; sin que este comando fuera detectado por ninguno de los cuerpos de seguridad federal y estatal presentes en la zona.
“El día 29 de junio de 2010, primer aniversario de la fundación de Xayakalan, Máximo Magno Valladares, autoridad de la localidad de ‘El Potrero’, perteneciente a Ostula fue secuestrado y desaparecido por un grupo paramilitar. “Se afirma en los mismos testimonios a la CIDH, que a partir de esa fecha se habían registrado una serie de asesinatos y asedio por grupos paramilitares, que generaban terror en las comunidades nahuas de la costa…”
De conformidad con un escrito, del 28 de abril de 2010, de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos: “Alrededor de las 14,50 horas y en la zona de la Sabana, poblado anterior a San Juan Copala se encontraron con el retén paramilitar que les impidió el paso y dispararon contra la caravana con el resultado de dos personas muertas por arma de fuego: Beatriz Alberta Cariño miembro de la organización CACTUS de Oaxaca y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional originario de Finlandia. Resultó herida por arma de fuego Mónica Citlali Santiago Ortiz, que fue trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja al hospital rural 66 del IMSS, en Santiago Juxtlahuaca. La ambulancia también fue baleada por los mismos paramilitares. Según los primeros testimonios en la agresión participaron más de 15 personas armadas provocando que varias personas se escondieran para protegerse sin que hasta el momento hayan aparecido, al tiempo que se tienen informaciones que señalan la existencia de más heridos por confirmar”.
No hay lugar a confusión: los grupos paramilitares son una realidad en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sonora y otras entidades. Igualmente las guardias blancas, cuya existencia está documentada a lo largo de la historia contemporánea de México cuando menos desde el porfiriato y la dictadura huertista de 1913-1914. La diferencia central está en que ahora existen prácticamente en todo el país.
La liquidación de Pedro Leiva Domínguez, no obstante su obvia ilegalidad, está en la lógica del trato dado por los gobiernos neoliberales a los movimientos sociales. Los asesinatos políticos ocurridos a lo largo del sexenio calderonista son del dominio público, tanto de cuadros de las fuerzas de izquierda como de algunos pocos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional. Entre los militantes de las fuerzas democráticas están los de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras triquis, el 7 de abril de 2008; Armando Chavarría Barrera, líder perredista del Congreso local de Guerrero y aspirante a la gubernatura del estado, el 20 de agosto de 2009; Beatriz Alberta (Bety) Cariño Trujillo, de CAUCUS, y Jyri Antero Jaakola, internacionalista finlandés, en Oaxaca en una caravana de apoyo a San Juan Copala, el 27 de abril de 2010; José Juan Rosales Pérez, del Sindicato Mexicano de Electricistas, el 23 de junio de 2010; Catarino Torres Pereda, secretario general del Comité de Defensa Ciudadana, en Tuxtepec, Oaxaca, ocurrida el 22 de octubre de 2010, y Javier Torres Cruz, líder de la Organización Campesina de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero, el 18 de abril de 2011, por mencionar algunos.
Para resolver el conflicto entre supuestos pequeños propietarios de La Placita y las comunidades indígenas es necesario imponer: alto a los asesinatos y desapariciones forzadas de habitantes de Santa María Ostula; presentación con vida de los comuneros Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles, Francisco de Asís Manuel y Máximo Magno Valladares, hoy desaparecidos; esclarecimiento de los 27 asesinatos cometidos contra integrantes de la comunidad, entre los que se halla el de Pedro Leiva Domínguez; respeto y reconocimiento de la policía comunitaria y la guardia comunal de Santa María Ostula; inviolabilidad de la posesión que Ostula guarda sobre aproximadamente 1,300 hectáreas que recuperó el 29 de junio de 2009 y que se localizan en la colindancia con el Océano Pacífico en el paraje conocido como la Canaguancera o Xayakalan, y otorgamiento de garantías a la posesión legal del territorio de los habitantes de Santa María Ostula e indemnización de los sedicentes pequeños propietarios de La Placita, con el objeto de finiquitar la violencia, garantizar la vida y seguridad de las comunidades nahuas de la costa de Michoacán, cumpliendo las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandató al Estado mexicano el 21 de septiembre de 2010.
El asesinato de Pedro Leiva Domínguez no debe quedar impune. El Congreso Nacional Indígena y las fuerzas democráticas no deben descansar hasta alcanzar el justo castigo a los culpables intelectuales y materiales del crimen.
http://www.lahaine.org/index.php?p=56991
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Gerardo Peláez Ramos | La Haine | 26-10-2011 a las 18:30
El asesinato de Pedro Leiva se inscribe en un clima de violencia en contra de la comunidad nahua antes mencionada, clima que se refleja en los hechos citados a continuación: 27 muertos y 4 desaparecidos a partir de junio de 2009, asedios de grupos paramilitares y falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.
De acuerdo con una declaración de prensa suscrita por la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “Santa María Ostula se encuentra asediada por grupos armados desde el 29 de junio de 2009 tras la recuperación de alrededor de 1,300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita Michoacán. Ante los ataques armados de estos grupos, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal reivindicando su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa”.
Como es sabido por diversas organizaciones y personalidades democráticas, en algunas comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y otras entidades federativas se han creado, se crean y, de seguro, se seguirán creando las policías comunitarias, que, como ejemplo de respuesta desde abajo a la inseguridad impuesta por el neoliberalismo, implantan la seguridad sin necesidad del Ejército Mexicano, la Marina y las múltiples corporaciones policíacas federales, estatales y municipales; impiden que los comuneros se integren en las redes del narcotráfico, se imponga el consumo de estupefacientes o avancen otros vicios; combaten las conductas antisociales, y facilitan la convivencia pacífica de los habitantes de pueblos, rancherías y cuadrillas. Es una experiencia muy valiosa.
La policía comunitaria es un logro social y político de las comunidades indígenas, que por sus bondades tiende a ser una experiencia que se extiende cada vez más. El 15 de octubre de 2005, Rosa Rojas informaba en La Jornada: “El gobierno ‘nunca va a poder combatir la delincuencia’ como lo ha hecho el Sistema Comunitario de Justicia de la Costa-Montaña de Guerrero, afirmó el comisario Zósimo Avilés Mendoza, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), durante la ceremonia por el décimo aniversario del nacimiento de la policía comunitaria de esta localidad tlapaneca [Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, Costa Chica, Guerrero].
“En un sucinto informe de lo logrado en estos 10 años, indicó que ‘con las facultades otorgadas por los pueblos y por las normatividades que nos rigen’, este sistema de justicia multicultural, intermunicipal, plurilingüe, que agrupa a 62 poblados mixtecos, tlapanecos, nahuas y mestizos de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Copanatoyac y Metlatónoc, ha atendido mil 484 demandas, de las cuales se resolvieron mediante actas de conciliación mil 203 y otras bajo proceso de reducación; 247 quedaron pendientes, y hay 34 prófugos. Se ha logrado un descenso de 95 por ciento en la delincuencia en la región. En este proceso cinco policías comunitarios murieron acribillados. El comisario detalló las cifras de casos resueltos cada año, de 1998 a la fecha”.
A lo indicado líneas arriba, el conocido profesional del periodismo de investigación, Zósimo Camacho, agregaba en el número 70 de Contralínea de enero de 2007: “Las zonas de Costa Chica y Montaña de Guerrero eran de las más inseguras del estado antes de 1995. No había semana sin que en los caminos o pueblos ocurrieran asesinatos, violaciones, asaltos y robo de ganado. “Hoy constituyen los territorios más seguros del país, y el único lugar de la República en donde los índices de delincuencia se han reducido en 95 por ciento. Pero en ello no tuvieron que ver ninguno de los tres niveles de gobierno. En estas comunidades no se gastó ni un solo peso del millonario ‘México Seguro’ ni del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“La policía que abatió la delincuencia y al mismo tiempo venció los intentos de los gobiernos por disolverla no le costó al erario público. No se gastó en sueldos porque sus efectivos no cobran por el servicio, ni se compraron armas porque se usaron las que de por sí los campesinos cargan para sus labores del campo: viejas pistolas, escopetas y rifles de cacería.
“A más de 11 años de fundada, la policía comunitaria cuenta con 566 elementos en 54 comunidades de 10 municipios: San Luis Acatlán, Malinaltepec, Marquelia, Metlatónoc, Iliatenco, Cochoapa El Grande, Atlamajalcingo del Monte, Copanotoyac, Xalpatláhuac y Tlapa. Pero los pueblos me'phaa [tlapanecos], nu'saavi [mixtecos], nahuas y mestizos de la zona han logrado no sólo nombrar a sus propios policías, subcomandantes y comandantes y comisarios, sino que han creado un ‘sistema alterno de justicia’”.
El proceso de autoorganización de los indígenas, como, en general, de los obreros, campesinos y otros grupos populares, no le cuadran al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los dueños del dinero.
El gobierno de facto de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no coincide con la recuperación de tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, sus formas legítimas e históricas de autogobierno, la formación de policías comunitarias, la lucha organizada y masiva de los pueblos indios, el surgimiento de un liderazgo maduro y capaz, la unidad en el seno del Congreso Nacional Indígena y la confluencia del CNI con las fuerzas obreras, campesinas y populares independientes y la solidaridad de los indígenas mexicanos con los pueblos indios de Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Chile y otros países hermanos.
Pese a que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública niegan la existencia de grupos paramilitares y guardias blancas, lo cierto es que los mineros de Sonora y otras entidades, los triquis de Oaxaca, los tzotziles de Chiapas, los nahuas costeños de Michoacán y otras etnias de distintos estados de la Federación denuncian con mucha frecuencia la existencia de tales cuerpos irregulares al servicio de los grandes capitalistas, terratenientes y caciques.
En un boletín inserto en la web de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Frente Amplio Opositor a New Gold – Minera San Xavier, de San Luis Potosí, explicaba el 3 de mayo de 2010: “Minera San Xavier se encuentra replegada. Sus empleados y favorecidos se han convertido en guardias blancas que operan en la histórica cabecera y que intentan por todos los medios expulsar a los sanpetrenses que se oponen al despojo como miembros del FAO...”
En un artículo del 13 de agosto de 2007, publicado en Rebanadas de realidad, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana aseguraba: “Hoy se presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue los acontecimientos de la noche del sábado en que los mineros amparados por un laudo, reclamaban su reinstalación y fueron recibidos por guardias blancas al servicio de Mexicana de Cobre filial de Grupo México, que los golpearon posteriormente en la factoría y los balacearon, resultando muerto un trabajador y más de 20 heridos que están escondidos ante el temor de una nueva agresión”.
En el caso de Santa María Ostula, ocurre otro tanto. Conforme a un documento de la Red de Alerta Temprana, integrada por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Diego Lucero, ANAD y otros organismos: “El 7 de Mayo de 2010, un grupo de 150 paramilitares incursionó al poblado de El Faro, en la comunidad de El Coire, Aquila Michoacán, con la finalidad expresa de asesinar al Presidente Suplente del Comisariado de Bienes Comunales, C. Valentín Álvarez; sin que este comando fuera detectado por ninguno de los cuerpos de seguridad federal y estatal presentes en la zona.
“El día 29 de junio de 2010, primer aniversario de la fundación de Xayakalan, Máximo Magno Valladares, autoridad de la localidad de ‘El Potrero’, perteneciente a Ostula fue secuestrado y desaparecido por un grupo paramilitar. “Se afirma en los mismos testimonios a la CIDH, que a partir de esa fecha se habían registrado una serie de asesinatos y asedio por grupos paramilitares, que generaban terror en las comunidades nahuas de la costa…”
De conformidad con un escrito, del 28 de abril de 2010, de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos: “Alrededor de las 14,50 horas y en la zona de la Sabana, poblado anterior a San Juan Copala se encontraron con el retén paramilitar que les impidió el paso y dispararon contra la caravana con el resultado de dos personas muertas por arma de fuego: Beatriz Alberta Cariño miembro de la organización CACTUS de Oaxaca y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional originario de Finlandia. Resultó herida por arma de fuego Mónica Citlali Santiago Ortiz, que fue trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja al hospital rural 66 del IMSS, en Santiago Juxtlahuaca. La ambulancia también fue baleada por los mismos paramilitares. Según los primeros testimonios en la agresión participaron más de 15 personas armadas provocando que varias personas se escondieran para protegerse sin que hasta el momento hayan aparecido, al tiempo que se tienen informaciones que señalan la existencia de más heridos por confirmar”.
No hay lugar a confusión: los grupos paramilitares son una realidad en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sonora y otras entidades. Igualmente las guardias blancas, cuya existencia está documentada a lo largo de la historia contemporánea de México cuando menos desde el porfiriato y la dictadura huertista de 1913-1914. La diferencia central está en que ahora existen prácticamente en todo el país.
La liquidación de Pedro Leiva Domínguez, no obstante su obvia ilegalidad, está en la lógica del trato dado por los gobiernos neoliberales a los movimientos sociales. Los asesinatos políticos ocurridos a lo largo del sexenio calderonista son del dominio público, tanto de cuadros de las fuerzas de izquierda como de algunos pocos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional. Entre los militantes de las fuerzas democráticas están los de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras triquis, el 7 de abril de 2008; Armando Chavarría Barrera, líder perredista del Congreso local de Guerrero y aspirante a la gubernatura del estado, el 20 de agosto de 2009; Beatriz Alberta (Bety) Cariño Trujillo, de CAUCUS, y Jyri Antero Jaakola, internacionalista finlandés, en Oaxaca en una caravana de apoyo a San Juan Copala, el 27 de abril de 2010; José Juan Rosales Pérez, del Sindicato Mexicano de Electricistas, el 23 de junio de 2010; Catarino Torres Pereda, secretario general del Comité de Defensa Ciudadana, en Tuxtepec, Oaxaca, ocurrida el 22 de octubre de 2010, y Javier Torres Cruz, líder de la Organización Campesina de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero, el 18 de abril de 2011, por mencionar algunos.
Para resolver el conflicto entre supuestos pequeños propietarios de La Placita y las comunidades indígenas es necesario imponer: alto a los asesinatos y desapariciones forzadas de habitantes de Santa María Ostula; presentación con vida de los comuneros Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles, Francisco de Asís Manuel y Máximo Magno Valladares, hoy desaparecidos; esclarecimiento de los 27 asesinatos cometidos contra integrantes de la comunidad, entre los que se halla el de Pedro Leiva Domínguez; respeto y reconocimiento de la policía comunitaria y la guardia comunal de Santa María Ostula; inviolabilidad de la posesión que Ostula guarda sobre aproximadamente 1,300 hectáreas que recuperó el 29 de junio de 2009 y que se localizan en la colindancia con el Océano Pacífico en el paraje conocido como la Canaguancera o Xayakalan, y otorgamiento de garantías a la posesión legal del territorio de los habitantes de Santa María Ostula e indemnización de los sedicentes pequeños propietarios de La Placita, con el objeto de finiquitar la violencia, garantizar la vida y seguridad de las comunidades nahuas de la costa de Michoacán, cumpliendo las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandató al Estado mexicano el 21 de septiembre de 2010.
El asesinato de Pedro Leiva Domínguez no debe quedar impune. El Congreso Nacional Indígena y las fuerzas democráticas no deben descansar hasta alcanzar el justo castigo a los culpables intelectuales y materiales del crimen.
http://www.lahaine.org/index.php?p=56991
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