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El agua del molino
Raúl Carrancá y Rivas
Ignorancia y desacato constitucional
Organización Editorial Mexicana
20 de septiembre de 2012
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El artículo 71 de la Constitución determina que el derecho de iniciar
leyes o decretos compete: al Presidente de la República, a los Diputados
y Senadores al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los
Estados. La disposición es clara, "al Presidente de la República" y no
al Presidente Electo que aún no toma posesión de su cargo conforme al
artículo 87 de la propia Carta Magna. ¿Entonces por qué Peña Nieto
entregó a senadores del PRI y del PVEM su iniciativa de reforma
constitucional para dotar de autonomía al Instituto Federal de Acceso a
la Información, IFAI, y ampliar sus facultades? Y lo peor del caso,
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI, dijo que "este
es un día muy especial" y que los legisladores se sentían "muy
halagados" porque recibieron una iniciativa que "permitirá ampliar el
ámbito competicional (sic, en vez de competencial) de los tres órdenes
de gobierno". Así las cosas se trata, a mi juicio, de soslayar y burlar
el mandato de la Constitución. Es muy grave. Durante el sexenio que está
por concluir se violó la Constitución en diversas ocasiones y
abiertamente. Cito las siguientes a manera de ejemplo: primera, con la
reforma constitucional de 2008 (la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas en Derechos Humanos, en México, criticó varias veces el arraigo y
la constante violación de tales Derechos generada por esa reforma);
segunda, cuando el Presidente de la República envió una iniciativa de
ley para reformar a su vez el artículo 27 constitucional, en materia de
petróleo -que prohíbe toda clase de concesiones y contratos-,
modificando la Ley Reglamentaria del Texto Supremo para dar entrada a
los llamados "contratos incentivados". La barbaridad y descarada
violación estriba en que una ley "reglamentaria" (que reglamenta) no
puede rebasar lo dispuesto en la Carta Magna; tercera, cuando mediante
un decreto claramente anticonstitucional, y vulnerando garantías de la
clase trabajadora, el Presidente extinguió la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro en perjuicio directo del Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME). Todo lo anterior en el entorno de una guerra absurda, violentando
la Constitución al conferirle al Ejército y a la Armada facultades de
las que carece en los términos de la Ley Suprema, con el resultado de
una constante transgresión de derechos y garantías en agravio de la
población, y con un costo criminal de más de sesenta mil muertos.
Esta
es la herencia anticonstitucional del gobierno saliente, y que muy
pocos se atreven a señalar o por ignorancia del Derecho o por algo peor.
En consecuencia, ¿qué esperamos del gobierno entrante? Ni más ni menos
que respete la Constitución, tan afrentada en este sexenio, lo que se
debe hacer en la forma y en el fondo, en lo particular y en lo general.
Es decir, hay detalles que revelan y manifiestan, por más mínimos, el
propósito que los guía. Tal es el caso de la iniciativa enviada al
Congreso de la Unión por el Presidente Electo. Cansados como estamos del
actuar oficial al margen o en contra del Estado de Derecho, lo cual ha
generado una serie de desasosiegos sociales que aún no valoramos del
todo, es lamentable una señal como la del Presidente Electo, quien
anuncia más iniciativas con lo que da a entender que no comprende el
alcance de sus actos. ¿Soberbia? ¿Exacerbada seguridad en sí mismo? Vaya
uno a saberlo, pero el hecho es que el próximo primero de diciembre
protestará ante el Congreso de la Unión, es decir, ante el pueblo,
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
¿Palabras? ¿Sólo palabras? Y lo igualmente grave -señal ominosa- es que
el líder de la bancada del PRI en el Senado haya festinado ese envío.
¿Qué nos espera? Deseamos que lo mejor o lo menos malo, pero si el
Derecho se deja en el cajón del olvido, si se lo ignora, entonces se
gobernará de espaldas a los ideales del pueblo. ¡Cuidado! La cuerda está
muy estirada. Por eso yo creo que el Congreso, ahora más que nunca, es
el único capaz de equilibrar los factores de poder, pero siempre al
servicio de la justicia.
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