La responsabilidad de la LXII Legislatura
Sexta Parte y última
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CONTRALÍNEA
Martín Esparza Flores
En previas entregas de esta serie, expusimos la situación de crisis
y urgente auxilio que requiere este sector vital para nuestro
desarrollo económico; hablamos de la incongruente política fiscal
impuesta a Petróleos Mexicanos (Pemex) que le ha convertido en el
principal aportador de recursos presupuestales, vía impuestos, a los
últimos dos gobiernos panistas y que prácticamente le han dejado sin
recursos para su reconversión y al borde de la quiebra.
Señalamos con abundancia de datos y elementos la estrategia no sólo antinacionalista sino absurda que ha terminado por abrir de par en par las puertas
de la industria eléctrica a las trasnacionales; primero con la ilegal
desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y después con la
maquinada quiebra hacia donde se encamina a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Ahora, toca a los miembros de la LXII Legislatura hacer los
análisis y las lecturas correspondientes del grave problema heredado por
las administraciones del Partido Acción Nacional y que entre sus
efectos palpables e inmediatos muestran a los más de 6 millones de
usuarios afectados por los cobros indebidos de la paraestatal en todo el
país , sobre todo tras el cierre de LFC, y las constantes fallas en el
servicio en la zona centro, mismas que lejos de ayudar a fortalecer la
economía de muchos estados, incluido el Distrito Federal, han
repercutido en millonarias pérdidas para la industria, el comercio y un
sinfín de prestadores de servicios, así como el despido injustificado de
44 mil electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo
conflicto será una de los peores saldos del sexenio de Calderón al nuevo
gobierno.
Es inaplazable que la nueva legislatura planteé una nueva
estrategia en el sector energético de los hidrocarburos para el mediano y
largo plazo, con el fin de atender no sólo los rezagos de gasto de
capital, sino para redireccionar sus objetivos hacia un proceso
modernizador con desarrollo tecnológico que, como en el caso de Pemex,
le permita abandonar su papel únicamente de productor de insumos y se
transforme en generador de procesos con un alto valor agregado.
Los diputados y senadores deben cuestionar a fondo, en el tema de
la electricidad, al modelo de intensa participación de los
permisionarios privados que están desmantelando el servicio público
nacional, primero con la extinción de LFC y progresivamente con la
pérdida de capacidad de generación de electricidad por parte de la CFE.
Es importante que los nuevos legisladores se enteren que los elevados
márgenes de generación son producto del gran número de permisos
otorgados a los Productores Independientes, por parte de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), que ha consentido, en los últimos 12 años,
el crecimiento de una infraestructura eléctrica en manos privadas, sobre
todo de intereses trasnacionales, en detrimento de la subutilización de
la pública.
Como señalamos en su momento y fue comprobado por la propia
Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe rendido a la
Cámara de Diputados sobre el análisis de la Cuenta Pública de 2009, los
productores independientes no asumen riesgos porque deciden vender a la
CFE la energía que producen a los precios establecidos en contratos por
25 años o más.
Importante hacer notar al nuevo Congreso de la Unión que como lo
acepta la propia ASF, de su parte existe un campo a evaluar en materia
de licitaciones y permisos a permisionarios privados como Iberdrola, EDF
Internacional, Mitsubishi, AES, Intergen, TransAlta, por citar los
casos más emblemáticos, pues también hay que considerar que la CRE ha
autorizado otras inversiones y proyectos que están desplazando a los del
servicio público nacional.
Concerniente a las tarifas eléctricas, será vital que los
legisladores establezcan, para efectos de fiscalización, determinar en
qué medida los altos precios para la compra de energía a los
permisionarios privados, provocaron el aumento de costos de las empresas
públicas y cómo dichos costos están siendo transferidos a las tarifas
de los usuarios de electricidad del servicio público, consumo
residencial y de las diversas actividades económicas. Debe ponerse en
claro incluso en qué medida también la reventa a LFC de la electricidad
adquirida de los permisionarios por parte de CFE, con un sobreprecio,
deterioró aún más la difícil situación financiera del organismo
ilegalmente liquidado, supuestamente, por deficitario.
Además, una fiscalización en ese sentido permitiría una revisión a
fondo de los subsidios que el gobierno federal ha entregado con recursos
presupuestales a CFE, y en su momento a LFC, para supuestamente
“compensar las bajas tarifas eléctricas” y determinar si efectivamente
deben ser imputados a las bajas tarifas o a los altos costos de venta
derivados de los pagos que la CFE está realizando a los permisionarios
privados (léase empresas trasnacionales), por adquisición de energía
eléctrica. Una revisión de esta naturaleza seguramente permitirá al
nuevo Congreso comprobar que la CFE está siendo claramente desplazada
por los proyectos de las empresas extranjeras, y por ende, con los
desventajosos compromisos pactados, la electricidad continuará
aumentando su precio.
Ahora que la composición legislativa es distinta sería de vital
importancia que desde el Congreso se evaluará de una manera más
objetiva, el contexto económico, financiero, legal y político en que se
dio la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pues es
evidente que la ilegal medida se sitúa en el marco del predominio
creciente de la inversión extranjera en una industria de generación y
suministro de electricidad que constitucionalmente pertenece al gobierno
mexicano.
Si la LXII Legislatura quiere poner las cosas en claro, por el bien
del país, habrá de revisar qué tanto de la liquidación de LFC, la
propia subutilización de la capacidad instalada y el desplazamiento de
la CFE, son resultado de la creciente presencia de las trasnacionales y
no tanto de deficiencias operativas y financieras de los organismos
públicos, sobre todo de la sacrificada, en aras del capital extranjero,
Luz y Fuerza. Es tiempo de que el Congreso asuma su papel y reordene un
sector que amenaza con dejar de ser patrimonio de los mexicanos.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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