La estrategia de Peña Nieto: completar el programa neoliberal iniciado hace treinta años
Calderón
ya se va, con el repudio incluso de sus propios correligionarios, como
lo evidenció claramente la pugna con el senador Javier Corral, a quien
le sobra razón cuando afirma que “tanta incondicionalidad lo echó a
perder”-
Revista EMET
Luego de tres décadas de neoliberalismo en
México, lo razonable y conducente sería darle un respiro a la sociedad
mayoritaria, pero es por demás obvio que no será así, sino todo lo
contrario. Con el regreso del grupo salinista a Los Pinos, se habrán de
agudizar los problemas estructurales del país, con la finalidad de
acabar de desmantelar al Estado y dejar listo el territorio para su
devastación total por parte de grupos empresariales insertos en los
mecanismos de poder manejados desde Washington.
No es que uno sea terco y dispuesto a verlo todo negro, lo que ocurre es que la información que se posee le permite a uno darse cuenta, con más objetividad, de las causas y efectos de los problemas nacionales. Si a duras penas llegamos al final de la pesadilla panista, resulta dantesco lo que nos puede ocurrir dentro de seis años, si es que para entonces continuara en Los Pinos Enrique Peña Nieto. Esto por la razón simple y llana de que los actuales problemas se habrán de magnificar, a extremos inimaginables, debido a que la estrategia de “gobierno” del PRI no será otra que completar el programa neoliberal iniciado hace treinta años.
No es que no sepan, quienes habrán de suceder a los panistas en el poder, lo que nos espera con su lealtad a los lineamientos del Consenso de Washington, sino que les tienen sin cuidado las consecuencias de su ingrata tarea. Están muy conscientes del papel que les toca jugar en el escenario neoliberal de liquidación del Estado de bienestar keynesiano, pero al aceptarlo deben cumplir todas y cada una de las instrucciones provenientes de los grandes centros de poder trasnacional, aunque impliquen acciones no sólo contrarias a los más elementales derechos humanos, sino de franco genocidio.
Mucho se avanzó, en el infausto sexenio que concluirá el día último de noviembre, en lo que respecta al desmembramiento de la sociedad mexicana; pero es claro que la plutocracia internacional no está satisfecha y quiere más avances en esa dirección. De ahí su firme rechazo a que el pueblo mexicano elija a sus gobernantes, pues no quieren que la sociedad nacional se rehaga y retome el camino de la regeneración social, sino que de una vez por todas se acabe toda posibilidad de rescatar el Estado al servicio del pueblo, porque lo que quieren es que México se deshaga como nación soberana para poder explotarla impunemente.
Luego de tres décadas de neoliberalismo, los problemas son de toda índole y se entrelazan dramáticamente unos con otros. Por ejemplo, en el Foro “Desplazamiento interno forzado: ¿crisis humanitaria en México?”, se puso en evidencia la gran tragedia nacional derivada de tal fenómeno. Se afirmó que la “guerra” antinarco provocó que más de 2 millones de personas mayores de 18 años se hayan visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen, con todos los problemas inherentes a tal situación. De ahí que ahora sea necesario crear un registro nacional de desplazados, con el fin de tener un diagnóstico claro del problema.
Otro grave problema aún sin cuantificar es el de los niños huérfanos, cuyas consecuencias no se han contemplado en toda su magnitud. En muchas partes del territorio nacional existen estas víctimas de la “guerra” contra el crimen organizado, que en realidad no fue tal, sino una estrategia orientada a profundizar las contradicciones sociales que caracterizan al país, y de paso impulsar al alza los mercados negros de la venta de armas de todo tipo y de las drogas ilegales. Esos miles de huérfanos habrán de crecer con traumas funestos que los impulsarán a actuar de manera antisocial.
Por todo ello, lo sensato hubiera sido permitir que las aguas procelosas que recorren México volvieran a su cauce, como pudo haber sucedido de permitir la oligarquía que el pueblo votara libremente y eligiera a quien estaba en condiciones de enderezar el rumbo del país. No fue así, lo que evidenció las verdaderas intenciones del grupo en el poder: acabar de destruir las instituciones nacionales para instaurar una dictadura de corte policial, con el fin de que los grandes intereses corporativos actúen impunemente, saqueando a su antojo los cada vez más valiosos recursos del país, que lo son porque cada vez son más escasos y habrán de hacer enorme falta a las nuevas generaciones de mexicanos.
Calderón ya se va, con el repudio incluso de sus propios correligionarios, como lo evidenció claramente la pugna con el senador Javier Corral, a quien le sobra razón cuando afirma que “tanta incondicionalidad lo echó a perder”(al aún inquilino de Los Pinos). El problema ahora es el legado de destrucción de las instituciones que deja al pueblo de México, que desgraciadamente será bien recibido por su sucesor, quien incluso puede agravarlo para completar el proyecto neoliberal. A eso llega a Los Pinos.
No es que uno sea terco y dispuesto a verlo todo negro, lo que ocurre es que la información que se posee le permite a uno darse cuenta, con más objetividad, de las causas y efectos de los problemas nacionales. Si a duras penas llegamos al final de la pesadilla panista, resulta dantesco lo que nos puede ocurrir dentro de seis años, si es que para entonces continuara en Los Pinos Enrique Peña Nieto. Esto por la razón simple y llana de que los actuales problemas se habrán de magnificar, a extremos inimaginables, debido a que la estrategia de “gobierno” del PRI no será otra que completar el programa neoliberal iniciado hace treinta años.
No es que no sepan, quienes habrán de suceder a los panistas en el poder, lo que nos espera con su lealtad a los lineamientos del Consenso de Washington, sino que les tienen sin cuidado las consecuencias de su ingrata tarea. Están muy conscientes del papel que les toca jugar en el escenario neoliberal de liquidación del Estado de bienestar keynesiano, pero al aceptarlo deben cumplir todas y cada una de las instrucciones provenientes de los grandes centros de poder trasnacional, aunque impliquen acciones no sólo contrarias a los más elementales derechos humanos, sino de franco genocidio.
Mucho se avanzó, en el infausto sexenio que concluirá el día último de noviembre, en lo que respecta al desmembramiento de la sociedad mexicana; pero es claro que la plutocracia internacional no está satisfecha y quiere más avances en esa dirección. De ahí su firme rechazo a que el pueblo mexicano elija a sus gobernantes, pues no quieren que la sociedad nacional se rehaga y retome el camino de la regeneración social, sino que de una vez por todas se acabe toda posibilidad de rescatar el Estado al servicio del pueblo, porque lo que quieren es que México se deshaga como nación soberana para poder explotarla impunemente.
Luego de tres décadas de neoliberalismo, los problemas son de toda índole y se entrelazan dramáticamente unos con otros. Por ejemplo, en el Foro “Desplazamiento interno forzado: ¿crisis humanitaria en México?”, se puso en evidencia la gran tragedia nacional derivada de tal fenómeno. Se afirmó que la “guerra” antinarco provocó que más de 2 millones de personas mayores de 18 años se hayan visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen, con todos los problemas inherentes a tal situación. De ahí que ahora sea necesario crear un registro nacional de desplazados, con el fin de tener un diagnóstico claro del problema.
Otro grave problema aún sin cuantificar es el de los niños huérfanos, cuyas consecuencias no se han contemplado en toda su magnitud. En muchas partes del territorio nacional existen estas víctimas de la “guerra” contra el crimen organizado, que en realidad no fue tal, sino una estrategia orientada a profundizar las contradicciones sociales que caracterizan al país, y de paso impulsar al alza los mercados negros de la venta de armas de todo tipo y de las drogas ilegales. Esos miles de huérfanos habrán de crecer con traumas funestos que los impulsarán a actuar de manera antisocial.
Por todo ello, lo sensato hubiera sido permitir que las aguas procelosas que recorren México volvieran a su cauce, como pudo haber sucedido de permitir la oligarquía que el pueblo votara libremente y eligiera a quien estaba en condiciones de enderezar el rumbo del país. No fue así, lo que evidenció las verdaderas intenciones del grupo en el poder: acabar de destruir las instituciones nacionales para instaurar una dictadura de corte policial, con el fin de que los grandes intereses corporativos actúen impunemente, saqueando a su antojo los cada vez más valiosos recursos del país, que lo son porque cada vez son más escasos y habrán de hacer enorme falta a las nuevas generaciones de mexicanos.
Calderón ya se va, con el repudio incluso de sus propios correligionarios, como lo evidenció claramente la pugna con el senador Javier Corral, a quien le sobra razón cuando afirma que “tanta incondicionalidad lo echó a perder”(al aún inquilino de Los Pinos). El problema ahora es el legado de destrucción de las instituciones que deja al pueblo de México, que desgraciadamente será bien recibido por su sucesor, quien incluso puede agravarlo para completar el proyecto neoliberal. A eso llega a Los Pinos.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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