Guerra de Calderón fortaleció y modernizó estructuras del narco

Impide EU viajar a 19 entidades: ¿Alertas o chantaje?

Revista EMET

Justamente en el 102 Aniversario de la Revolución Mexicana, en cuya ceremonia en el centro político del país Felipe Calderón aseguró que el Estado mexicano está mejor preparado y es más fuerte para enfrentar a las organizaciones criminales, el Departamento de Estado de Estados Unidos reprueba al régimen del michoacano al emitir una alerta de viaje para México, en la que advierte a los ciudadanos estadounidenses de posibles riesgos para su seguridad debido a los “serios problemas del crimen y violencia”, existentes por la intensa actividad del crimen organizado en el territorio mexicano. A 10 días de que concluya la administración calderonista, las autoridades del vecino del norte censuran la situación en que deja a la República Mexicana, en un reporte que también fija los parámetros bajo los que el gobierno de Barack Obama recibirá al próximo mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, en la Casa Blanca, y los términos en los que se habrá de analizar el tema de la violencia en nuestro país como resultado de la lucha contra los cárteles de la droga.

Calderón fue puesto nuevamente en ridículo por el gobierno de Obama. Es muy significativo el hecho de que en su última ceremonia oficial como titular del Poder Ejecutivo, portando la banda presidencial, antes de entregarla a Peña Nieto el próximo 1 de diciembre, el michoacano resaltara en su discurso que el Estado mexicano está mejor preparado en sus instituciones y es más fuerte para enfrentar la delincuencia, toda vez que, agregó, cuenta con las herramientas jurídicas, tecnológicas y operativas para el combate contra la criminalidad y para su prevención. En ese acto, el inquilino de Los Pinos defendió una vez más su estrategia sexenal para enfrentar al crimen organizado, al señalar que “la justicia, la defensa de la vida, la libertad y la integridad del patrimonio de las personas son principios y fin, razón de ser de todo Estado de Derecho. Por lo mismo, protegerlos de la criminalidad y de quienes atentan contra su libertad e integridad, han sido no sólo un imperativo legal y constitucional, sino también político y épico”. Es precisamente la ausencia de eso que señala Calderón en su discurso, “justicia, defensa de la vida, libertad e integridad del patrimonio”, lo que define su administración a través de seis larguísimos años, por cuyos resultados habrá de rendir cuentas, tarde o temprano, en el juicio de la historia y los tribunales internacionales.

Unos minutos después de que se difundieron las palabras de Calderón, y apenas había concluido el desfile conmemorativo del 102 Aniversario de la Revolución Mexicana que arrancó con el paso de cinco aviones de combate F-5 por la plaza del zócalo capitalino, y en donde militares realizaron una representación de distintos pasajes de esta gesta histórica, entre ellos las firmas del Plan de San Luis, el Plan de Ayala, el Plan de Guadalupe y la conformación de la Constitución de 1917, el gobierno de Estados Unidos lo desmintió tajantemente al alertar a sus ciudadanos a evitar viajar a México debido a la presencia de grupos criminales trasnacionales que protagonizan una “violenta lucha” por el control de las rutas del narcotráfico en el país.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado explicó que en el marco del combate a los narcotraficantes por parte del gobierno mexicano, “las organizaciones criminales trasnacionales están implicadas en una violenta lucha para controlar las rutas del tráfico de drogas y otras actividades criminales”. Agrega que “como resultado, el crimen y la violencia son graves problemas en todo el país y pueden ocurrir en cualquier parte”. Destaca que “los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de la actividad de las organizaciones criminales trasnacionales, incluyendo homicidio, luchas con armas, secuestros, secuestros de vehículos y robos en las carreteras”. Para que no quede ninguna duda, el  Departamento de Estado resalta que recibió el informe de la muerte de 113 estadounidenses en 2011, bajo todo tipo de circunstancias, mientras que en el primer semestre de 2012 la cifra fue de 32.

Esos datos contrastan con la sangre derramada de mexicanos. Los últimos reportes que emitió el gobierno mexicano en 2011, resaltaban que la violencia derivada del narcotráfico cobró la vida de 47 mil 515 personas entre diciembre de 2006 y septiembre del año pasado. A partir de ahí, Felipe Calderón y su gabinete de seguridad determinaron no proporcionar más información sobre el número de muertos a lo largo de la estúpida guerra contra el narcotráfico, a fin de no afectar la imagen del gobierno calderonista y para que no impactara en los resultados de la elección federal, que finalmente perdió el partido en el poder, el PAN.

En la alerta emitida por el Departamento de Estado se admite que millones de estadounidenses viajan a México sin problema alguno por razones de estudio, turismo y negocios y que la administración calderonista hace un “esfuerzo considerable” para proteger a estadounidenses en los principales destinos turísticos. No obstante, el comunicado ofrece una lista de los estados mexicanos que suponen en estos momentos una mayor preocupación por la violencia y el narcotráfico y otros delitos: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas,  Aguascalientes, Chiapas, Colima, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Veracruz. En total 19 entidades de 32 que conforman la República Mexicana.

La perorata de don Felipe estuvo plagada de lugares comunes y que ahora, al agonizar su gestión, no dicen absolutamente nada a una población que padeció sus errores, sus yerros, sus incapacidades y todos los defectos de su personalidad. Frente a los representantes de los poderes legislativo y judicial, los miembros del gabinete e historiadores galardonados con el Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica sobre el Rescate de la Memoria y Testimonios José Valadés, el michoacano más repudiado del país dijo que debe fortalecerse al Estado emanado de la Revolución, pero sostenido en el derecho y el fortalecimiento de sus instituciones.

Esta alerta del Departamento de Estado es una doble jugada del gobierno de Barack Obama, pues es emitida luego de confirmarse la reunión con Enrique Peña Nieto en la Casa Blanca, antes de que éste tome posesión como Presidente de México, para repasar asuntos de interés bilateral, regional y global. La agenda del mexiquense trae entre los rubros pendientes la solicitud al gobierno estadounidense de variar la estrategia seguida hasta el momento contra los cárteles de la droga, con el propósito fundamental de reducir la violencia en el país. Para nadie es un secreto que la estrategia implementada en el Pentágono e impuesta a las fuerzas armadas mexicanas no redujo el volumen del tránsito de estupefacientes hacia el territorio estadounidense donde son consumidas por al menos 30 millones de adictos; tampoco es un secreto que dicha estrategia sólo sirvió para controlar el mercado de las drogas en EU, es decir, para garantizar su abasto sin alterar sus precios, en otras palabras, las ganancias del lavado de dinero que suman cientos de miles de millones de dólares, y que se han convertido en un pilar para el sistema financiero estadounidense.

Tampoco a nadie se le escapa que la guerra organizada en México a partir de la firma de la “Iniciativa Mérida”, sirvió para mantener funcionando la industria armamentista de Estados Unidos, que lo mismo le vende a las fuerzas armadas regulares del país que a los cárteles de la droga, en operativos tan funestos y reprobables como “Rápido y Furioso”, que permitió el traslado de miles de armas de asalto a las manos de los sicarios al servicio de los cárteles de la droga mexicanos. Otro objetivo destacado de esta conflagración fue que sirvió de muro de contención a la migración de centroamericanos que buscan el “sueño americano” aún a costa de su vida, y que deciden correr todos los riesgos con el fin de mejorar las condiciones de bienestar de su existencia.

El colmo es que la guerra al narco de Calderón no sólo no eliminó la estructura de las organizaciones criminales sino que las fortaleció, las modernizó, y las hizo más impermeables a los operativos militares. Además, permitió que los tentáculos de los principales cárteles llegaran hasta las oficinas de los funcionarios de primer nivel encargados de combatirlas, no sólo hasta presidentes municipales o gobernadores y sus jefes de seguridad pública, sino hasta lo más alto de la estructura gubernamental federal. El actual enfrentamiento entre la Procuraduría General de la República (PGR) que encabeza Marisela Morales, y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de Genaro García Luna, así lo confirman.

Mientras, en el Senado de la República, la bancada del PRD busca que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, defina una nueva agenda bilateral con Estados Unidos –que trascienda el tema de seguridad- en su reunión con el presidente estadounidense Barack Obama, programada para el 27 de noviembre.

Lilia Arellano - Opinión EMET

 

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