No al "Estado gendarme" de Peña Nieto
El
cambio de estafeta en Los Pinos no es más que la consolidación del
mismo sistema político y económico. Ahí están los acuerdos entre
Calderón y Peña Nieto para sacar adelante la reforma laboral
Revista EMET
Aún no arranca formalmente el gobierno de
Enrique Peña Nieto pero su equipo de transición ya nos dio una idea
clara de lo que será su gestión: se continuará por el camino del
neoliberalismo marcado desde la administración de Miguel de la Madrid
Hurtado. El cambio de estafeta en Los Pinos no es más que la
consolidación del mismo sistema político y económico. Ahí están los
acuerdos entre Calderón y Peña Nieto para sacar adelante la reforma
laboral; ahí estuvo el férreo control de las fracciones parlamentarias
del PRI y PAN para que los cambios a la Ley Federal del Trabajo
propuestos por el michoacano y avalados por el mexiquense salieran
adelante, a pesar de la oposición de los partidos de izquierda quienes
inútilmente intentaron defender las conquistas de los trabajadores que
fueron arrojadas al basurero de la historia, legalizándose lo ilegal: la
subcontratación o outsourcing, el pago por horas, la flexibilidad de
los despidos, la prácticamente ilegalidad de las huelgas, el no pago de
salarios caídos, entre otros puntos que abaratan la mano de obra y
precarizan el empleo, vías por las que se intenta mejorar la
competitividad de las empresa que operan en México.
Ahí están también las reformas en materia energética, que tiende a privatizar la principal riqueza del país, la petrolera, y poner en manos de trasnacionales el futuro energético de la Nación, historia ya conocida en los dos siglos pasados que fueron resueltas a través de conflictos armados. En la puerta esta la reforma hacendaria y fiscal, que no es más que buscar los modos adecuados para seguir sangrando a los contribuyentes y a los consumidores, pero sin tocar a los grandes empresarios, nacionales y trasnacionales, con cuyo apoyo el ex gobernador del Estado de México llegará finalmente a Los Pinos, tras una larga campaña mediática, implementada con ese único fin y sin importar los costos, pues las facturas a pagar son mucho más cuantiosas.
La reestructura del gobierno federal que en primer termino se deshará de una inútil, pesada y parasitaria burocracia panista, también tiene como finalidad la reconstitución del Estado autoritario de corte priísta que imperó a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. En el Pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores de izquierda denominaron a las reformas a la Administración Pública Federal, que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación asume la responsabilidad de la seguridad interna, creación de un “Estado gendarme”. Durante la sesión de ayer, los diputados de los partidos de izquierda desplegaron mantas donde se ubica la presidencia de la Mesa Directiva con la frase “No al Estado gendarme”, y con una foto editada con un rostro formado por la imagen de Enrique Peña Nieto y Gustavo Díaz Ordaz.
Los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano presentaron dos mociones suspensivas en las que establecen que no están de acuerdo con la serie de reformas que dan más atribuciones a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Desarrollo Social. Por fortuna, en comisiones lograron evitar que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI) fueran sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se mantuvieran como organismos autónomos.
No obstante, finalmente con 333 votos a favor del PRI, PAN, Verde Ecologista y Panal; 50 en contra del PT y Movimiento ciudadano; y 44 abstenciones del PRD, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la reforma a la Administración Pública Federal, que también modifica algunas de las funciones de la Sedesol y amplia la Secretaría de la Reforma Agraria al añadir nuevas responsabilidades en las áreas de vivienda y desarrollo rural. Al cierre de estas líneas, no se habían desahogado las reservas presentadas por diversos partidos para aprobar en lo particular la iniciativa que también incluye el fortalecimiento de la figura del jefe de la Presidencia.
Ahí están también las reformas en materia energética, que tiende a privatizar la principal riqueza del país, la petrolera, y poner en manos de trasnacionales el futuro energético de la Nación, historia ya conocida en los dos siglos pasados que fueron resueltas a través de conflictos armados. En la puerta esta la reforma hacendaria y fiscal, que no es más que buscar los modos adecuados para seguir sangrando a los contribuyentes y a los consumidores, pero sin tocar a los grandes empresarios, nacionales y trasnacionales, con cuyo apoyo el ex gobernador del Estado de México llegará finalmente a Los Pinos, tras una larga campaña mediática, implementada con ese único fin y sin importar los costos, pues las facturas a pagar son mucho más cuantiosas.
La reestructura del gobierno federal que en primer termino se deshará de una inútil, pesada y parasitaria burocracia panista, también tiene como finalidad la reconstitución del Estado autoritario de corte priísta que imperó a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. En el Pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores de izquierda denominaron a las reformas a la Administración Pública Federal, que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación asume la responsabilidad de la seguridad interna, creación de un “Estado gendarme”. Durante la sesión de ayer, los diputados de los partidos de izquierda desplegaron mantas donde se ubica la presidencia de la Mesa Directiva con la frase “No al Estado gendarme”, y con una foto editada con un rostro formado por la imagen de Enrique Peña Nieto y Gustavo Díaz Ordaz.
Los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano presentaron dos mociones suspensivas en las que establecen que no están de acuerdo con la serie de reformas que dan más atribuciones a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Desarrollo Social. Por fortuna, en comisiones lograron evitar que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI) fueran sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se mantuvieran como organismos autónomos.
No obstante, finalmente con 333 votos a favor del PRI, PAN, Verde Ecologista y Panal; 50 en contra del PT y Movimiento ciudadano; y 44 abstenciones del PRD, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la reforma a la Administración Pública Federal, que también modifica algunas de las funciones de la Sedesol y amplia la Secretaría de la Reforma Agraria al añadir nuevas responsabilidades en las áreas de vivienda y desarrollo rural. Al cierre de estas líneas, no se habían desahogado las reservas presentadas por diversos partidos para aprobar en lo particular la iniciativa que también incluye el fortalecimiento de la figura del jefe de la Presidencia.
Lilia Arellano - Revista EMET
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