Pavor por la transparencia del proceso de 2006

Al parecer, este Instituto, IFE, no demuestra ningún compromiso con la verdad, la transparencia y la democracia. Ningún respeto y condescendencia con los electores mexicanos quiénes ignoran lo que pasa con sus votos emitidos

Revista EMET

Una vez que se califica un proceso electoral, el resultado es legalmente inalterable y no hay ninguna objeción para no abrir la documentación correspondiente al conocimiento de la población para resolver las impugnaciones presentadas por los ciudadanos.

Según la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, durante el mes de enero del año siguiente a los comicios se deberá exponer al ojo escudriñador de la sociedad, la documentación a que se refiere el artículo 382 de esta Ley para analizar los resultados y llegar a conclusiones satisfactorias.

Dicha documentación está integrada por las copias de las actas, los expedientes de cómputo distritales y los sobres con las actas de la jornada electoral, la relatoría de los incidentes que se hayan producido durante la misma, así como las boletas sobrantes inutilizadas, los votos válidos y los votos nulos.

Pero es cierto que lo más importante es el mantenimiento bajo resguardo de los paquetes electorales, así como la certeza de la transparencia y la rendición de cuentas durante el proceso de cómputo; hasta entonces puede razonarse con justicia la difusión del material electoral.

Después de este período, se podrá abrirlos para el conocimiento de la opinión pública y así se permita llevar los estudios de los procedimientos electorales.

Pero no sucede así. Hay temor en las autoridades electorales, por lo general comprometidas con el gobierno en turno, de que se vean envueltas por manipulaciones de los resultados y comprometan la legitimidad de los candidatos elegidos. De allí las trabas para su apertura al público.

Es el caso del prejuicio que prevalece en las instituciones electorales y por lo que se disponen a la destrucción irrazonable de la documentación electoral del 2006. La mínima diferencia de 0.56% de la votación por los dos candidatos punteros, contribuye al temor por el ridículo de evidenciar el carácter tramposo de las elecciones inequitativas en el país.

¿Por qué esa consideración tan particular en las elecciones de 2006? En 1988, el fraude se consumó con la casi inmediata desaparición de la documentación electoral, desaparición inducida, aprobada y determinada por Fernández de Cevallos con el peso de su influencia en la clase política del PRI y del PAN. El caso quedó para la historia, sin darse a conocer el contenido de esos archivos.

A diferencia del 2006 en el que el fraude se resiste a perder las pruebas existentes de su evidencia.
Pero aún pasando sobre la recomendación de la ONU, el Consejo General del IFE amenaza irracionalmente con la destrucción de las huellas de la obviedad de la ignominia, ejercida autoritariamente en las elecciones de ese año por la clase hegemónica y oligárquica que mantiene secuestrado el poder en México.

Al parecer, este Instituto, IFE, no demuestra ningún compromiso con la verdad, la transparencia y la democracia. Ningún respeto y condescendencia con los electores mexicanos quiénes ignoran lo que pasa con sus votos emitidos en las contiendas de elecciones. Sus consejeros integrantes han decidido de inmediato la destrucción de toda la documentación del 2006. Ningún análisis ni consideración de algún estudio de esos archivos que les son comprometedores. Pavor por la transparencia del proceso de 2006. Afán inquisitorial contra los derechos cívicos y políticos, un verdadero auto de fe.

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos y su protocolo facultativo, del que México es parte sin ninguna reserva, con la destrucción de las boletas electorales de 2006, este país viola diversas disposiciones del Pacto Internacional vinculadas con la libertad de información y las garantías judiciales.

“Litiga”, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos ha presentado al CIDH un recurso de protección judicial en contra del acuerdo del IFE sobre la destrucción de la paquetería del proceso de 2005-2006. Se pretende garantizar el derecho de acceso a la información en poder del Estado, que tiene el carácter de pública. De lo contrario, éste se hace responsable internacionalmente por la violación a varios artículos del mencionado Pacto, entre ellos el que se refiere al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones. Se pone especial énfasis en la reparación de las consecuencias de las violaciones a esos derechos y garantía de que esas violaciones no se repetirán. El director de la revista “Proceso”, Rafael Rodríguez Castañeda, ha intentado también acceder a esa paquetería y se lo han impedido. Lamentablemente esta prohibición ha sido avalada por la CIDH.

El IFE se envalentonó con esta negativa internacional y en estos días el Consejo General de Este Instituto acordó la destrucción de los 41 millones de paquetes electorales 2006, pretextando el alto costo de su conservación en bodegas. El plazo se fijó entre el 12 y el 26 de este mes.

Finalmente Rodríguez Castañeda se ha dirigido a la ONU a la que le pide que a través de su Relator Especial “solicite al Estado Mexicano suspender la destrucción del material aludido”.

En base a las reformas constitucionales de 2011 se tendría que atender la demanda de suspensión de la destrucción de las boletas.

No ha faltado la opinión metafórica de un analista, de que la ONU “ha apagado el cerillo con que se iban a chamuscar las boletas”. Por mi parte, dicho comentario peca de exagerado optimismo, porque a los gandayas entreguistas del IFE no hay quien los detenga en su afán de alcahuetear a sus patrones, reptiles oligarcas causantes de las irregularidades e inmoralidades de los procesos electorales del país.

Gilberto Pereira - Opinión EMET 

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