Acusan ante la ONU a Moreno Valle por represión sistemática
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El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Foto: Octavio Gómez |
Luego de la denuncia que presentó la diputada federal perredista Roxana Luna ante el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, los representantes de ese organismo arribaron por la mañana a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y solicitaron un informe sobre la detención de tres activistas que se oponen al Gasoducto Morelos.
Posteriormente se reunieron a puerta cerrada, en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas, con integrantes de agrupaciones civiles que denunciaron los presuntos atropellos cometidos por el gobierno poblano para reprimir las manifestaciones sociales e imponer las decisiones gubernamentales.
En el caso del gasoducto, los activistas expusieron las irregularidades que presuntamente cometió el gobierno estatal para encarcelar a Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, municipio de Atlixco; Juan Carlos Flores, defensor de derechos humanos, y Abraham Cordero Calderón, dirigente campesino.
Sin una orden de aprehensión de por medio, los tres opositores al Gasoducto Morelos fueron detenidos con uso excesivo de la fuerza por hombres vestidos de civil que no se identificaron.
En el caso de Enedina Rosas, fue acusada de obstaculizar la labor de la empresa italiana Bonatti para que iniciara los trabajos de construcción del Gasoducto, incluso sin un permiso del ayuntamiento.
A la mujer de 60 años también se le responsabilizó del robo de dos celulares que supuestamente quitaron a trabajadores de la empresa, en tanto que a Juan Carlos Flores se le acusó de extorsión, motín, despojo y ataque a la infraestructura hidráulica durante una manifestación en la comunidad de Cuexcomac, en 2012.
Y aunque ya se han presentado testigos, videos y fotografías que demuestran que Flores no participó en esa protesta, las acusaciones continúan firmes.
En el caso de Abraham Cordero, se le acusó de los delitos de privación de la libertad y amenazas contra funcionarios públicos. La representación social le negó el derecho a fianza al clasificarlo como “persona peligrosa” por movilizar a los campesinos.
En la reunión con los representantes de la ONU también se informó sobre los actos de intimidación contra el académico Ricardo Pérez Avilés y otros intelectuales que han hecho públicas sus críticas a los proyectos de obra o acciones del gobierno estatal.
Por la tarde, los enviados de Ban Ki Moon acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para pedir un informe sobre los casos que se han denunciado, en especial el de Juan Carlos Flores, quien fue detenido el pasado lunes 7 en el momento en que salía de las oficinas de ese organismo.
El hecho levantó sospechas, debido a que funcionarios de esa institución podrían haber proporcionado información a la policía para que pudiera ubicar al activista.
Por separado, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, manifestó que la fracción parlamentaria de su partido en la Cámara de Diputados pedirá la comparecencia de Moreno Valle.
En tanto, Fernando Fernández Font, rector de la Universidad Iberoamericana-Puebla, pidió al gobierno estatal no criminalizar las protestas y no fabricar pruebas para sacar adelante sus proyectos de obra.
El administrador central de la Ibero Puebla demandó el esclarecimiento de los actos de intimidación contra el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Ricardo Pérez Avilés.
“No es posible que un académico sea allanado en su casa, poniendo en riesgo la privacidad de su familia, y si ya sucedió tienen que esclarecerse los hechos. Debe existir justicia”, declaró en entrevista.
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