Cuestiona Monsanto a juez por suspender autorizaciones para maíz transgénico
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Activistas protestan contra Monsanto en la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez |
“La recusación es un mecanismo que tienen las partes para cuestionar la ética y la imparcialidad de las autoridades judiciales”, dijo hoy René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., una de las 20 organizaciones sociales que interpusieron una demanda colectiva contra el maíz transgénico.
En conferencia de prensa, Sánchez Galindo precisó que las empresas agroindustriales argumentaron que el juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito benefició a los demandantes cuando resolvió mantener vigente la medida precautoria que impide la entrada de las semillas de maíz transgénico al país durante el tiempo que dure el juicio.
En su resolución, Marroquín destacó “la posibilidad de que se dañe la diversidad biológica del maíz en México” y “la eventualidad de que las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y de Medio Ambiente (Semarnat) incumplan con la ley”.
Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Vittoria, Miguel Concha, manifestó que el juez actuó “en absoluta congruencia” con el marco legal y los convenios internacionales que firmó México, como la convención sobre la diversidad biológica, el protocolo de Cartagena, la Declaración de Río y el Pacto Mundial sobre la Responsabilidad Social de las Empresas.
Concha precisó que los principios 7, 8 y 9 del pacto mundial firmado en 1999 establecen que en materia ambiental debe prevalecer el enfoque preventivo, la responsabilidad ambiental y el desarrollo de tecnologías limpias.
Sobre la Declaración de Río, signada en 1992, establece en su artículo 15 que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
En entrevista, Sánchez Galindo adelantó que los integrantes de la sociedad civil inconformes con la entrada de las empresas transgénicas a México argumentarán que al establecer la medida precautoria, el magistrado recusado sólo aplicó los tratados internacionales, y justificarán que “de ninguna manera eso implicó una decisión definitiva”.
Añadió:
“Aunque pareciera que (el juez) nos da toda la razón, sólo nos da parte de la razón: en su planteamiento dice que revisará la medida precautoria”.
Además, dijo, los integrantes de la sociedad civil aportarán pruebas para demostrar que en materia de ética, Monsanto no es un ejemplo.
Atacar la ética del juez “es un acto de hipocresía y de cinismo de Monsanto, cuando se ha distinguido en el mundo como una de las empresas con mayor comportamiento antiético”, lanzó Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Entre otros, Suárez recordó que las autoridades estadunidenses multaron a Monsanto por publicidad engañosa. A raíz de esa multa, la empresa tuvo que eliminar de su herbicida principal, el Roundup, las menciones “biodegradable” y “no tóxico para la salud humana y animal”.
Asimismo, relató que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a la transnacional después de descubrir que había sobornado a más de 100 funcionarios indonesios para comercializar sus semillas transgénicas en México.
El recurso de recusación se añade a las 48 impugnaciones y los seis incidentes de suspensión contra la medida precautoria que –desde el pasado 17 de septiembre, fecha en la que se aceptó la demanda– interpusieron las empresas Monsanto, Dow Agro-Sciences México, PHI México y Sygenta Agro, además de la Semarnat y la Sagarpa (Proceso, edición 1930).
Las empresas “se han dedicado a cuestionar puros asuntos de forma, no han entrado al fondo”, subrayó Sánchez Galindo.
Esas empresas agroindustriales muestran “una gran preocupación por la medida precautoria” pero “no sabemos si han parado la siembra de semillas transgénicas”, manifestó a su vez Adelita San Vicente Tello, integrante de la Fundación Semillas de Vida.
De acuerdo con el abogado de Colectivas AC, René Sánchez Galindo, en tres ocasiones los tribunales negaron de manera provisional la suspensión de la medida precautoria.
Antes de resolver la situación del juez Jaime Marroquín, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa citará a los integrantes de la sociedad civil para audiencia de alegatos, los cuales tendrán tres días hábiles para entregar su documentación.
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