Las leyes de la “contrarreforma”: CFE y el “epitafio” de su “clase mundial”
17. agosto, 2014
Autor: Martin Esparza
Primera parte
Los gobiernos panistas no se cansaron de
ensalzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el modelo a
seguir en el ámbito de las paraestatales, al grado de endilgarle el
calificativo de “empresa de clase mundial”. Ahora, tras la aprobación de
las leyes secundarias en materia energética, como la nueva Ley de la
CFE, la montada escenografía del falso arquetipo se ha venido abajo,
anunciándonos que seremos todos los mexicanos los que debemos rescatarla
de sus multimillonarios pasivos laborales ante su incapacidad
financiera de haber generado los fondos necesarios para solventar los
derechos adquiridos de sus trabajadores.
Seguramente,
lo moralmente correcto es que políticos como el expresidente Felipe
Calderón y otros más que formaron parte de su gabinete y que, para
desgracia del país, aún pululan por las catacumbas legislativas de la política nacional como Javier Lozano Alarcón, escondieran la cabeza
cual avestruces, porque lo que ahora salta a la luz pública los ubica
en el sitio de honor de los más selectos demagogos de la historia
contemporánea.
Tras el ilegítimo e injustificado cierre
de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, la CFE fue empleada por
la anterior administración para engañar al país entero sobre la panacea
que esperaba la zona centro del país, una vez que “la empresa de clase
mundial” tomara las riendas de la prestación del servicio eléctrico a un
promedio de 6 millones de usuarios. Calderón y sus secuaces vendieron
la idea de que mejoraría el servicio y bajarían las tarifas,
atreviéndose a hacer cuentas alegres en la generación de más empleos. Por supuesto que nada se cumplió.
En contrasentido, y como sucedió antes de
la aparición del arbitrario decreto de extinción y después del mismo,
el gobierno se negó sistemáticamente a explicar a detalle a la nación
sobre los encubiertos propósitos de su silenciosa privatización del
sistema eléctrico nacional. La quiebra inducida de Luz y Fuerza del
Centro al obligarla a comprar energía a la CFE a un costo superior al
que debía venderla a los consumidores nunca tuvo relación directa con
los “inexistentes privilegios” del contrato colectivo de los
trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
De hecho, y como quedó registrado desde
hace muchos años atrás por organismos fiscalizadores, como la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y los propios informes de la Comisión
Federal, la empresa “modelo” presentaba un escenario financiero peor al
de Luz y Fuerza en buena medida porque, pese a contar con la
infraestructura necesaria para la generación de su propia energía, el
indiscriminado otorgamiento de concesiones a los productores
independientes (772 permisos hasta 2011) la había orillado a enfrentar
un escenario de franca quiebra técnica, al tener que comprar de manera
obligada su electricidad a las empresas privadas, sobre todo
trasnacionales, que a finales de 2012 ya generaban casi la mitad de la
energía eléctrica en todo el territorio nacional.
Hace un par de años alertamos que tal
situación estaba ocasionando mayores costos operativos a la
infraestructura eléctrica nacional que era prácticamente subutilizada,
generando un excesivo margen de reserva de un 44 por ciento alcanzado en
2009 contra el 21 por ciento observado en 2000. La política energética
nos había conducido al absurdo de tener una sobreproducción eléctrica
que no utilizábamos pero que representaba un alto costo a las finanzas
del país.
De acuerdo con el análisis de la ASF, a
diciembre de 2009 la compra de energía a las trasnacionales le había
costado al país más de 268 mil millones de pesos, estimando el organismo
que por los compromisos ya adquiridos en los contratos leoninos, de
2010 a 2041, los mexicanos tendríamos que pagar a las firmas extranjeras
1.6 billones de pesos. Ahora, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de CFE, estos compromisos que contribuyeron en los 2 sexenios anteriores
a minar los recursos financieros de la “empresa de clase mundial”,
acrecentando el monto de sus pasivos laborales, no se cancelarán por la
apertura del sector eléctrico a la competencia. Lo que avizora un
tétrico panorama financiero para la ahora “empresa productiva del
Estado” y para las finanzas públicas.
De hecho, al primer semestre de 2012, es
decir, en las postrimerías del sexenio calderonista, sólo para cumplir
con 25 de sus contratos de compra de energía a empresas privadas, la
CFE destinó 180 mil 548 millones de pesos. Entre las firmas beneficiadas
destacaban las trasnacionales Unión Fenosa, Iberdrola y TransAlta,
entre otras. Por tal razón, la “empresa de clase mundial” presentaba al
cierre del segundo trimestre de ese año pasivos totales por 849 mil 467
millones de pesos; es decir que en sólo 1 año se incrementaron en 92 mil
699 millones. Un 12.24 por ciento más con respecto a 2011, cuando este
rubro ascendió a los 756 mil 768 millones de pesos.
Es evidente que lejos de crear
físicamente los fondos correspondientes al pago de los derechos
adquiridos por sus trabajadores, los funcionarios de la CFE, como el
exdirector Alfredo Elías Ayub y su incondicional Néstor Moreno Díaz –el
señor de los yates y los ferraris–, se dedicaron a acrecentar sus
fortunas personales y a favorecer a las multinacionales. Las
consecuencias de la irresponsabilidad de estos pillos, ahora por
decisión de los diputados y senadores, deberán ser pagadas por todos los
mexicanos al transformarse los multimillonarios pasivos en deuda
pública, con el condicionado ribete de cercenar, vía su contrato
colectivo, los derechos de los trabajadores.
Lo que sigue, de acuerdo con la nueva Ley
de CFE, es aún más patético si se considera que los 800 mil kilómetros
de redes eléctricas nacionales pasarán a ser operados, sin que inviertan
1 solo centavo, por las empresas privadas concesionarias. Para tal
efecto, la nueva disposición en su artículo 10 establece “la separación
que se requiere entre sus divisiones, regiones, empresas productivas
subsidiarias y filiales para salvaguardar el acceso abierto, la
operación eficiente de la industria eléctrica y la competencia”.
No cabe la menor duda que una vez que se
apliquen todas y cada una de las nuevas disposiciones aprobadas en el
Congreso de la Unión, la CFE terminará de escribir su propio epitafio con réquiem incluido.
Al entrar en operaciones el Centro Nacional de Control de Energía, cuya
función será crear un ficticio mercado eléctrico, la “empresa de clase
mundial” dejará de controlar el sistema eléctrico nacional, pues será
incluso el nuevo organismo el que determine cuál será el área del
mercado minorista que deberá atender la CFE, ya que el rentable mercado
eléctrico mayorista quedará reservado a las empresas extranjeras y sus
socios locales.
La creación de empresas subsidiarias y
filiales permitirá a los poderosos consorcios no cumplir con las
condiciones de trabajo establecidas en lo que es propiamente un contrato
colectivo de trabajo, pues les estará permitido establecer convenios
que encubran un auténtico outsourcing. En esta vorágine
desnacionalizadora impuesta por las nuevas leyes en la materia, los
organismos públicos descentralizados, que son del pueblo de México,
pasarán a ser propiedad exclusiva del gobierno federal, es decir, de una
elite de oro que podrá hacer y deshacer de los bienes nacionales a su libre albedrío.
En esta retahíla de calamidades, además
de la expoliación a los derechos de los trabajadores, se consumará el
despojo de las tierras de indígenas y campesinos a lo largo y ancho del
territorio nacional. Poderosas razones que obligan a hacer un llamado al
pueblo para organizar la resistencia civil y pacífica en defensa de sus
derechos.
El epitafio escrito por las leyes secundarias a la CFE es claro: “aquí yace la que nunca fue una empresa de clase mundial”.
Martín Esparza Flores*/Primera parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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