Se internacionaliza caso Wallace: activista canadiense denuncia amenazas
18 de agosto de 2014
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Isabel Miranda de Wallace, activista. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Asociación
Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, presentará en la
Gendarmerie Royale du Canada una denuncia por la investigación penal que
se sigue en su contra en México, luego de que la revista Proceso y el diario digital Los Angeles Press publicaron la existencia de documentación oficial duplicada sobre Hugo Alberto Wallace, declarado oficialmente muerto.
“Acudiré ante la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsable de las amenazas de las que soy víctima”, escribió el activista en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).
La denuncia es por “hechos ilícitos de intimidación, represalias y abuso de autoridad” por parte de personal de la Unidad Antisecuestros de la misma PGR, en relación con la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014.
Dicha averiguación, a cargo de la agente del Ministerio Público federal Lourdes López Lucho Iturbide, tiene al activista canadiense como uno de los indiciados por la publicación de dos actas de nacimiento y dos claves únicas de registro de población de Hugo Alberto Wallace.
También es investigada Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, una de las acusadas en el llamado caso Wallace, así como las periodistas Guadalupe Lizárraga, de Los Angeles Press, y Anabel Hernández, quienes publicaron esos documentos (Proceso 1961).
“La averiguación previa está dirigida en mi contra, aunque ningún delito haya cometido, ya que los documentos que publicaron esos medios es información pública que cualquiera puede obtener”, precisa el activista canadiense en su denuncia de hechos dirigida a la fiscal Laura Angelina Borbolla.
Añade: “Quiero denunciar como represalia e intento de intimidación contra mi persona las actuaciones recientes de la Unidad Antisecuestro de la PGR; represalia e intimidación que son la consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.
A raíz de ese trabajo, dice, “la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos”.
La actuación del personal de la Unidad de Antisecuestros de la PGR “no nos sorprende” y “nos confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada por Jesús Murillo Karam”, apunta Bertet, quien también promovió la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez.
“Como activista extranjero y defensor de los derechos humanos, preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aun cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia, así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue siendo cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia”, subraya.
Fuente
“Acudiré ante la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsable de las amenazas de las que soy víctima”, escribió el activista en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).
La denuncia es por “hechos ilícitos de intimidación, represalias y abuso de autoridad” por parte de personal de la Unidad Antisecuestros de la misma PGR, en relación con la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014.
Dicha averiguación, a cargo de la agente del Ministerio Público federal Lourdes López Lucho Iturbide, tiene al activista canadiense como uno de los indiciados por la publicación de dos actas de nacimiento y dos claves únicas de registro de población de Hugo Alberto Wallace.
También es investigada Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, una de las acusadas en el llamado caso Wallace, así como las periodistas Guadalupe Lizárraga, de Los Angeles Press, y Anabel Hernández, quienes publicaron esos documentos (Proceso 1961).
“La averiguación previa está dirigida en mi contra, aunque ningún delito haya cometido, ya que los documentos que publicaron esos medios es información pública que cualquiera puede obtener”, precisa el activista canadiense en su denuncia de hechos dirigida a la fiscal Laura Angelina Borbolla.
Añade: “Quiero denunciar como represalia e intento de intimidación contra mi persona las actuaciones recientes de la Unidad Antisecuestro de la PGR; represalia e intimidación que son la consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.
A raíz de ese trabajo, dice, “la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos”.
La actuación del personal de la Unidad de Antisecuestros de la PGR “no nos sorprende” y “nos confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada por Jesús Murillo Karam”, apunta Bertet, quien también promovió la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez.
“Como activista extranjero y defensor de los derechos humanos, preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aun cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia, así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue siendo cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia”, subraya.
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