No hay salida amistosa con el gobierno de Peña: víctimas de Atenco
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"Tierra sí, aviones no", el reclamo de Atenco en el Tribunal Agrario. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO, D.F. (apro).- A nueve años de la represión en San
Salvador Atenco, 11 mujeres que litigan el caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron que el gobierno de
Enrique Peña Nieto obstaculiza el proceso y trata de confundir a los
integrantes del organismo.
En conferencia de prensa, tres de las víctimas y sus representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informaron que en días pasados el gobierno del Estado de México notificó que había conformado un fideicomiso para sufragar las indemnizaciones de las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual ante la CIDH.
Al respecto, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, y la abogada del caso, Stephanie Brewer, señalaron que el anuncio del gobierno de Eruviel Ávila tiene la intención de convencer a los comisionados de la CIDH sobre la supuesta disposición del Estado mexicano de llegar a una solución amistosa con las víctimas.
No sólo eso, también busca que no emitan un informe de fondo en el que se exhiba la cadena de mando del operativo donde podría salir a flote la responsabilidad de Peña Nieto.
Bárbara Italia Méndez, Edith Rosales Gutiérrez y Norma Jiménez Osorio, tres de las mujeres agredidas en mayo de 2006, recordaron que desde 2008, cuando ingresaron su queja ante la CIDH, hicieron pública su decisión de rechazar una salida negociada, posición que reiteraron ante el organismo en una audiencia pública en Washington, en marzo de 2013.
Brewer dijo que pese a esa posición, representantes del Estado mexicano continuaron acercándose a los abogados y enviaron escritos a la CIDH para insistir en la solución amistosa, y en “varias ocasiones pidieron que no emitiera el informe de fondo porque el Estado iba a solucionar el caso a nivel interno”.
La abogada resaltó que el gobierno estatal anunció la constitución de “un fondo ad hoc de indemnización para las mujeres denunciantes del caso a través del Instituto de Atención a Víctimas del Estado de México, lo que consideramos un acto de presión y hostigamiento”.
En la página 21 de la Gaceta del gobierno del Estado de México, con fecha 19 de marzo, se publicó un Edicto por el que se notifica a las 11 mujeres y al Centro Prodh sobre la creación de un “fondo de atención que a su favor ha constituido el gobierno del Estado de México en su calidad de victimas de los hechos sucedidos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San salvador Atenco”.
El fondo, del que no se detallan montos, “se encuentra a su disposición (de las víctimas) en las oficinas que ocupa el Instituto de Atención a Víctimas del Delito del Estado de México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (IAVDEM)”, en Metepec.
El aviso está firmado por la directora general del IAVDEM,, Marcela Mora Córdoba.
Edith Rosales consideró “ofensivo” el edicto, además de que, dijo, pone en riesgo a las mujeres al hacer creer a la opinión pública que van a recibir recursos.
“La intención es pagar para acabar con el proceso de lucha. No vamos a vender la dignidad, tienen que hacer justicia real, definir dónde está la cadena de mando, que tiene que llegar hasta el que se jactó de haber implementado el operativo, porque hasta ahora ninguno de la cadena de mando está detenido ni procesado”, subrayó.
Bárbara Méndez, quien en marzo de 2013 fue la encargada de leer la carta firmada por 11 mujeres en la audiencia en Washington, reiteró al Estado mexicano que “no hay salida amistosa” ni negociada.
“No se trata de dinero, sino de dignidad y justicia, y no vamos a cesar el paso hasta que lo consigamos. Ya no somos sólo 11, en este camino hemos conseguido fortalecer el camino de otras mujeres torturadas sexualmente por militares, policías y marinos”, sostuvo.
De su lado, Norma Jiménez apuntó que aunque no pudieron acudir todas las denunciantes a la conferencia de prensa, hay un acuerdo entre las 11 de continuar el litigio ante la CIDH, “aunque a lo largo de estos nueve años hayamos recibido golpes del Estado mexicano para que desistamos”.
Para Stephanie Brewer, la intención de publicar el edicto tiene como objetivo “presionar a las mujeres, dilatar el proceso ante la CIDH y confundir. Pretenden hacer creer a la CIDH que hay un diálogo y negociación con el fin de bloquear el informe de fondo”.
La abogada recordó que uno de los objetivos de las mujeres es que en el informe de fondo el organismo dé lineamientos para lograr “cambios estructurales que pongan fin a la tortura sexual”, además de que la CIDH podría decidir llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), si es que las recomendaciones que emita en su resolución no son atendidas.
Al señalar que hay probabilidades de que la conclusión del organismo se dé a conocer en alguno de los dos periodos de sesiones que se desarrollarán este año (julio u octubre), Mario Patrón recordó que en el informe del relator sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, se reconoció que en México “el grado de impunidad de la tortura sexual es todavía mayor a la que se aplica para incriminar a personas en delitos”.
De igual manera, destacó que en el operativo de mayo de 2006 fueron detenidas 47 mujeres; al ser remitidas, 26 de ellas denunciaron tortura sexual, pero sólo 11 decidieron continuar la lucha por el castigo a los responsables.
“Al Estado mexicano no le interesa hacer justicia, verdad y reparación, sino atajar un caso en el que está involucrado el presidente y antes era gobernador. Esta campaña para dilatar gira en la lógica de intentar comprar la palabra de las victimas con dinero”, puntualizó el director del Centro Prodh.
Fuente
En conferencia de prensa, tres de las víctimas y sus representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informaron que en días pasados el gobierno del Estado de México notificó que había conformado un fideicomiso para sufragar las indemnizaciones de las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual ante la CIDH.
Al respecto, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, y la abogada del caso, Stephanie Brewer, señalaron que el anuncio del gobierno de Eruviel Ávila tiene la intención de convencer a los comisionados de la CIDH sobre la supuesta disposición del Estado mexicano de llegar a una solución amistosa con las víctimas.
No sólo eso, también busca que no emitan un informe de fondo en el que se exhiba la cadena de mando del operativo donde podría salir a flote la responsabilidad de Peña Nieto.
Bárbara Italia Méndez, Edith Rosales Gutiérrez y Norma Jiménez Osorio, tres de las mujeres agredidas en mayo de 2006, recordaron que desde 2008, cuando ingresaron su queja ante la CIDH, hicieron pública su decisión de rechazar una salida negociada, posición que reiteraron ante el organismo en una audiencia pública en Washington, en marzo de 2013.
Brewer dijo que pese a esa posición, representantes del Estado mexicano continuaron acercándose a los abogados y enviaron escritos a la CIDH para insistir en la solución amistosa, y en “varias ocasiones pidieron que no emitiera el informe de fondo porque el Estado iba a solucionar el caso a nivel interno”.
La abogada resaltó que el gobierno estatal anunció la constitución de “un fondo ad hoc de indemnización para las mujeres denunciantes del caso a través del Instituto de Atención a Víctimas del Estado de México, lo que consideramos un acto de presión y hostigamiento”.
En la página 21 de la Gaceta del gobierno del Estado de México, con fecha 19 de marzo, se publicó un Edicto por el que se notifica a las 11 mujeres y al Centro Prodh sobre la creación de un “fondo de atención que a su favor ha constituido el gobierno del Estado de México en su calidad de victimas de los hechos sucedidos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San salvador Atenco”.
El fondo, del que no se detallan montos, “se encuentra a su disposición (de las víctimas) en las oficinas que ocupa el Instituto de Atención a Víctimas del Delito del Estado de México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (IAVDEM)”, en Metepec.
El aviso está firmado por la directora general del IAVDEM,, Marcela Mora Córdoba.
Edith Rosales consideró “ofensivo” el edicto, además de que, dijo, pone en riesgo a las mujeres al hacer creer a la opinión pública que van a recibir recursos.
“La intención es pagar para acabar con el proceso de lucha. No vamos a vender la dignidad, tienen que hacer justicia real, definir dónde está la cadena de mando, que tiene que llegar hasta el que se jactó de haber implementado el operativo, porque hasta ahora ninguno de la cadena de mando está detenido ni procesado”, subrayó.
Bárbara Méndez, quien en marzo de 2013 fue la encargada de leer la carta firmada por 11 mujeres en la audiencia en Washington, reiteró al Estado mexicano que “no hay salida amistosa” ni negociada.
“No se trata de dinero, sino de dignidad y justicia, y no vamos a cesar el paso hasta que lo consigamos. Ya no somos sólo 11, en este camino hemos conseguido fortalecer el camino de otras mujeres torturadas sexualmente por militares, policías y marinos”, sostuvo.
De su lado, Norma Jiménez apuntó que aunque no pudieron acudir todas las denunciantes a la conferencia de prensa, hay un acuerdo entre las 11 de continuar el litigio ante la CIDH, “aunque a lo largo de estos nueve años hayamos recibido golpes del Estado mexicano para que desistamos”.
Para Stephanie Brewer, la intención de publicar el edicto tiene como objetivo “presionar a las mujeres, dilatar el proceso ante la CIDH y confundir. Pretenden hacer creer a la CIDH que hay un diálogo y negociación con el fin de bloquear el informe de fondo”.
La abogada recordó que uno de los objetivos de las mujeres es que en el informe de fondo el organismo dé lineamientos para lograr “cambios estructurales que pongan fin a la tortura sexual”, además de que la CIDH podría decidir llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), si es que las recomendaciones que emita en su resolución no son atendidas.
Al señalar que hay probabilidades de que la conclusión del organismo se dé a conocer en alguno de los dos periodos de sesiones que se desarrollarán este año (julio u octubre), Mario Patrón recordó que en el informe del relator sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, se reconoció que en México “el grado de impunidad de la tortura sexual es todavía mayor a la que se aplica para incriminar a personas en delitos”.
De igual manera, destacó que en el operativo de mayo de 2006 fueron detenidas 47 mujeres; al ser remitidas, 26 de ellas denunciaron tortura sexual, pero sólo 11 decidieron continuar la lucha por el castigo a los responsables.
“Al Estado mexicano no le interesa hacer justicia, verdad y reparación, sino atajar un caso en el que está involucrado el presidente y antes era gobernador. Esta campaña para dilatar gira en la lógica de intentar comprar la palabra de las victimas con dinero”, puntualizó el director del Centro Prodh.
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