San Quintín: el valle de la explotación
CONTRALÍNEA
3. mayo, 2015 Autor: Guillermo Castillo Ramírez
En
este contexto, hablar actualmente de esclavitud no es una exageración
ni una desproporción, sino, como han manifestado diversas organizaciones
en pro y defensa de los jornaleros dentro de México y en Estados Unidos
(“Valle de San Quintín: un ejemplo de explotación y abusos que ocurren
en 18 estados del país”, Red de Jornaleros Internos, La Jornada,
27 de marzo de 2015), es una referencia clara a condiciones de
explotación laboral muy precisas: jornadas de aproximadamente 60 horas
semanales, ausencia de contrato laboral, situaciones de trabajo nocivas
(exposición a agroquímicos, pesticidas, insolación), explotación
infantil, acoso y abuso sexual a las mujeres, carencia de las
prestaciones de ley, así como ausencia de seguridad social y de
servicios médicos (“Frente Indígena Binacional se solidariza con
jornaleros de San Quintín”, La Jornada, 27 de marzo de 2015).
Fuente
3. mayo, 2015 Autor: Guillermo Castillo Ramírez
En San Quintín nos tienen muriendo de hambre desde hace 20 años
Javier Ramírez, jornalero, marzo de 2015
… Lo que hay detrás nuestro es el hambre, es el salario de hambre que recibimos
Fidel Sánchez, jornalero, marzo de 2015
Aquí [en los campos del valle San Quintín]
es peor, porque los niños tienen hambre, llegas y vendes todo lo que
tienes porque no tienes ni 1 centavo; definitivamente aquí es peor,
porque llegas con promesas, ilusiones, y no pasa nada, te va peor, me da
tristeza
Julián de Jesús, jornalero
Reportaje San Quintín, el valle de la explotación laboral, junio 2014
Es el valle de los contrastes: entre
explotación y resistencia. Es uno de los lugares de México con mayor
producción agrícola mercantil destinada principalmente a la exportación.
Es también uno de los sitios con las condiciones de trabajo más
abusivas, antihigiénicas y nocivas para los jornaleros. Desde este
contexto, las recientes revueltas y movilizaciones de trabajadores
agrícolas de marzo pasado en demanda de sus derechos laborales y de
condiciones de trabajo justas no fueron improvisadas ni gratuitas, sino
resultado de la injusticia. Tras dos fallidas mesas de negociación en
octubre de 2014 y enero 2015, estas acciones de los jornaleros
organizados respondieron al desdén y mutismo del soberbio sector
patronal y a la indiferencia y falta de respuesta efectiva y voluntad
política de las autoridades estatales. Con esto, los trabajadores
agrícolas, además de exigir el cumplimiento de sus demandas, mostraron y
denunciaron que hoy día la explotación laboral exacerbada es una
realidad social aguda y vigente que padecen decenas de miles de personas
en San Quintín, Baja California.
En
este contexto, hablar actualmente de esclavitud no es una exageración
ni una desproporción, sino, como han manifestado diversas organizaciones
en pro y defensa de los jornaleros dentro de México y en Estados Unidos
(“Valle de San Quintín: un ejemplo de explotación y abusos que ocurren
en 18 estados del país”, Red de Jornaleros Internos, La Jornada,
27 de marzo de 2015), es una referencia clara a condiciones de
explotación laboral muy precisas: jornadas de aproximadamente 60 horas
semanales, ausencia de contrato laboral, situaciones de trabajo nocivas
(exposición a agroquímicos, pesticidas, insolación), explotación
infantil, acoso y abuso sexual a las mujeres, carencia de las
prestaciones de ley, así como ausencia de seguridad social y de
servicios médicos (“Frente Indígena Binacional se solidariza con
jornaleros de San Quintín”, La Jornada, 27 de marzo de 2015).Campesinos, sin futuro
Gran parte de los jornaleros de San
Quintín cargan historias de exclusión previas, y son originarios de
diversos estados del país, principalmente de las entidades del Sur de
México, entidades como Oaxaca y Guerrero, que cuentan con una alta
población étnico-rural y presentan los niveles más altos de mortalidad
infantil y materna, así como una de las menores esperanzas de vida y los
indicadores más bajos de educación e ingreso. No pocos de estos
trabajadores agrícolas del Sur pertenecen a diversos grupos indígenas
(na’saavi, triquis, zapotecos) y han tenido arduas y difíciles historias
migratorias. Salieron huyendo de la miseria y en el Norte encontraron
pobreza, exclusión y explotación.
Estos campesinos e indígenas dejaron sus
tierras natales en busca de mejores condiciones de vida y tratando de
dejar atrás las carencias histórico-estructurales de servicios sociales
(salud, empleo, educación) en sus localidades rurales de origen. Fueron y
son los desheredados, los sujetos olvidados de manera sistemática y
constante por el Estado. No obstante, a raíz de la política neoliberal
en el agro se agudizaron las crisis de las economías campesinas y se
desincentivaron los apoyos y estímulos a la pequeña producción agrícola,
y estos desheredados vieron recrudecer sus ya de por sí precarias
condiciones de existencia, incrementándose los desplazamientos hacia el
Norte del país en aras de encontrar oportunidades de empleo. Tanto la
imperiosa urgencia de salir para subsistir, como su condición de
migrantes pauperizados y en necesidad, han acentuado la vulnerabilidad
de estos sujetos, y es algo de lo que se han aprovechado a manos llenas
los empresarios agrícolas del valle de San Quintín para incrementar sus
ganancias.
Amargo reflejo de una explotación generalizada
En el contexto de México como el decimoctavo país en el ranking mundial de la esclavitud (de acuerdo con el Índice global de esclavitud,
México es primer país de América en este rubro y tiene al menos 266 mil
personas que son víctimas de esclavitud, siendo los tres principales
sectores donde se presentan estas prácticas el agrícola, el minero y el
turístico: “Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en
América Latina”, Animal Político, 30 de marzo de 2015), las
condiciones de abuso y explotación laboral que viven los jornaleros en
San Quintín son sólo un reflejo y muestra de lo que sufren cerca de 2
millones de trabajadores agrícolas en los campos de 18 estados del país
(de acuerdo con la Red de Jornaleros Agrícolas, los estados donde se
presenta la explotación de jornaleros son Sinaloa, Sonora, Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas,
Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos,
Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas; la mayoría de estos
jornaleros provienen de los estados más pobres de México (Oaxaca,
Guerrero, Chiapas).
No obstante, el caso de San Quintín
sirvió para mostrar la forma en que estos sistemas de explotación, por
un lado, descansan sobre las complejas relaciones entre empresarios
agrícolas y políticos estatales, y, por otra parte, cómo se abusa de la
imperiosa necesidad de laborar del jornalero para retribuir su trabajo
con un raquítico salario (“Jornaleros de San Quintín: entre la
explotación moderna y la resistencia social”, Contralínea,
12 de abril de 2015). Si estos trabajadores agrícolas pueden ser
“utilizados” como mano de obra barata y desechable es, precisamente,
porque las instancias estatales no hacen que se respete la Ley Federal
del Trabajo y, de facto, permiten condiciones laborales inhumanas e
ilegales. Esta ausencia efectiva del cumplimiento de la ley se debe a
que en Baja California, como probablemente en otros estados del país,
varios de los empresarios agrícolas han sido y son funcionarios
estatales y están directamente relacionados al poder político. Así, en
la medida en que el dinero que debería recibir no llega al trabajador y
se dirige a los empleadores, la ausencia del ejercicio de los derechos
laborales de los jornaleros se traduce en fuertes ganancias económicas
para estas elites. El beneficio monetario derivado de esta explotación
va a los bolsillos de los propietarios de los campos, el hambre y los
salarios de miseria son para los jornaleros; no en balde estos
jornaleros son de los trabajadores peor pagados y más maltratados del
país. De facto, la complicidad entre el Estado y los empresarios no sólo
promueve este estado de cosas, sino que, además y por añadidura, supone
una condición de impunidad y fomenta la ilegalidad. Esto conduce a la
lectura de que, en los hechos y allende de los discursos y las buenas
intenciones, el Estado antepone los excesivos privilegios y
prerrogativas de los empresarios a la aplicación de la Ley Federal del
Trabajo y la defensa de los trabajadores desprotegidos y en situación
vulnerable.
La dignidad y los rostros de la resistencia
No obstante, y pese al drástico escenario
de las condiciones laborales en los campos agrícolas de San Quintín,
los jornaleros no sólo son personas que viven en carne propia una
explotación descarada, también son sujetos que tienen iniciativas y
realizan acciones dirigidas a modificar sus ominosas situaciones de
trabajo y de existencia. Desde hace meses, no sólo fueron participes de
un fallido proceso de negociación con el Estado y el sector patronal,
sino que también han mostrado, mediante diversas actividades e
iniciativas, su capacidad de organización y acción social mediante
varias medidas: diálogos con instituciones estatales, movilizaciones
sociales y paros laborales (en marzo pasado), caravanas y recorridos por
diversas localidades y ciudades de Baja California y el país para
difundir su lucha y crear convergencias, visitas y encuentros con
autoridades de otros estados del país (gobierno del Distrito Federal) e
instituciones del gobierno federal (Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Secretaría de Gobernación), alianzas con grupos y
organizaciones laborales y étnicas de México y Estados Unidos así como
con albergues de religiosos, colectivos y organizaciones de defensa de
los derechos humanos y de los trabajadores. Mediante estas acciones han
generado un amplio proceso de visibilización pública y mediática
de sus demandas y condiciones de trabajo y vida; asimismo esto ha
producido un amplio respaldo ciudadano y de la sociedad civil
organizada.
Guillermo Castillo Ramírez*
*Maestro y doctor en antropología; autor
de proyectos de investigación posdoctoral en antropología con líneas de
trabajo en migración nacional e internacional y procesos de movilidad
geográfica de grupos indígenas y campesinos en México
[Sección: opinión]
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