Maíz mexicano contaminado por transgénicos, desde hace 10 años
CONTRALÍNEA
 
 
 Solicitan
 que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones 
establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados son ineficientes, pues existe evidencia científica de que ha
 habido flujo de transgenes (contaminación transgénica) a los maíces 
nativos.
Solicitan
 que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones 
establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados son ineficientes, pues existe evidencia científica de que ha
 habido flujo de transgenes (contaminación transgénica) a los maíces 
nativos.
 
Confirman presencia de transgenes desde 2004 en maíces nativos de México, pese a ser centro de origen y diversidad genética. Unas instituciones gubernamentales trabajan en su detección y otras pugnan tribunales por permitir a trasnacionales su siembra masiva

Entre 2004 y 2012, el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC) detectó la presencia de 
transgenes en maíces nativos de seis estados de la República, revela un 
documento oficial del cual Contralínea posee copia.
Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, 
Michoacán y Guanajuato presentaron muestras positivas a la presencia de 
construcciones genéticas provenientes de maíces genéticamente 
modificados, da a conocer el propio Instituto en el escrito.
La información corresponde a 2 mil 193 
colectas de maíz nativo obtenidas de 160 municipios en 10 estados del 
país entre 2004 y 2012: “Principalmente en la zona Centro-Sur, que 
alberga la más alta diversidad de maíces nativos”, especifica.
Para Adelita San Vicente Tello, una de 
las impugnadoras a la contaminación del maíz con transgenes, la 
información oficial confirma que se han vulnerado los derechos humanos a
 un medio ambiente sano, a la conservación, participación justa y 
equitativa, así como a la utilización sostenible que garantice su acceso
 a generaciones futuras de la diversidad biológica.
Sin embargo, Alejandro Monteagudo, 
presidente ejecutivo y director general de AgroBio México (asociación 
civil que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la 
biotecnología agrícola con presencia en el país) asegura que tal 
contaminación de maíz nativo no existe y que aunque pudiera ocurrir “no 
significa [un] impacto negativo”.
De las más de 2 mil colectas, 89 resultaron positivas a la presencia de eventos transgénicos patentados de las trasnacionales Syngenta, Monsanto, Dow AgroSciences y Pioneer Hi-Bred.
Así, en el maíz nativo de seis de las 10 entidades que el INECC monitorea desde hace al menos 1 década, se pueden encontrar los eventos
 BT 176, BT 11, 3272 maize, GA21 maize, de Syngenta; el NK 603 o el MON 
810 de Monsanto; o el 59122 maize de Dow AgroSciences y Pioneer Hi-Bred,
 por mencionar sólo algunos ejemplos.
Ello, según los resultados presentados 
por el INECC, mismos que fueron obtenidos a través de la técnica de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa, utilizada en la biología molecular 
para detectar virus o bacterias causantes de enfermedades, identificar 
cadáveres o hacer investigación sobre el ADN.

Demanda colectiva
El reporte del INECC forma parte de las pruebas presentadas por la colectividad en el juicio en contra del maíz transgénico.
La demanda colectiva fue presentada el 5 
de julio de 2013 por un grupo de 20 organizaciones de la sociedad civil y
 53 personas, entre las que se encuentran Miguel Concha, Antonio 
Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández 
Garciadiego, Víctor Suárez, Julio Glockner, Federico Guillermo Berrón 
Autrique, Adelita San Vicente, Jesusa Rodríguez y Regina Orozco.
 Solicitan
 que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones 
establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados son ineficientes, pues existe evidencia científica de que ha
 habido flujo de transgenes (contaminación transgénica) a los maíces 
nativos.
Solicitan
 que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones 
establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados son ineficientes, pues existe evidencia científica de que ha
 habido flujo de transgenes (contaminación transgénica) a los maíces 
nativos.
Tal ineficiencia ha propiciado que se 
vulneren los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la 
conservación, participación justa y equitativa, así como a la 
utilización sostenible que garantice su acceso a generaciones futuras de
 la diversidad biológica de los maíces nativos; a una alimentación 
adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad; a derechos culturales y a 
la salud, expone Adelita San Vicente Tello, directora de la Fundación 
Semillas de Vida, AC.
Con la demanda se solicitó aplicar una 
medida precautoria que se basa en el riesgo de daño inminente al medio 
ambiente, la cual se concedió y notificó a la colectividad el 20 de 
septiembre de 2013.
El Juzgado Federal Décimo Segundo de 
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitió la medida 
cautelar en la que ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abstenerse de realizar 
actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de 
maíz genéticamente modificado, prescindir de efectuar procedimientos 
para su liberación al ambiente y suspender el otorgamiento de permisos 
de liberación en cualquiera de sus fases, sea ésta comercial, 
experimental o piloto.
La medida impide a trasnacionales liberar
 maíz transgénico en el campo mexicano en tanto no se resuelva el juicio
 de acción colectiva.
No obstante, el miércoles 19 de agosto de
 2015, el juez décimo segundo de Distrito en Materia Civil, Francisco 
Peñaloza Heras, notificó que negaba la petición de suspender la siembra 
de maíz transgénico.
Un día después, el jueves 20, tras la 
apelación de la colectividad, Peñaloza Heras dictó una nueva suspensión 
de siembra de maíz genéticamente modificado.
“La nueva orden judicial se emitió al 
admitir el recurso de apelación que inmediatamente promovimos desde la 
colectividad. La apelación admitida suspende hasta que se resuelva la 
impugnación ciudadana. Por lo tanto, la Sagarpa y la Semarnat están 
nuevamente impedidas para otorgar permisos de siembra de maíz 
transgénico, por mandato judicial”, refiere René Sánchez Galindo, 
abogado de la asociación civil Colectivas, que funge como representante 
legal en el juicio

Hasta ahora, la medida precautoria dictada mantiene en la congeladora
 91 solicitudes de siembra experimental, piloto y comercial de maíz 
genéticamente modificado en alrededor de 3 millones de hectáreas del 
territorio nacional.
El juicio, que se debate en 17 
tribunales, acumula 97 impugnaciones. Monsanto, Syngenta, PHI México, 
Dow AgroSciences y el propio gobierno federal han interpuesto las 
apelaciones ante el Poder Judicial para que se autorice la siembra 
masiva de maíz patentado en el campo mexicano.
Alejandro Monteagudo, presidente 
ejecutivo y director general de AgroBio México (asociación civil que 
agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología 
agrícola con presencia en el país) dice, en entrevista con Contralínea,
 que confía en que se va a permitir la siembra de maíz genéticamente 
modificado, porque la demanda de acción colectiva carece de sustento. 
“No se ofrecen elementos de prueba. Ya el juez décimo segundo dijo que 
no se justifica la medida. Está basada en meros prejuicios y 
suposiciones. No demuestran los riesgos”.
Cuestionado sobre el reporte de 
monitoreos realizados por el INECC, refiere categórico que la 
información no es concluyente. AgroBio, apunta, “no reconoce la 
contaminación de maíz nativo” y descarta totalmente la posibilidad de 
que ocurra contaminación una vez liberado el grano. “Hay muchas maneras 
de preservar, como los bancos de germoplasma o las medidas de 
bioseguridad. Una de ellas es la prohibición de sembrar donde hay 
presencia de variedades nativas: por eso existe un mapa. En esas 
regiones no hay solicitudes”. Además, agrega, “la contaminación no 
significa impacto negativo”.
Para la realización de este trabajo, Contralínea
 solicitó entrevista con la Sagarpa y la Semarnat, quienes dijeron que 
la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados es la responsable de fijar una postura sobre 
el tema hasta que no se “resuelva el tema jurídico”. Al cierre de 
edición, no se obtuvo respuesta.
Elva Mendoza, @elva_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIÓN: CAMPO 
 
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