Cargan a pasivos, bancarrota de Pemex y CFE
La
ruinosa situación a la que han llegado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca ser justificada como
consecuencia directa de factores como la devaluación del peso frente al
dólar y la acumulación de sus pasivos laborales, evitando por todos los
medios tocar asuntos medulares como la corrupción, opacidad y la
inducida “quiebra técnica” puesta en marcha desde hace más de 1 década
para dar cumplimiento a lo establecido en acuerdos internacionales como
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que buscaba
la privatización de las empresas estratégicas del sector energético.
El oculto fin tuvo como aliada a la
corrupción que por décadas echó raíces en las estructuras
administrativas de las ahora empresas productivas del Estado, hasta
llevarlas a su actual bancarrota. Previo al golpe de Estado que
extinguió la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME) denunció la perversa estrategia alentada
por los gobiernos de Acción Nacional, en el sentido de obligarla a
comprar electricidad cara a la CFE para revenderla a los usuarios a un
precio menor. Este sinsentido fue colapsando sus finanzas pues era la
única empresa de electricidad en el mundo condenada a tener fabricadas
pérdidas.
A pesar de ello, el régimen de
jubilaciones para sus altos funcionarios contemplaba jugosas pensiones
que terminaban trasladándose a una entidad que no podía soportar una
carga de tales dimensiones; en su momento, como se recordará, el
gobierno de Felipe Calderón habló de los “privilegios” laborales de que
supuestamente gozaban los electricistas del SME, pero no tocó el tema de
los altos sueldos y millonarias compensaciones de los altos
funcionarios. Y vaya que esas sí eran envidiables canonjías.
Algo similar ocurrió con Pemex,
exparaestatal que por décadas solventó con sus ingresos la carga
impositiva de altos impuestos y la responsabilidad de sacar a flote las
finanzas públicas, subsidiando indirectamente a los evasores fiscales
que no eran otros que empresarios consentidos de la clase política que,
con o sin reforma fiscal, continúan gozando de inconcebibles facilidades
para no pagar sus contribuciones. Pemex fue llevada a su “quiebra
técnica” porque al igual que el sector eléctrico, el de los
hidrocarburos estaba en la agenda de las “concesiones” pactada con
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial.
A Pemex como a Luz y Fuerza se les canceló la posibilidad de fortalecer sus finanzas, como quedó de manifiesto en la docena trágica
de los gobiernos panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón), en cuya
vorágine desnacionalizadora se orilló a la CFE a firmar irregulares
convenios con las empresas trasnacionales para la compra de energía a
altos costos, debilitando tanto a sus finanzas como a las arcas
públicas. Funcionarios como el exdirector, Alfredo Elías Ayub, no sólo
consintieron ser comparsas de tan desventajosos tratos; además,
alentaron una creciente corrupción que desfondó las finanzas de la antes
“empresa de clase mundial”, bajo inexistentes estándares de
productividad y eficiencia.
Casos como el de Néstor Moreno Díaz,
quien entregó infinidad de contratos a empresas privadas a cambio de
recibir ilegales compensaciones monetarias, lo mismo que yates y
ferraris, descubrieron el verdadero rostro de la política energética en
los gobiernos de Acción Nacional. Tras la extinción de Luz y Fuerza, en
octubre de 2009, estos pillos hicieron millonarios negocios con
las empresas contratistas que entraron a suplir la mano de obra de los
trabajadores despedidos del SME. El servicio prestado a los usuarios fue
caro y de ínfima calidad, representando un oneroso gasto al erario
nacional.
Bajo este esquema de paulatina
privatización, el adverso panorama económico es la excusa ideal para
acelerar el proceso de privatización del sector y de sus antes empresas
públicas, condenadas a ingresar al libre mercado en condiciones de
desventaja que vaticinan su debacle absoluta para proceder a su entrega
al capital privado. Como recientemente quedó establecido, por el serio
problema de liquidez y la deuda de 86 mil millones de dólares que
enfrenta Pemex, los proyectos de inversión para la exploración de pozos;
y la reconfiguración de tres refinerías será cedido a la iniciativa
privada.
El lastimoso estado que ahora presenta
la antes “empresa de clase mundial” es la prueba tangible de que nunca
se dieron los niveles de eficiencia y rentabilidad que se pregonaron en
el gobierno de Felipe Calderón. Sus millonarias pérdidas que se repiten e
incrementan año con año son resultado de su inoperancia operativa y
administrativa. Amén de las pérdidas que ahora son endosadas a los
pasivos laborales, la CFE registró números rojos en 2014 por 46 mil 832 millones de pesos, cifra que se disparó en 2015 a cerca de 70 mil millones de pesos.
Ahora, como lo advertimos en este
espacio hace más de 1 año, serán los trabajadores los que deberán pagar
las consecuencias de la incapacidad y corrupción mostrada por sus
últimos exdirectores en complicidad con los líderes charros del
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM) que consintieron cambios al sistema de jubilaciones y
pensiones, desde 2008, y retrocesos a su contrato colectivo para
permitir el despido de miles de sindicalizados. Y ahora no dudarán en
sumar a todos los trabajadores al sistema de cuentas individuales, como
se pretende en la cercana revisión contractual.
En Pemex y en la CFE, los altos
funcionarios y su obesa y deficiente estructura administrativa de
empleados de confianza son los que salen menos raspados con la
austeridad y los recortes, y ni qué decir con la rendición de cuentas
ante el país. En Pemex son los sindicalizados los que han pagado las
consecuencias: en 2015, pretextando las caídas del peso frente al dólar y
de los precios internacionales del petróleo, las autoridades pactaron
con el sindicato el despido de 15 mil trabajadores y este año otros 10
mil se irán a la calle; es decir, 25 mil trabajadores de base
sacrificados en 2 años en aras de haber mantenido una nómina de
privilegiados, en plena época de crisis y austeridad.
Ante este oscuro porvenir de
las antes paraestatales y la cercanía de una crisis económica, política y
social, los mexicanos debemos de preguntarnos si seremos o no capaces
de revertir este desmantelamiento del sector energético que está dejando
sin muchas perspectivas de libertad, democracia y justicia social a las
nuevas generaciones.
Ahora queda bien claro que si de
encubrir las verdaderas razones que llevaron a las instigadas “quiebras
técnicas” de Pemex y la CFE se trata, basta con endilgar las culpas a
factores no determinantes, como los pasivos laborales o la devaluación
de nuestra moneda.
Martín Esparza
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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