México, en regresión autoritaria: Álvarez Icaza
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH. Foto: Germán Canseco
PROCESO
Lo anterior, luego de que se abrió una investigación por la denuncia penal “temeraria e infundada” presentada contra él por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.
Álvarez Icaza recordó que cuando firmó el convenio con México lo hizo por “delegación” del secretario general de la OEA, organización de la que la CIDH es órgano autónomo.
“De continuar (el Gobierno de Enrique Peña Nieto) con su campaña (de desprestigio), será una señal clara de un regreso al México autoritario”, subrayó Álvarez Icaza.
“Si (el Gobierno mexicano) ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país”, agregó el secretario ejecutivo de la CIDH.
El secretario ejecutivo expresó así el malestar de la Comisión luego de que se abriera una investigación previa a raíz de la denuncia penal presentada contra él hace dos semanas por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez,
La averiguación previa de la PGR contra de Emilio Álvarez Icaza es por el presunto delito de fraude en perjuicio de la Federación, por un monto aproximado de 2 millones de dólares.
José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, interpuso la denuncia desde el pasado 16 de marzo, y explicó que el fraude consiste en que el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario, y tres de ellos son deshonestos, y no han contribuido a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos.
Álvarez Icaza considera “inaudito” que México haya abierto una investigación previa sobre esa denuncia y participe en una “campaña de desprestigio” contra el grupo después de haber solicitado la asistencia técnica de la CIDH, de reconocer el informe del grupo, y hasta de sugerir algunos de los nombres de expertos.
“Solo el hecho de procesar esa denuncia es un ataque”, consideró el secretario ejecutivo de la CIDH, que planea volver a su México natal para seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos una vez concluya su mandato el próximo 16 de agosto.
“Los ataques se vienen dando desde octubre (de 2015) y ya hemos tenido que salir dos veces, y en ocasiones los silencios son más preocupantes”, agregó Álvarez Icaza.
El secretario Ejecutivo de la CIDH agregó además que el organismo internacional que representa no ha sido informado por parte del Gobierno mexicano de que el trabajo del grupo que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no vaya a continuar después del 30 de abril.
Ayer, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, descartó una nueva prórroga y reiteró que el mandato del GIEI concluye en un mes.
El grupo de expertos comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas.
Tras vencer el periodo de seis meses otorgado a los expertos, las partes acordaron ampliar el mandato hasta abril de este año y transferir la investigación de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) a la de Derechos Humanos.
La comisión se reunirá el próximo lunes con el GIEI y el próximo miércoles con una delegación del gobierno mexicano en Washington “para saber qué pretende”, en el marco del 157 periodo de sesiones y audiencias públicas.
Durante la próxima semana, la Comisión se reunirá también con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para determinar “cómo proseguir” en este caso.
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