Salinas inició la entrega de la industria eléctrica
Revista Siempre!
La génesis del desmantelamiento energético/II y última
Martín Esparza Flores
Al igual que el sector petrolero, el debilitamiento del sistema eléctrico nacional comenzó en 1992 cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari
promovió cambios a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
(LSPEE), posibilitando la participación de la iniciativa privada en la
generación de electricidad, como un antecedente de la apertura que en
este sentido contendría el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), de 1994.
Esta área reservada al Estado en el artículo 27 constitucional quedó fracturada con la figura de los productores
independientes que terminaron por crecer desmesuradamente en los
gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, de tal modo que a
finales del sexenio de este último, firmas multinacionales ya generaban casi el 50 po ciento de la electricidad total en el país.
De 2000 a 2012 la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) otorgó un total de 772 permisos de generación a empresas
extranjeras como Iberdrola, Intergen, AES y Mitsubishi, entre otras,
derivando en dos factores para la inminente quiebra técnica que hoy
enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE); por
un lado, el margen de reserva de la ex paraestatal que al inicio de la
administración de Fox era de 21 por ciento llegó, en 2009, con Calderón,
a 44 por ciento.
Esto a consecuencia de que los presidentes panistas
no únicamente entregaron la generación a las trasnacionales sino que se
comprometieron, en una de las peores aberraciones de la administración
pública, a comprarles su energía eléctrica a precios que garantizaban
sus inversiones pero representaban una millonaria sangría al erario nacional.
La CFE prefería no utilizar la energía generada en sus propias plantas
en aras de cumplir con los desventajosos compromisos con las firmas
extranjeras; un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
alertaba sobre este proceso de descapitalización de la “Empresa de
Clase Mundial” que al año 2009 le había costado por la compra de energía
a los productores independientes unos 360 mil millones de pesos al país.
Como se puede advertir ahora que la promesa de bajar las tarifas
eléctricas no se ha cumplido, resulta evidente que los desventajosos
contratos firmados por Fox y Calderón no fueron contemplados en el marco
de la reforma energética pues representan un enorme lastre a las
finanzas de la CFE, al menos para los próximos 25 años en que la ahora Empresa Productiva del Estado deberá desembolsar casi dos billones de pesos para hacer frente a los compromisos ya pactados.
Un ejemplo de esta política de desmantelamiento
del sector eléctrico iniciada por Salinas de Gortari lo fue la también
el inducido debilitamiento de las finanzas de la extinta Luz y Fuerza
del Centro a la que la Secretaría de Hacienda obligaba a comprar energía
cara para venderla barata; pese a ello, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lograron mantenerla a flote, lo que no bastó para que, en octubre de 2009, Calderón decidiera extinguirla
como parte del proceso de privatización que ahora ha terminado por
disparar las tarifas eléctricas para la industria, el comercio y los
usuarios residenciales de alto consumo, sin afectar en lo más mínimo a
las trasnacionales que tienen aseguradas sus ganancias en las décadas
por venir.
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