El Tmec marca la agenda de la reforma laboral
El documento
elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
intitulado: Reforma Laboral Compatibilidad del predictamen por el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pone de
manifiesto la prioridad oficial de colocar las reformas en materia
laboral que se procesan en el Congreso de la Unión, en sintonía con las
exigencias del gobierno estadunidense y en especial con las de
congresistas como la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de
Representantes, dejando en segundo plano las necesidades y la opinión de
millones de trabajadores y especialistas del país.
Resulta preocupante en todos los
sentidos la actitud irreflexiva asumida por los diputados del grupo
mayoritario en San Lázaro por votar a favor en un proyecto de ley
diseñado de antemano y al gusto de Washington, luego de armar en sus
foros de consulta una parafernalia de utilería donde las opiniones
emitidas, a fin de cuentas, no serán tomadas en cuenta.
Como ocurrió con la reforma laboral de
Felipe Calderón, enviada a la Cámara de Diputados a unos meses de
concluir su sexenio, en septiembre del 2012, con carácter preferente y
aprobada con la complicidad de los legisladores del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), en el contenido del nuevo
ordenamiento no se está tomando en cuenta el interés de la clase
trabajadora sino la necesidad política de entregar a los socios
comerciales un traje a la medida que no entorpezca el Tmec.
Tras 25 años del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari, los beneficios sociales y laborales para millones de
trabajadores y campesinos fueron adversos en todos los sentidos; los
salarios quedaron pulverizados conduciendo a la pauperización de la
clase obrera y millones de campesinos –se calculan unos 10 millones–
tuvieron emigrar a los Estados Unidos para no morir de hambre.
La congresista Pelosi ha reiterado que
si México no modifica su legislación laboral no podrá amarrarse el Tmec.
El líder parlamentario de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, ha
tratado de maquillar la premura legislativa al justificar que ya estaba
planeado votar la reforma en abril; esto es, antes de que existiera la
declaración de Pelosi.
Pero el documento elaborado por la STPS
indica todo lo contrario al buscar cuadrar el pedimento del gobierno
estadunidense, bajo las siguientes consideraciones como la reforma de
febrero de 2017 –también impulsada bajo el contexto de la fallida
inclusión de México al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TTP, por su sigla en inglés)– y el Convenio 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Senado en septiembre
pasado, con el Capítulo 23 y Anexo 23-A del Tmec, en materia de libertad
sindical y negociación colectiva, firmado por nuestro país con Canadá y
Estados Unidos, sus socios comerciales, en noviembre del 2018.
De acuerdo con lo establecido en el
Anexo 23-A, la entrada en vigor del Tmec daba un “plazo límite” al
primero de enero de 2019 para que México adopte una serie de medidas
relacionadas con el capítulo laboral del nuevo acuerdo.
En torno a la posición del gobierno de
Estados Unidos, el documento de la STPS, cita las palabras de Nancy
Pelosi: “A menos que [México apruebe una legislación acorde a los
compromisos del Tmec], ni siquiera podemos considerar [su ratificación].
Tenemos que ver que México apruebe la legislación, que ésta tiene los
factores establecidos que asegurarán que se aplique y que demuestre
algunos compromisos con sinceridad”.
Según los tiempos establecidos, el
cumplimiento de las nuevas directrices en materia laboral lleva un
retraso de 3 meses. De ahí la premura de la nueva administración para
despachar a la brevedad los cambios legislativos en la materia.
Otra de las voces que ha exigido
celeridad en el asunto es el subsecretario para América del Norte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, quien expresó que si
México no aprueba la reforma laboral no podrá cerrarse el Tmec.
Contrario a lo dicho por Mario Delgado, el funcionario reiteró en una
transmisión vía internet desde Washington, el pedimento de Nancy Pelosi
en el sentido de que el gobierno estadunidense discutirá el Tmec hasta
que México concretice la mencionada reforma.
Censurable que los “representantes del
pueblo” no abordaran desde un principio la discusión de un tema tan
delicado y trascendente para el futuro laboral y el nivel de vida de
millones de mexicanos de una manera responsable, planteando desde
principios de año una amplia convocatoria que permitiera discutir y
analizar a fondo el tema para hacer una propuesta legislativa integral,
con el fin de evitar la creación de una ley a modo de los intereses de
las trasnacionales y del capital nacional y foráneo, como ocurrió con la
reforma de 2012 que resultó hecha a modo de la clase empresarial
abriendo la puerta a la tercerización.
También cuestionable resulta la actitud
asumida por los legisladores del partido mayoritario que desde el
Congreso se han mostrado indiferentes a iniciativas ciudadanas
tendientes a enmendar abusos contra miles de familias de bajos recursos
en todo el país, como los cobros ilegales que desde hace años realiza la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras el cierre de Luz y Fuerza
del Centro y el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en
octubre del 2009, no únicamente en el centro del país sino en diversos
estados del país.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la
Energía Eléctrica (ANUEE) y el SME han acompañado con miles de firmas
una propuesta para elevar el derecho a la electricidad a rango
constitucional como un derecho humano, pidiendo el establecimiento de
una tarifa social en favor de la economía de los que menos tienen y la
aplicación del borrón y cuenta nueva que ha terminado por criminalizar a
los usuarios.
También se han negado a escuchar las
exigencias de miles de pensionados que piden a las autoridades retornar
al viejo sistema de pensiones solidarias, desechando el modelo de las
cuentas individuales manejadas por las Afores y que amenazan con dejar
sin una pensión digna a las nuevas generaciones que empezarán a conocer
de su cruenta realidad en el 2021, al llegar a su jubilación los
primeros trabajadores que ingresaron desde 1997 al nuevo esquema
depredador. En su mayoría ni siquiera alcanzarán el número de semanas
cotizadas y quienes lo hagan no obtendrán más allá del 30 por ciento de
su último sueldo como raquítica pensión.
Para desgracia de millones de
ciudadanos, la actitud asumida por los nuevos “representantes populares”
va adquiriendo cada vez más tintes neoliberales.
Martín Esparza**Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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