Economía e inseguridad, principales deudas de AMLO a 2 años de triunfo electoral
A 2 años del triunfo electoral, el gobierno de AMLO tiene pendientes en economía y seguridad, así como en el tema migratorio. No obstante, en el año y medio que lleva al frente de la administración federal, ha conseguido universalidad en acceso a la salud, programas de bienestar, inteligencia financiera en procuración de justicia, respeto a la soberanía y cooperación con otras naciones, aseguran expertos
La universalidad del acceso a la salud,
los programas de bienestar, el uso de inteligencia financiera en
procuración de justicia, el respeto a la soberanía mexicana y la
cooperación con otras naciones son los mayores aciertos que ha tenido la
administración de Andrés Manuel López Obrador, tras 2 años de su
triunfo electoral como presidente de México, según expertos.
Mientras que la falta de médicos
especialistas y de clínicas en zonas marginadas, la poca eficiencia en
la respuesta a la crisis económica, el incremento de la violencia y la
inseguridad en el país, la falta de horizontalidad en la toma de
decisiones y la contención de la comunidad migrante son los principales
ámbitos en los que urge un cambio de dirección.
Sin embargo, modificar sustancialmente a
México en sólo 2 años es muy difícil, puesto que el país arrastra las
consecuencias de la crisis estructural, orgánica, económica, política,
social y de seguridad que dejaron como herencia las administraciones
pasadas, explica Aníbal García Fernández, maestro en estudios
latinoamericanos.
El también doctorante por la Universidad
Nacional Autónoma de México resalta que, aunque han habido momentos
críticos para el actual gobierno –como lo acontecido en Culiacán,
Sinaloa, tras la orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López, o como
lo de las caravanas migrantes, “la solución no ha sido la represión ni
la violencia de Estado, sino que se comienzan a buscar otras formas para
solucionar los diferentes problemas”.
Universalidad, la principal transformación de acceso a la salud
Uno de los avances más palpables
respecto de las promesas de campaña es el acceso universal a la salud,
medida que apunta a una transformación real en el sistema. Sin embargo,
ésta no será posible a menos que se asigne mayor presupuesto a áreas
prioritarias y se cree la infraestructura necesaria para atender a toda
la población, indica el investigador de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, Mario Santiago Juárez.
El doctor en derecho agrega que, con la
instrumentación del Plan Nacional de Salud se obliga al Estado mexicano a
otorgar acceso a la salud de manera universal, y con éste se pretende
que en 2024 todos los habitantes del país reciban atención médica y
hospitalaria gratuita, así como medicamentos, materiales de curación y
exámenes clínicos sin ningún costo adicional.
El doctor Santiago Juárez expresa que
éste es un viejo reclamo de la sociedad porque, a pesar de que se ha
transitado a ampliar la plantilla de beneficiarios en las instituciones
de salud pública, la atención sigue siendo muy dispar, pues no es el
mismo servicio que brindan los hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex)
o de las Fuerzas Armadas al que ofrece el Instituto Nacional para la
Salud y el Bienestar (Insabi).
No obstante, esta transformación no ha
sido aceptada principalmente por la gente que ya se encuentra asegurada
en una institución de salud, pues el acceso universal a este derecho
implicaría el trato igualitario de las personas que lo soliciten y este
sector no quiere que su “trato privilegiado” se vea disminuido o
igualado al resto.
“Esta política pública previa a la
Covid-19 es fundamental, pues en México hay un enorme grupo de personas
que no son asalariadas y que no aportan recursos para poder ser
asegurados. Con esta reforma constitucional se instruye a dar atención a
la salud sin importar quién eres, cuánto ganas, si eres trabajador o
viudo; y éste es uno de los mayores avances en el ámbito”, agrega el
también especialista en temas de derechos sociales y Estado de
bienestar.
Con el inicio de la pandemia se dieron a
conocer fallas graves por parte de la administración actual, como la
escasez de insumos necesarios para hacer frente a la pandemia, con la
que tenía que operar el personal médico, como la falta de cubrebocas,
caretas, respiradores y demás equipos.
“Es gravísimo lo que sucedió con los
médicos que fallecieron porque si se demuestra que eso fue por desidia o
falta de previsión de parte de las autoridades de salud sería algo
bastante grave”, advierte el doctor Mario Santiago.
Sin embargo, observa que gracias a los
cambios generados a partir del Plan Nacional de Salud, México pudo
enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria; pues el gobierno
previamente se dio a la tarea de investigar cuántos hospitales se habían
inaugurado, cuántos estaban abandonados y cuántos no estaban
funcionando, y ahora esos son los que operan y dan atención a pacientes
con Covid-19.
En este año, la Cámara de Diputados
incrementó el presupuesto de la Secretaría de Salud, pues de los 124 mil
266 millones de pesos que le fueron asignados en 2019, la institución
obtuvo 128 mil 826 millones 414 en este 2020. Mientras que en su primer
año de operación, el Insabi recibió 112 mil 538 millones de pesos.
No obstante, el programa de Vigilancia
Epidemiológica de la Secretaría de Salud –que sirve para combatir
epidemias como la actual– sufrió un recorte de 50 millones de pesos, al
habérsele designado 533 millones de pesos en este año, el monto más bajo
desde 2009, según el Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria.
Pese a ello, los recursos asignados al
sistema de salud lograron que hasta el momento no haya reportes de
desbordamiento hospitalario de casos de Covid-19 en todo el país. Aunque
es necesario que el presidente considere el presupuesto que se debe
designar a mediano y largo plazo a este sector, principalmente por las
consecuencias de la pandemia, comenta el investigador Mario Santiago.
Y agrega que “es errónea la idea de que
hubo recortes en el sector salud: sólo hubo reajustes en la dirección
del presupuesto. En el gobierno de Felipe Calderón se inició con el
Seguro Popular, pero no se procuró que las personas tuvieran acceso
gratuito a medicamentos y estudios clínicos. Aunque en ese momento se
aumentó el presupuesto en materia de salud, este no fue determinante
para que las personas fueran atendidas. Esa es la principal diferencia
con esta administración”, considera.
El especialista subraya que, aunque la
dirigencia de López Obrador no ha sido perfecta, la máxima autoridad
mundial en materia de salud –la Organización Mundial de la Salud– ha
reconocido el actuar del gobierno mexicano.
“Se ha actuado conforme a los
lineamientos internacionales y se evitó la implementación de
confinamiento obligatorio, porque nuestra economía es tan desigual que
obliga a la gente a trabajar todos los días. Al final estamos viendo que
México no ha sido de los países más afectados por la pandemia, tomando
en cuenta las muertes por cada 100 mil habitantes. Estamos muy lejos de
ser de los más afectados”, apunta.
Añade que en materia de salud pública no
se debe creer que se está regalando algo: éste es un derecho que todos
tenemos. “Hay que desterrar las ideas de que regalan el dinero o que
este sistema es clientelar, sólo se está cumpliendo con el artículo
cuarto de la Constitución, el cual establece el derecho a la salud”.
Crisis económica el principal reto de AMLO
La crisis económica es uno de los
principales retos a los que el presidente López Obrador y su gabinete se
enfrentan, sobre todo porque ésta se ha agravado con la presencia de la
epidemia provocada por la enfermedad de Covid-19, según especialistas.
El investigador José Antonio Vital
Galicia, integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica
Política y Social –de la Facultad de Economía de la UNAM–, dice a Contralínea
que las “dificultades” en la economía nacional ya existían desde antes
de la emergencia sanitaria. Sin embargo, “la estrategia de confinamiento
tuvo un impacto mayor sobre la dinámica económica y social”.
Agrega que dicha estrategia resultó
exitosa en proteger la salud pública, ya que se logró “limitar la
extensión de la epidemia”, pero “el efecto económico fue desastroso”. Un
ejemplo es el incremento del desempleo.
Los resultados de la Encuesta telefónica de ocupación y empleo (ETOE), que
realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi),
revelaron que la población económicamente activa disminuyó de 57.4
millones a 45.4 millones de personas de marzo a abril de este año. Esto
quiere decir que hubo una reducción de 12 millones de trabajadores.
Además, el especialista dijo que “si se agrega la visión de austeridad
es como llover sobre mojado”.
Por ello, considera que fue una decisión
equivocada realizar un confinamiento “tan fuerte” y que, en lugar de
esto, las autoridades sanitarias debieron de haber aplicado el método de
vigilancia y control epidemiológico territorial, delimitando el daño
económico y social por localidades, municipios y estados.
Para ejemplificar esta situación, dice
que en el Valle de México –que es una zona que se ha mantenido en los
primeros lugares en el número de casos activos y de hospitalizados– se
debió realizar un “cerco epidemiológico”.
Esto en lugar de cerrar los estados en
su totalidad, porque el impacto es tal que las personas “no se mueren
por la enfermedad, se mueren de hambre”.
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó, a través del informe El desafío social en tiempos de Covid-19, que
México será el país de la región que mayor incremento de pobreza va a
tener durante 2020, ya que va a aumentar un 5.9 por ciento. Asimismo,
habrá 4.8 por ciento más de personas que vivan en pobreza extrema. Esto
quiere decir que, al finalizar el año, 47.8 de cada 100 mexicanos serán
pobres y 15.9 de cada 100 se encontrarán en pobreza extrema.
El investigador José Vital señala que
los programas que ha instrumentado la Secretaría de Bienestar “son
medidas necesarias, que son útiles para que no se desborde la crisis,
pero lo único que se está haciendo es anestesiar la gravedad de la
enfermedad porque no hay una política de reconstrucción de la economía”.
Explica que cuando ya exista una vacuna
para combatir la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, México va
a tener que hacer una inversión aproximadamente de 80 mil millones de
pesos, porque los laboratorios del país no están trabajando para generar
su propia vacuna.
Asimismo, destaca que para combatir la
crisis económica es importante que el gobierno federal realice una
inversión productiva en las diferentes actividades económicas, sobre
todo en pequeñas y medianas empresas.
Otra medida que considera como una
acción urgente es la renegociación del servicio de la deuda pública,
porque el costo para la economía nacional sería de más de 600 mil
millones de pesos.
Por último, el experto subraya que a 2
años del triunfo de López Obrador son de cambio político porque “había
una expectativa muy grande en la población de que hubiera cambios”.
Además, pide a senadores y diputados que realicen su trabajo, porque las
comisiones de Salud y Seguridad Social han estado “ausentes” desde que
inició el confinamiento.
“Los trabajadores mexicanos se vieron
afectados por toda esta política epidemiológica que paralizó la economía
y eso no les mereció la atención a los legisladores para buscar una
estrategia [sanitaria] distinta” que disminuya el impacto económico en
la sociedad.
Seguridad, un ámbito pendiente
La coordinación entre la inteligencia
criminal, inteligencia financiera y la procuración de justicia es uno de
los aspectos que debe fortalecer la administración actual en materia de
seguridad pública, considera el doctor Carlos Flores, investigador del
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS).
Y es que en el Plan Nacional de Paz y
Seguridad 2018-2024, López Obrador planteó un enfoque más integral al
combate a la delincuencia y al crimen organizado. Esto con el fin de
atender las causas estructurales de la violencia, tal como la pobreza,
marginación, la falta de oportunidades laborales, así como la
insuficiencia de servicios educativos.
Esta línea de acción es
“importantísima”, sin embargo, tendrá efectos visibles en un mediano o
largo plazo, explica el investigador del CIESAS. Ello, porque dicha
política primero tiene que enraizarse en la estrategia de seguridad del
país para que, en unos años, se puedan obtener resultados
significativos.
Por ello –resalta– se necesita de manera
inmediata un rol más activo de la Unidad de Inteligencia Financiera, en
materia de procuración de justicia, a través del congelamiento de
activos de células delincuenciales, ya que de esta manera se podrían
desmantelar dichas estructuras. “El polo de la inteligencia financiera
había sido subutilizado en administraciones anteriores y creo que es uno
de los elementos que puede brindar resultados más provisorios”.
El doctor Carlos Flores también comenta
que, en este afán del presidente de evitar reproducir escenarios de
violencia –como los vividos en administraciones anteriores–, la
violencia ha incrementado, puesto que las organizaciones delictivas no
son receptivas a esta iniciativa de pacificación e, incluso, han llegado
al extremo de atentar contra las figuras de seguridad, en referencia al
atentado que sufrió Omar García Harfuch, secretario de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, el pasado 26 de junio.
“Lo que vimos la semana pasada en la
propia capital del país nos advierte la necesidad de tener otras
estrategias que puedan prevenir acciones de esta naturaleza. Se tenía
conocimiento de estos atentados contra la vida de funcionarios públicos
de alto nivel; desafortunadamente no se dieron las suficientes
estrategias para evitar que ese atentado se efectuara”, afirma.
El especialista en el estudio de la
delincuencia organizada resalta la necesidad de que exista más
proactividad por parte de las instituciones de seguridad: “estamos
enfrentando una situación de limitaciones económicas y de pandemia que
tampoco favorecen la articulación de estrategias gubernamentales y a
esto se suma el entramado legal de instituciones que han sido
configuradas para garantizar la impunidad, las cuales no son tan fáciles
de desmontar, e incluso son obstáculos subsecuentes para que estas
acciones delictivas se lleven a cabo”.
Por otra parte, ante el repunte de la
violencia, López Obrador optó por la creación de una nueva fuerza de
seguridad: la Guardia Nacional, conformada por integrantes de la Policía
Militar, Naval y los remanentes de la Policía Federal.
Este cuerpo ha pretendido sumar capital
humano capacitado en derechos humanos para realizar tareas de seguridad,
pero sólo debe actuar cuando es absolutamente necesaria su
intervención, como en las zonas donde se registran los mayores índices
de violencia del país:
“Soy partidario de fortalecer las áreas
civiles y creo que gradualmente debe fortalecerse estas organizaciones y
sólo en excepciones se debería permitir la intervención de las Fuerzas
Armadas. Mi recomendación sería apostar por la construcción de
instituciones civiles”, opina Flores, doctor en ciencias políticas y
sociales.
Por su parte, Vidal Romero, miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y jefe del del Departamento de
Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, explica
que la estrategia de seguridad actual es la misma que la de 2006. “Por
alguna razón, la gente que lo asesora o él mismo [el presidente] supone
que una política donde eche toda la fuerza a la calle, es decir al
Ejército es lo que le va a llevar a dar esos resultados rápidos y se ha
topado con los mismos resultados de las administraciones pasadas”.
Además, el especialista añade que es
“ingenuo pensar que acabando con las organizaciones criminales vas a
acabar con el problema de inseguridad porque acabas con una y surge otra
porque el mercado de las drogas ahí sigue”.
El presupuesto destinado este año para
la seguridad pública aumentó 39 por ciento, en comparación con el de
2019, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le
asignaron 112 mil 860 millones de pesos. Este monto es adecuado para
realizar las tareas de seguridad establecidas en el Plan Nacional de Paz
y Seguridad, asegura el doctor en ciencia política.
El investigador destaca que la manera en
la que la administración actual ejerce el gasto podría focalizarse a
tareas más sustantivas y no solamente las dedicadas al arresto masivo de
personas, como sucedía en otros sexenios, que destinaban la mayor parte
de sus recursos a tareas de vigilancia, disuasión y operativos en las
calles, las cuales no eran las acciones más significativas para
desmantelar organizaciones criminales.
Por su parte, el investigador Carlos
Flores se refiere a los opositores políticos de López Obrador, que
frecuentemente descalifican las acciones gubernamentales pero sin
argumentos, sólo por sus posturas políticas. Y recuerda que las
circunstancias que se están presentando en el país requieren de elevar
miras, conjuntar acciones y encontrar, con objetividad, los puntos
fuertes y las ventanas de oportunidades que este gobierno ofrece para
desarrollar.
México, líder gracias a su política exterior
El reconocimiento a la soberanía de
México, la cooperación para el desarrollo entre diferentes países y la
defensa de que la “mejor política exterior es la interior” son las
principales fortalezas de la estrategia de política exterior que López
Obrador ha instrumentado desde su llegada a la Presidencia, afirma
Aníbal García Fernández, integrante del Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
Explica que, con la imposición de
aranceles de Estados Unidos, la política energética nacional y la
llegada de caravanas migrantes, se esperaba que la relación entre México
y otras naciones fuese ríspida o conflictiva, pero ésta resultó “todo
lo contrario”, pues Andrés Manuel ha manejado los momentos de crisis de
“igual a igual”.
Además, en la búsqueda del respeto a la
soberanía mexicana (aspecto que perdió fuerza con los gobiernos panistas
y priístas), el presidente de México rompió la tradición de los últimos
presidentes de permitir la intromisión de Estados Unidos en ámbitos
nacionales, y esto lo logró sin perder la relación de “buena vecindad”
con dicha nación.
“Éste es uno de los rubros de mayor
trascendencia. En el sexenio anterior [con Enrique Peña Nieto] hasta se
dió la visita de Estado a Donald Trump cuando era candidato
presidencial. Algo nunca antes visto y que contribuyó a que Trump se
posicionara en su país. Ahora, y ante los cambios constantes de postura
del presidente estadunidense, el actual gobierno ha salido bien parado
sin perder su soberanía ni el Tratado de Libre Comercio (T-MEC)”,
asegura el también maestro en estudios latinoamericanos.
Reconoce que la política de austeridad
republicana implicó que otros representantes del gobierno acudieran a
las reuniones bilaterales para terminar la negociación del T-MEC o para
tratar otros problemas, como la migración, sin que eso implicara una
pérdida de presencia en Estados Unidos.
Aunque, hasta ahora, el presidente no ha
salido del país, ello no significó la pérdida de presencia
internacional de México, indica el maestro García Fernpandez. La
designación de López Obrador como titular de la presidencia pro tempore de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es prueba
de ello. Así como la invitación efectuada por las Naciones Unidas para
que el país formara parte de su Consejo de Seguridad.
Por otra parte, en materia migratoria
“hay varios claroscuros”: el estreno de la Guardia Nacional para
contener la migración “es ejemplo de las fallas estructurales que se
fortalecieron con los gobiernos anteriores”, asegura el investigador.
Y es que en la última encuesta realizada
por la Celag se mostró que una parte de la población mexicana estaría
de acuerdo en cerrar la frontera sur, en condiciones actuales de
pandemia. Esto indica que, ante una situación de crisis, “la sociedad
mexicana tiende a elegir soluciones restrictivas”.
Sin embargo, detalla que esta situación
necesita soluciones conjuntas con países centroamericanos, aunque la
coordinación con los demás gobiernos sea más difícil por sus dinámicas
propias y problemas.
La principal fortaleza del primer
mandatario ha sido la política interna, indica el investigador del
Celag: “el presidente ha mencionado más de una vez que la mejor política
exterior es la interior. A la par de ello ha fortalecido su relación
con otros países de América Latina y el Caribe. La presidencia pro tempore es uno de los puentes más importantes en tema comercial, social y de integración regional”.
El doctorante Aníbal García agrega que,
si bien, uno de los puntos de crisis de esta administración fue el golpe
de Estado en Bolivia, la relación entre ambos países no se rompió.
Además, la relación con Argentina es excelente y con Cuba sigue una
larga tradición de amistad y cooperación para el desarrollo.
Mientras que con Europa se participa en
el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y con Asia, México ha
buscado la multilateralidad, lo cual se ve reflejado en el puente aéreo
establecido con China para el suministro médico y la compra de
ventiladores.
Al preguntarle sobre los señalamientos
realizados por diversos especialistas acerca de que la actual estrategia
internacional le resta liderazgo al gobierno mexicano, García Fernández
responde que si así fuese México no formaría parte de la ONU ni de la
Celac.
Además pone como el ejemplo el rol
“importantísimo” que jugó el país, ante la caída de precios de petróleo y
la reducción de la producción del mismo, pues “defendió la política
energética nacional, ante los principales productores mundiales y el
acuerdo de la OPEP salió adelante”.
Respecto a la relación entre la
estrategia internacional y la inversión extranjera, el también
especialista en políticas de desarrollo señala que la inversión está
relacionada no sólo a lo externo, sino también a lo interno, así como a
los cambios que se hagan en el Congreso.
“Hasta la fecha no se han perdido
inversiones por eso, sino por la crisis económica en curso que inició en
2019. Los principales inversionistas siempre buscan los mejores
rendimientos, a partir de la explotación laboral y como México ya no
compite internacionalmente con salarios bajos, los inversionistas buscan
otros países en donde puedan beneficiarse de ellos, de impuestos bajos y
rendimientos altos”, asevera.
Es por todo lo anterior que considera
que México no ha perdido liderazgo, sino que se ha reconfigurado en el
mapa mundial e intenta buscar el equilibrio entre soberanía, el respeto a
la libre autodeterminación de los pueblos y el multilateralismo que se
concatena en la Doctrina Estrada.
Por último, el integrante del Celag llama a la administración actual a analizar detenidamente las “letras chiquitas”
del T-MEC para que las condiciones jurídicas de los tres países estén
más claras y no se tengan repercusiones en las inversiones futuras.
Asimismo, el maestro resalta que no debe
esperarse “mucho” de este acuerdo, pues puede beneficiar sólo a las
empresas estadounidenses, sobre todo las energéticas, las tecnológicas,
farmacéuticas y las de streaming.
“Desde luego que es difícil modificar
sustancialmente al país y ver cambios en tan poco tiempo, pero se están
haciendo grandes esfuerzos a nivel presidencial, judicial y en las dos
Cámaras. El aumento al salario mínimo, la búsqueda de soberanía
energética, el fortalecimiento energético como palanca de desarrollo, la
política social enfocada a sectores sociales vulnerables y la lucha
contra la corrupción son medidas que, en conjunto, intentan buscar
mejores condiciones para la sociedad”, finaliza.
Gobernabilidad-estados
La estrategia de seguridad de la
administración actual y la respuesta que el gobierno federal ha dado a
la crisis económica por la que atraviesa México son dos aspectos
importantes para observar que el manejo de la gobernanza en el país “no
ha sido la mejor”, y aún hay retos pendientes para el presidente en este
sentido, de acuerdo con el investigador del SNI Vidal Romero.
Además, ¡califica la toma de decisiones
del gobierno federal como “extremadamente vertical”. Explica que esto se
debe a que sólo se han priorizado algunos temas, como la estrategia de
seguridad y muchos otros se han dejado de lado. Un ejemplo son los
derechos humanos.
También explica que las elecciones
intermedias que se van a realizar el próximo año son determinantes y
seguramente van a ser “intensas”, ya que “se juega mucho el gobierno de
López Obrador”.
El doctor advierte que podría ocurrir
una crisis política para el partido político Movimiento Regeneración
Nacional que provoque su desintegración porque ya “existen conflictos
que se van a agravar más en los siguientes seis meses que se deciden las
candidaturas”.
“Es la última elección en la que los
candidatos de Morena van a competir junto con López Obrador, cualquiera
que conozca la dinámica electoral de la izquierda y de México sabe que
este partido tiende a desintegrarse”, menciona.
El también doctor en ciencia política
comenta que la oposición “está perdida” porque se distraen con cualquier
cosa que dice López Obrador y se esfuerzan en hacerlo ver como
“incompetente”, pero la realidad es que a una parte de la población eso
no le importa porque “mientras reciban su transferencia de cualquiera de
los programas de gobierno ellos lo van a seguir apoyando”.
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