Gobierno e IP logran acuerdo y pactan tope de tres meses para las utilidades
Las mesas de diálogo entre el gobierno federal y la iniciativa privada concluyeron el viernes pasado después de tres meses de negociaciones en torno a los impactos de la reforma de subcontratación, entre ellos, en el reparto de utilidades. El acuerdo alcanzado consiste en reformar la Ley Federal el Trabajo (LFT) para topar a tres meses este derecho constitucional de los empleados y elevar el pago a un promedio de 57 días de salario.
Con dicho acuerdo se destraba la discusión pospuesta sobre la iniciativa de reforma para regular el outsourcing que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 12 de noviembre de 2020, y que pretende aprobarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones el 30 de abril.
De acuerdo con la propuesta que presentó la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, a los representantes empresariales, con los ajustes en materia de PTU “se busca beneficiar a todos los trabajadores remunerados y que las empresas contraten directamente sin emplear la figura de subcontratación de personal”.
El gobierno propondrá como parte de la reforma de tercerización sobre la mesa un cambio en el artículo 127, fracción VIII, de la LFT para establecer que “el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”.
El análisis que presentó la dependencia indica que con la propuesta los trabajadores recibirán en promedio 57 días de salario; lo que representa aproximadamente 18,557 pesos. Esta cantidad “es 2.59 veces más de lo que reciben actualmente”, detalló la dependencia federal, pues el promedio actual es de 22 días de utilidades, equivalente a 7,301 pesos.
En la reunión se dijo a los representantes empresariales que “la propuesta facilitará la aplicación de la ley y dará un trato igualitario a todos los sectores… y en donde habría más beneficio a aquellos que pagaban PTU muy por debajo del promedio nacional y evita la discrecionalidad en el pago”.
STPS da claridad con nuevas reglas
Al respecto, Óscar de la Vega, socio de la firma D&M Abogados, expuso que “esta es una solución práctica que le da un respiro a la competitividad del país; no obstante, tendremos que analizar el fundamento jurídico, ya que esto es facultad de la Comisión para la fijación del porcentaje que se nombra cada 10 años y la Sexta Comisión ya lo fijó en 10%, que es sobre la utilidad repartible de acuerdo a la fracción IX del artículo 123”.
Germán de la Garza de Vecchi, socio líder de Servicios Laborales en Deloitte México, dijo que “es claro que la Secretaría del Trabajo y la Cámara de Diputados buscarán sacar adelante la reforma en subcontratación; me parece que en la medida que se vayan dando señales sobre cómo se ayudará a disipar la incertidumbre que se ha generado, eso es positivo”.
En tanto, Ricardo Martínez Rojas, también del despacho D&M Abogados, advirtió que el acuerdo anunciado es exagerado, ya que las pequeñas y medianas empresas no pueden, financieramente, soportar una medida de esta naturaleza, y a las grandes empresas se le elevarán los costos.
“Considerando tres meses de salario es un aumento salarial del 20% anual. Las empresas formales ya no pueden con los costos laborales, IMSS, Infonavit, Impuesto Sobre Nómina, Teletrabajo, prohibición de subcontratación, esto va a generar más desempleo en medio de una grave crisis económica provocada por el covid”, expresó.
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