¿Podrían volver las altas comisiones al ahorro para el retiro de los trabajadores?
Antes de la reforma de 2020, las afores en México cobraban las tasas más altas por manejar las cuentas de la población trabajadora, el promedio era 0.98% del ahorro mientras que en Estados Unidos era de 0.45 por ciento.
El amparo provisional que un juzgado le concedió hace unos días a Afore Azteca contra el tope a comisiones trae de vuelta a la agenda pública la disputa: “Los derechos de los trabajadores contra las utilidades de las empresas”, como lo expresa María Ascensión Morales, especialista en derecho laboral y seguridad social. Pero el desenlace de esa acción judicial contra la disminución de las comisiones que las administradoras le cobran por administrar los ahorros de la población trabajadora podría significar “el desmoronamiento de la reforma” que topó esos cobros, considera Saúl Escobar Toledo, del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL).
En diciembre de 2020 el Congreso aprobó la reforma de pensiones impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Con ello, se redujo de 1,250 a 1,000 las semanas de cotización para obtener una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez. También, a partir de 2023, las empresas subirán de 6.5 a 15% su aportación a la cuenta individual de las trabajadoras y los trabajadores, esto lo realizarán de manera paulatina.
Además, se acordó poner un tope a las comisiones que cobran las afores. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las tasas que obtenían en México eran de las más altas: 0.98 por ciento. En Estados Unidos son de un nivel 0.45%; en Suecia, de 0.50%, y en Colombia, de 0.62 por ciento.
En días pasados, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones le concedió la suspensión provisional a Afore Azteca contra el tope de 0.57% de comisiones incluido en la reforma. Esto quiere decir que, en tanto no se analice a fondo y se resuelva si esa medida le perjudicial o no, se suspende sólo para esa compañía. Es decir, podrá seguir cobrando una comisión más alta.
Pero Saul Escobar, profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), especializado en temas laborales, observa un “peligroso precedente”. Si bien la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) ha informado que Azteca es la única empresa que ha interpuesto este recurso legal, no sólo podrían agregarse otras afores, sino que los centros de trabajo que no quieran aumentar la cuota patronal podrían interponer también sus amparos, advierte. “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Congreso deben intervenir para convencer al Poder Judicial de rechazar el amparo definitivo”, agrega.
¿Es mejor un sistema mixto?
Desde la discusión de la reforma al sistema de pensiones la queja de las afores fue que bajarían sus ganancias e incluso que quebrarían, recuerda María Ascensión Morales, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Esta semana se cumple un año de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el 1 de enero, de su entrada en vigor.
Un alto porcentaje de comisiones “disminuye el ahorro de los trabajadores en su cuenta individual y puede disminuir la tasa de reemplazo, o sea, la cantidad de dinero que recibirán cuando se jubilen”, explica Saúl Escobar. Si la demanda de Azteca tiene éxito, “las jubilaciones de las personas que menos ganan las que más sufrirán el costo de volver a esas tasas tan altas”, apunta.
“Es grave, desde el punto de vista político, que las empresas se desdigan del acuerdo” al que llegaron con el Ejecutivo para que la reforma pasara en el Legislativo, dice. “Cuando vieron un resquicio legal, no dudaron en aprovecharlo”.
Y desde el punto de vista social, “la reforma no fue realmente benéfica para los trabajadores”, considera María Ascensión Morales. Desde el 2015, la OCDE señaló que las comisiones que las afores cobran en México no sólo son de las más altas, sino que no generaban competencia. La semana pasada, en un nuevo informe, resaltó las proezas de la reforma de 2020, asegurando que ha sido la más completa de los países que conforman esa organización.
“Eso se dijo desde 1995, cuando se aprobó este sistema, se advirtió que esto no iba a ser la solución al problema de las pensiones y que los únicos afectados serían los trabajadores. Y la realidad lo ha demostrado”, recalca la académica.
Ésta “es una lucha que no quieren perder las empresas. Durante 24 años tuvieron todo a favor. Sus utilidades nunca fueron perjudicadas, ni en la crisis económica de 2009 ni en la actual, aunque decían que bajarían entre 27 y 30%, pero eso es básicamente lo que les quitaban de recursos a los trabajadores. No eran ganancias propia y legítimamente dichas”.
Antes de la pandemia, el promedio de retiros a las cuentas individuales por desempleo era de más de 2.5 millones, sostiene. Esto les trae una triple sanción a las personas trabajadoras, explica. Primero, reducen el monto de su ahorro; en segundo lugar, tendrán que laborar más años para compensar las semanas que se atrasaron y nivelar la cantidad que tomaron. En tercero, explica, “afectan el monto general de los otros asegurados”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que “no es conveniente continuar con este tipo de sistemas. Que es mejor cambiar a uno mixto, el cual no excluya la participación de las administradoras privadas, pero que no sean el único pilar en el que el trabajador se juegue su presente y su futuro”. Pero la discusión en México no ha podido llegar a hasta ahí, apenas se llegó a bajar las comisiones y ahora podría revertirse, lamenta.
Saúl Escobar agrega que las trabajadoras y los trabajadores reciben muy poca información de parte de las afores sobre cómo se comporta su ahorro. Y en general, hay un amplio desconocimiento de sus derechos y de las reformas en su favor, “seguramente pocos saben que a partir de 2023 las aportaciones patronales tendrán que ser mayores”. Los sindicatos y las propias autoridades deben hacer un mayor trabajo de difusión, concluye.
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