Conciliación de conflictos laborales, logros y desafíos tras el primer año del modelo
El Estado de México, la entidad más poblada del país, con casi 17 millones de personas, fue de las primeras en poner en marcha el nuevo modelo de justicia laboral a finales de 2020; cuenta con 100 conciliadores y conciliadoras.
Es entendible la prórroga solicitada por 12 entidades federativas para poner en marcha el nuevo modelo de justicia del trabajo, pues hay una serie de retos para su implementación, señala Rosa María Nava Acuña, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Esa entidad es la más poblada del país y donde ya se inició el modelo conciliador que estipula la reforma laboral.
Desde noviembre de 2020, ha logrado acuerdos económicos para los trabajadores y trabajadoras por un monto total de más de 806 millones de pesos, informa en entrevista. “Por ser los primeros a nivel federal, tuvimos varios retos”, pero, a un año y dos meses del funcionamiento del centro, “somos un referente”, asegura. “Le hemos dado acompañamiento y asesoría a 22 entidades federativas”.
En el Estado de México habitan casi 17 millones de personas y existen más de 800,000 unidades económicas que emplean a millones de trabajadoras y trabajadores, para los que hay 100 conciliadores y conciliadoras. Es el centro con más personal especializado.
El pasado 18 de enero, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL) acordó pedirle al Congreso una prórroga para que los centros de conciliación y tribunales laborales locales en los 12 estados del país que están pendientes de sumarse al nuevo modelo entren en funciones el 3 de octubre y no el 1 de mayo de 2022, como estaba previsto. El retraso se debe a la falta de presupuesto para infraestructura y operatividad de estos organismos.
Derivado de la reforma laboral de 2019, las juntas locales de Conciliación y Arbitraje irán desapareciendo, para dar paso a centros en los que se busque un acuerdo entre las partes y, una vez agotado ese trámite y si no se resuelve el caso en esa instancia, avanzarían a un tribunal.
Dicho cambio de tal magnitud ha requerido que se realice en tres etapas. La primera inició en 2020, en ocho entidades. La segunda se ejecutó en 2021, en 12 estados y la última se llevará a cabo en este 2022 en 12 estados.
Conciliadores privados, el próximo proyecto
Para el primer año de funciones, el centro recibió 84 millones de pesos, 40 millones de dicho monto provinieron de la federación y 44 millones del presupuesto estatal. Con esos recursos se dio inicio “a la parte patrimonial, las oficinas, el acondicionamiento, el equipo, el reclutamiento del personal y la capacitación”, entre otros gastos.
“Para 2022 todavía no está autorizado, pero hemos solicitado 83 millones de pesos, para seguir consolidando la conciliación en todos los factores de producción”.
Con ese presupuesto también pretenden comenzar el proyecto de la red de conciliadores privados. Se trata de un “servicio externo” de personal privado, “vamos a darles la capacidad a los particulares de llevar la conciliación a los centros de trabajo, a los sindicatos, pero siempre con un control” desde el organismo.
Quienes quieran formar parte de esa red deberán certificarse en el estándar de competencia EC1250, para la conciliación de conflictos en materia laboral, que otorga el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).
El centro de conciliación seguirá siendo quien tenga “la capacidad de control”, explica, por lo que llevará el registro de quienes integren esa red privada y se encargará de su evaluación. Los convenios que celebren esos particulares “estarán avalados por el centro”.
De acuerdo con la funcionaria, ya cuentan con el anteproyecto de reforma a Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México y de su reglamento para ser presentado al Congreso local.
La voluntad, la máxima de la conciliación
Hasta ahora, el centro de conciliación del Estado de México ha recibido 40,684 solicitudes de conciliación. El incumplimiento de contrato, el despido injustificado y la falta del pago del finiquito son los tres principales conflictos que les llegan.
De acuerdo con el artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los casos de discriminación por embarazo, razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual queda exentos de ser conciliados, pueden ir directamente a tribunales.
“Sin embargo, hemos tenido casos de trabajadoras embarazadas que se acercan para pedir una conciliación”. En la dirección de Tlalnepantla mediaron el caso de una empleada que fue despedida por ese motivo, pero ella prefirió terminar el conflicto en esa instancia y no demandar en un tribunal.
“Tenemos la obligación de salvaguardar los derechos laborales y fundamentales y nos apegamos al principio de la conciliación, que es el de buena fe e imparcialidad, ser neutrales, pero sumamente sensibles a esos temas”.
La gran diferencia entre las juntas de Conciliación y estos centros es que este modelo “es totalmente autocompositivo. Eso significa que el trabajador o la trabajadora, como el propio patrón, al acudir a los centros tendrán un proceso ágil, flexible, gratuito y, sobre todo, imparcial, en el que puedan obtener la resolución de sus controversias en un plazo no mayor de 45 días”.
Al acordar un convenio de conciliación “estamos dando certeza jurídica a las partes y exaltamos su voluntariedad, que es la máxima del procedimiento”, puntualiza.
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