Iniciativa en el Congreso de Querétaro busca legalizar el abasto privado del agua: ONG
Lunes 16 de mayo de 2022, p. 11
En Querétaro, en medio del estrés hídrico, el área urbana se multiplicó en 17 veces entre 1970 y 2017, mientras la población únicamente creció cuatro veces en el mismo periodo. Ante la expansión de desarrollos inmobiliarios, industriales y de servicios, el abasto de agua potable se privatizó fuera de la ley a través de múltiples organismos operadores ligados con las constructoras, proceso que ahora el PRI y el PAN buscan legalizar con la expedición de una ley de aguas de la entidad sin considerar el derecho humano al líquido, advierten organizaciones.
En 2019, la entidad ocupaba el sexto lugar en el país con estrés hídrico según el Instituto de Recursos Mundiales, seis de 12 acuíferos de la región están sobrexplotados, además de ser una de las cuatro regiones más críticas del país de acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El 30 de abril pasado, el Servicio Meteorológico Nacional registró que 85 por ciento de su territorio tenía algún grado de sequía.
La entidad es la única del país que carece de una ley en la materia,
la gestión hídrica depende del Código Urbano, y en la ciudad de
Querétaro se han detectado 22 empresas privadas autorizadas para el
abastecimiento de agua potable, 16 de éstas con objetos sociales o
prácticas comerciales. Todas están asociadas con compañías
inmobiliarias cuyos fraccionamientos, desarrollos industriales y centros
comerciales son los beneficiarios exclusivos del abastecimiento
, explica el documento Acaparamiento de lo público
, elaborado por grupo Poder, Labip y Museo ciudadano del Agua de Querétaro.
Claudia Romero, coordinadora legal del museo, señala en entrevista que la capital queretana depende del agua de un trasvase, a través de un acueducto que desde Hidalgo transporta entre 40 y 60 por ciento del consumo. Precisa que con la expansión inmobiliaria, industrial y de servicios, han surgido organismos operadores de agua que promueven los mismos constructores y que se encuentran al margen de la ley.
Establece que los organismos operadores privados son células de las inmobiliarias y los residentes de las unidades habitacionales pagan por el consumo del líquido el doble o triple (de 700 a mil pesos) de lo que erogan otros habitantes de la ciudad.
Destaca que en este contexto hay dos iniciativas de privatización del
agua en el congreso estatal que presentaron el PRI y el PAN el 31 de
marzo. Hace unos días se iban a votar, pero hubo mucha presión social. La postura de la sociedad civil es que el tema amerita análisis y la presencia de diversos sectores
.
Agregó que si hubiera una ley general de aguas (pendiente desde 2013 en
el congreso federal) que incluyera los parámetros sobre el derecho
humano al líquido y sus reglas, habría un freno para este tipo de
iniciativas.
Sostiene que es un gran riesgo porque quedamos al arbitrio de los
privados que entran en un marco de mayor opacidad, con menos rendición
de cuentas. No sólo es el lucro, sino que están asociados con las
empresas que buscan expandir el área urbana. La privatización del agua
abre la puerta a la expansión urbana
.
Advierte que no tiene sentido regularizar lo que no ha funcionado, uno
de los argumentos del gobierno es que como ya se dio este proceso de
privatización, hay que ordenarlo, y que por eso se hace la ley. Esto es
falaz. Lo que ocurrió fue de manera irregular, transgrede la ley y se
puede revocar
.
En un posicionamiento sobre las iniciativas de ley, firmado por 30
organizaciones locales y varias nacionales, dirigido al diputado Germaín
Garfias, presidente de la comisión de Desarrollo urbano, obras públicas
y comunicaciones del congreso estatal. Romero subraya que ninguna de
las iniciativas cuenta con una visión territorial del agua. No
contemplan ni la realidad del contexto rural ni la diversidad
ecosistémica del estado, tampoco el contexto de cambio climático
.
Agrega que ambas iniciativas hacen énfasis en los procedimientos para la privatización por medio del otorgamiento de concesiones
,
además de que incluye disposiciones que implican un desmantelamiento
progresivo de la autoridad actual del agua, manteniéndola al servicio de
las entidades privadas, y que “la implementación de facto de
la concesión del servicio público ha conllevado graves consecuencias
para la viabilidad y seguridad hídrica de la zona metropolitana. Sin
embargo, es dicho modelo el que se propone formalizar en ambas
iniciativas”.
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