Bolivia: La historia es del pueblo
El presidente Evo Morales pidió, a las Fuerzas Armadas, que abrieran sus archivos para buscar pistas que orientaran la búsqueda de los desaparecidos, en tiempos de las dictaduras militares. La respuesta fue ambigua pues, aunque no se opusieron a la demanda del primer mandatario, tampoco mostraron interés en el tema. A comienzos de este año, el fiscal que debe hacer efectiva la orden judicial para acceder a los archivos militares, se encontró con disposiciones castrenses que le impidieron realizar su tarea de investigación. La actitud de los militares es, ahora, abiertamente contraria a la orden judicial; el propio Ministro de Defensa, aunque es civil, ha dado la razón a los jefes militares.
La búsqueda judicial se relaciona con la desaparición de personas en los años ’60. ’70 y ’80; es decir, treinta o más años atrás. No se trata de resguardar la actuación de los que eran mandos militares en esa época; lo más probable es que, todos ellos, hayan fallecido años atrás. Se trata de la conducta basada en una estructura de reserva, de confidencialidad y de desconfianza hacia el pueblo. Esta conducta surge, como está comprobado en varios países, de la llamada teoría de las fronteras ideológicas.
El Pentágono, sede de los mandos militares de Estados Unidos de Norteamérica, elaboró esta teoría como respuesta a la Revolución Cubana; era parte de la estrategia que buscaba aislar, y luego derrocar, a la guerrilla triunfante en Cuba. Tal teoría establece que, las fuerzas armadas, deben reorientar su estrategia: el enemigo potencial deja de ser el país vecino dispuesto a conquistar territorio y pasa a ser esa parte de la población que se organiza y lucha contra el Estado. A partir de entonces, los ejércitos se reorganizaron para controlar a la población rebelde.
En Bolivia concretamente, cuando se restableció la democracia en los años ’80, se dio a conocer denuncias respecto al diseño de esa estrategia. Los sitios en los que se había instalado a los efectivos militares no resguardaban el patrimonio nacional, más bien vigilaban a las organizaciones sociales. Los centros mineros que, en ese tiempo, concentraban lo más combativo de los sectores populares, eran vigilados muy de cerca por tropas especializadas en represión. A consecuencia de la implementación de esa teoría, que aún no ha sido sustituida sino solamente disminuida, es que las fronteras físicas se hallan totalmente desguarnecidas.
Entre 1964 y 1982, con excepciones mínimas, el gobierno estuvo en manos de dictadores militares; las excepciones fueron tres gobiernos civiles que, sumando tiempos, estuvieron en la presidencia sólo 18 meses. En ese largo periodo, y especialmente entre 1971 y 1978, el dictador Hugo Banzer integró a su régimen en el nefasto Plan Cóndor. Desapariciones, asesinatos y crímenes tan horrendos como la entrega de recién nacidos a los torturadores de sus padres. Lo mismo en Chile que en Argentina, en Bolivia como en Brasil, el Plan Cóndor fue una efectiva arma de destrucción de los movimientos sociales y las organizaciones políticas.
Los documentos militares que se reclaman ahora, debieran contener información sobre la actuación de los grupos represivos, tanto oficiales como clandestinos, que manejaron aquellas dictaduras. Esa información tendría que dar cuenta de las desapariciones que, en la legislación internacional, se considera como delito de lesa humanidad que sigue perpetrándose, en tanto no se restituya a la persona o, en el peor de los casos, sus restos. Es imposible que no haya registro de tales hechos. No es posible, sencillamente porque son acciones de tal gravedad, que no se realizarían sin expresa orden de los mandos correspondientes. Nadie otorga el privilegio de actuar criminalmente, sin estar bajo un determinado control, pues eso pondría en peligro la vida de los propios mandos.
Otra cosa distinta es que hayan desaparecido documentos condenatorios para los dictadores y sus colaboradores. Tal posibilidad es absolutamente cierta, ya que el dictador García Meza, que actualmente cumple condena por sus crímenes, negoció y vendió el Diario del Che en Bolivia a un mercante que, años después, intentó rematar en Londres. Ese valioso documento estaba depositado en los archivos militares.
De ese tiempo a esta parte, repetimos, han transcurrido treinta años. Los actuales mandos militares hicieron sus cursos y se graduaron después de 1980. Con frecuencia han declarado su adhesión a la constitución y las leyes. Pero todavía siguen manteniendo la Teoría de las Fronteras Ideológicas, como base de la estrategia que determina su distribución. No es fácil sustituir tal teoría, por diversas razones. Pero es imprescindible, y no hay obstáculo ninguno, para allanar el camino a la búsqueda de los registros castrenses. Es una deuda para con el pueblo, para con el país. Es una parte importante de la historia y, como todos sabemos, la historia es del pueblo.
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La búsqueda judicial se relaciona con la desaparición de personas en los años ’60. ’70 y ’80; es decir, treinta o más años atrás. No se trata de resguardar la actuación de los que eran mandos militares en esa época; lo más probable es que, todos ellos, hayan fallecido años atrás. Se trata de la conducta basada en una estructura de reserva, de confidencialidad y de desconfianza hacia el pueblo. Esta conducta surge, como está comprobado en varios países, de la llamada teoría de las fronteras ideológicas.
El Pentágono, sede de los mandos militares de Estados Unidos de Norteamérica, elaboró esta teoría como respuesta a la Revolución Cubana; era parte de la estrategia que buscaba aislar, y luego derrocar, a la guerrilla triunfante en Cuba. Tal teoría establece que, las fuerzas armadas, deben reorientar su estrategia: el enemigo potencial deja de ser el país vecino dispuesto a conquistar territorio y pasa a ser esa parte de la población que se organiza y lucha contra el Estado. A partir de entonces, los ejércitos se reorganizaron para controlar a la población rebelde.
En Bolivia concretamente, cuando se restableció la democracia en los años ’80, se dio a conocer denuncias respecto al diseño de esa estrategia. Los sitios en los que se había instalado a los efectivos militares no resguardaban el patrimonio nacional, más bien vigilaban a las organizaciones sociales. Los centros mineros que, en ese tiempo, concentraban lo más combativo de los sectores populares, eran vigilados muy de cerca por tropas especializadas en represión. A consecuencia de la implementación de esa teoría, que aún no ha sido sustituida sino solamente disminuida, es que las fronteras físicas se hallan totalmente desguarnecidas.
Entre 1964 y 1982, con excepciones mínimas, el gobierno estuvo en manos de dictadores militares; las excepciones fueron tres gobiernos civiles que, sumando tiempos, estuvieron en la presidencia sólo 18 meses. En ese largo periodo, y especialmente entre 1971 y 1978, el dictador Hugo Banzer integró a su régimen en el nefasto Plan Cóndor. Desapariciones, asesinatos y crímenes tan horrendos como la entrega de recién nacidos a los torturadores de sus padres. Lo mismo en Chile que en Argentina, en Bolivia como en Brasil, el Plan Cóndor fue una efectiva arma de destrucción de los movimientos sociales y las organizaciones políticas.
Los documentos militares que se reclaman ahora, debieran contener información sobre la actuación de los grupos represivos, tanto oficiales como clandestinos, que manejaron aquellas dictaduras. Esa información tendría que dar cuenta de las desapariciones que, en la legislación internacional, se considera como delito de lesa humanidad que sigue perpetrándose, en tanto no se restituya a la persona o, en el peor de los casos, sus restos. Es imposible que no haya registro de tales hechos. No es posible, sencillamente porque son acciones de tal gravedad, que no se realizarían sin expresa orden de los mandos correspondientes. Nadie otorga el privilegio de actuar criminalmente, sin estar bajo un determinado control, pues eso pondría en peligro la vida de los propios mandos.
Otra cosa distinta es que hayan desaparecido documentos condenatorios para los dictadores y sus colaboradores. Tal posibilidad es absolutamente cierta, ya que el dictador García Meza, que actualmente cumple condena por sus crímenes, negoció y vendió el Diario del Che en Bolivia a un mercante que, años después, intentó rematar en Londres. Ese valioso documento estaba depositado en los archivos militares.
De ese tiempo a esta parte, repetimos, han transcurrido treinta años. Los actuales mandos militares hicieron sus cursos y se graduaron después de 1980. Con frecuencia han declarado su adhesión a la constitución y las leyes. Pero todavía siguen manteniendo la Teoría de las Fronteras Ideológicas, como base de la estrategia que determina su distribución. No es fácil sustituir tal teoría, por diversas razones. Pero es imprescindible, y no hay obstáculo ninguno, para allanar el camino a la búsqueda de los registros castrenses. Es una deuda para con el pueblo, para con el país. Es una parte importante de la historia y, como todos sabemos, la historia es del pueblo.
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