Se avecina derrota estratégica de las fuerzas armadas ante el narco, alertan
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Jueves 4 de marzo de 2010, p. 10
Académicos, investigadores y militares en retiro convocados al foro Fuerzas armadas, justicia y respeto a los derechos humanos afirmaron que el Ejército y la Marina se acercan a una derrota estratégica frente a la delincuencia organizada.
El uso que da el Ejecutivo al Ejército en su guerra contra el crimen organizado, señalaron en el foro convocado por la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, obedece más a una necesidad de legitimación política de Felipe Calderón, y resaltaron que, en tanto no se termine con el poder económico y corruptor del narco, la política contra la delincuencia seguirá siendo fallida.
El Ejército seguirá fracasando, porque no es con cañonazos como se desmontará la economía criminal, aseveró el investigador de la Universidad Iberoamericana Alberto Montoya Martín del Campo.
Por su parte, el general Samuel Lara Villa, presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J. Múgica, sostuvo que las fuerzas armadas están en el peor momento de su historia: la crítica, el repudio y el desprecio las persiguen, en razón del mal uso dado a las armas del pueblo.
Cuestionó que para asegurar la lealtad incondicional de los altos mandos del Ejército en favor de la campaña contra el narcotráfico, Calderón creó una elite de funcionarios espléndidamente remunerados.
Añadió: “vino la ‘transición’ y la derecha ascendió al poder en el clímax de las concertacesiones, y los reaccionarios siguieron la misma táctica para asegurarse la ‘lealtad’ de los altos mandos, a quienes les llenó los bolsillos”.
Bernardo Bátiz, ex procurador capitalino, definió que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1996 sobre el papel de las fuerzas armadas en acciones policiacas concedió al gobierno federal “la justificación para sacar a los soldados de sus cuarteles y ponerlos a patrullar ciudades, caminos y carreteras, establecer retenes, hacer cateos y detener personas, so pretexto de restituir el orden y combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada.
En estas labores, como es del dominio público, nuestras fuerzas armadas se han desgastado y contaminado. Y, lo más grave, con mucha frecuencia se han extralimitado, apuntó.
Sostuvo que el Congreso debe regular con precisión el papel de los militares en asuntos diferentes a los de la seguridad nacional.
Por su parte, el vicecoordinador del PT, Enrique Ibarra Pedroza, consideró necesario rechazar la justificación del asesinato y la intimidación en nombre de una supuesta guerra para preservar la seguridad, que se basa en una interpretación sesgada de la Constitución e ignora las facultades del Congreso en la materia.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Javier Oliva Posada expresó que la intervención del Ejército en tareas que constitucionalmente no le competen reflejan que existe una disfunción en el sistema de seguridad pública.
El poder militar participa en tareas de seguridad cuando la autoridad civil ha fracasado o no tiene las condiciones para revertir el proceso de deterioro de su obligación de garantizar la seguridad, afirmó.
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Periódico La Jornada
Jueves 4 de marzo de 2010, p. 10
Académicos, investigadores y militares en retiro convocados al foro Fuerzas armadas, justicia y respeto a los derechos humanos afirmaron que el Ejército y la Marina se acercan a una derrota estratégica frente a la delincuencia organizada.
El uso que da el Ejecutivo al Ejército en su guerra contra el crimen organizado, señalaron en el foro convocado por la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, obedece más a una necesidad de legitimación política de Felipe Calderón, y resaltaron que, en tanto no se termine con el poder económico y corruptor del narco, la política contra la delincuencia seguirá siendo fallida.
El Ejército seguirá fracasando, porque no es con cañonazos como se desmontará la economía criminal, aseveró el investigador de la Universidad Iberoamericana Alberto Montoya Martín del Campo.
Por su parte, el general Samuel Lara Villa, presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J. Múgica, sostuvo que las fuerzas armadas están en el peor momento de su historia: la crítica, el repudio y el desprecio las persiguen, en razón del mal uso dado a las armas del pueblo.
Cuestionó que para asegurar la lealtad incondicional de los altos mandos del Ejército en favor de la campaña contra el narcotráfico, Calderón creó una elite de funcionarios espléndidamente remunerados.
Añadió: “vino la ‘transición’ y la derecha ascendió al poder en el clímax de las concertacesiones, y los reaccionarios siguieron la misma táctica para asegurarse la ‘lealtad’ de los altos mandos, a quienes les llenó los bolsillos”.
Bernardo Bátiz, ex procurador capitalino, definió que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1996 sobre el papel de las fuerzas armadas en acciones policiacas concedió al gobierno federal “la justificación para sacar a los soldados de sus cuarteles y ponerlos a patrullar ciudades, caminos y carreteras, establecer retenes, hacer cateos y detener personas, so pretexto de restituir el orden y combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada.
En estas labores, como es del dominio público, nuestras fuerzas armadas se han desgastado y contaminado. Y, lo más grave, con mucha frecuencia se han extralimitado, apuntó.
Sostuvo que el Congreso debe regular con precisión el papel de los militares en asuntos diferentes a los de la seguridad nacional.
Por su parte, el vicecoordinador del PT, Enrique Ibarra Pedroza, consideró necesario rechazar la justificación del asesinato y la intimidación en nombre de una supuesta guerra para preservar la seguridad, que se basa en una interpretación sesgada de la Constitución e ignora las facultades del Congreso en la materia.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Javier Oliva Posada expresó que la intervención del Ejército en tareas que constitucionalmente no le competen reflejan que existe una disfunción en el sistema de seguridad pública.
El poder militar participa en tareas de seguridad cuando la autoridad civil ha fracasado o no tiene las condiciones para revertir el proceso de deterioro de su obligación de garantizar la seguridad, afirmó.
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