Compadre de FCH liquidador de LyFC

28/03/2010 03:48:00

Noticias de Mexico. - En estado de indefensión, miles de trabajadores Acumulan demandas de manera ilegal


Noticias de Mexico. - La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) viola flagrantemente las leyes laborales, ya que en el caso específico de de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyF), sus demandas en lugar de ser admitidas a trámite de forma individual, fueron ilegalmente acumuladas 564 de ellas en un solo expediente para desahogarlas en una sola audiencia de proporciones inmensas que se vuelve prácticamente imposible de realizar.

Así lo señalaron litigantes expertos en materia laboral, en caso específico el despacho jurídico Abreu & Asociados Legal Services, S.C., precisó que por indicaciones de altos funcionarios de la Junta Federal, se emitió un ilegal acuerdo de fecha 13 de enero del 2010 por la Junta Especial 5.

Los reclamos de los trabajadores en dichas demandas son el sentido de respeto y continuación de relaciones individuales de trabajo con el patrón sustituto es decir, Comisión Federal de Electricidad (CFE), jubilaciones por años de servicio, jubilaciones por incapacidad derivada de riesgo de trabajo y jubilaciones por incapacidad derivada de enfermedad ordinaria.

En relación a la JFCyA, los abogados señalaron que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Federal, emisor del decreto que extinguió a dicho organismo público descentralizado, mismo que es evidentemente parcial y en perjuicio de los derechos de los trabajadores; circunstancia que se agrava al reflexionar que paso a paso y con cada acuerdo emitido por la Junta Especial 5 en el juicio 1488/2009, se infringen los derechos de los trabajadores y se deja en evidencia una clara inclinación para favorecer a los demandados en los juicios promovidos. De manera especial se favorece al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que la Lic. Amparo Ruiz Cerda, presidenta de la mencionada Junta Especial, desde el 16 de diciembre del año 1993 goza de una pensión otorgada por dicho Instituto, mismo que está co-demandado en los juicios referidos, y a favor del cual ha concedido acuerdos sin fundamento ni motivación.

Por si fuera poco, en el expediente 1488/2009 de la Junta 5 de la JFCyA, dicho despacho jurídico Abreu&Asociados, a través de sus abogados señalaron que se observa una ilegalidad respecto de las promociones y solicitudes realizadas por el Lic. Humberto Cavazos Chena (abogado que se afirma guarda una relación personal con Felipe Calderón, pues aseguran es su compadre), y quien desde el 12 de octubre de 2009 -un día después de la publicación del Decreto de Extinción- está al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, pues sin fundamento y motivación otorga fecha en acuerdo del 16 de febrero del 2010 para una audiencia de acumulación de los 563 expedientes ya ilegalmente acumulados al 1488/2009 a otro expediente de diverso trabajador.

Con esta maniobra se pretende iniciar una cadena interminable de audiencias de acumulación con otros expedientes que se traducen en el retraso indefinido de los juicios, olvidando la autoridad laboral que su obligación es procurar la impartición y procuración de justicia pronta y expedita, lo que, con su actuar pasa por alto, olvidando que atrás de cada trabajador de la industria eléctrica que ha quedado sin empleo de forma ilegal, se encuentra una familia que mantener y la necesidad de acceder a la seguridad social que es obligación del estado y patrones proporcionar y que le es negada de forma inhumana.

Niegan derechos de trabajadores

De esta forma, recalcaron los litigantes del despacho jurídico, que el reclamo principal en este momento es “Justicia Laboral pronta y expedita”, misma que ha sido negada puesto que las puertas de los altos funcionarios de la JFCyA se han cerrado y sus oídos son sordos a este clamor a pesar de la insistencias para dialogar con ellas sobre este asunto.

Asimismo, la Junta Especial número 5 de la JFCyA, en audiencia de fecha 5 de marzo de 2010, se habilitó una mesa aislada de la barandilla general de audiencias y sólo a exigencias constantes de los apoderados de los actores se pusieron a la vista los 564 expedientes acumulados al 1488/2009, mismos que carecen de auto de radicación individual ni actuaciones en cada uno de ellos, sin embargo arbitrariamente la junta continúa actuando solo en el expediente 1488/2009, sin permitir la Junta la continuación de la audiencia para que los trabajadores ejercieran su derecho de comparecer a la audiencia, al determinar la suspensión de la misma.

Paralelamente a este arbitrario actuar, la Junta 5 de la JFCyA, de fechas 10 y 11 de marzo del 2010, de forma excepcionalmente expedita (cinco días, cuando en términos reales dicha Junta Federal tarda en acordar más de dos meses), acordó más de mil 500 promociones en las que el titular de Enajenación de Bienes, Humberto Cavazos Chena solicita la acumulación de un igual número de expedientes a un diverso 1162/2009, violando los principios elementales del procedimiento laboral como son la publicidad de las audiencias y el derecho a la administración de justicia pronta y expedita, en virtud que, señala audiencia para el 9 de abril de 2010 no en el local de la Junta Especial número 5, sino en el área de actuarios, prohibiendo el acceso a los trabajadores titulares de los juicios de los que se pretende su acumulación a la Junta para presenciar la audiencia y poder comparecer en la misma, actos que evidentemente violan los más elementales principios procesales del derecho laboral, acotaron dichos litigantes.

ABOGADOS DEL SISTEMA
Trascendió que por cada demanda el liquidador de Luz y Fuerza del Centro y responsable de la enajenación de Bienes, Humberto Cavazos Chena, recibe una iguala de mil pesos, por lo que aproximadamente gana 30 millones de pesos cada 30 días, por lo que incluso dicen que grita a los cuatro vientos que su agenda está manufacturada con piel del obrero.

Dicho litigante se dice que junto con su hermano Baltasar Cavazos Chena, siempre han estado implicados en grandes asuntos. Se dice que están inmiscuidos en la empresa Servicios Integrales en Autopistas S.A. de C.V. (SIASA), misma que opera desde hace ocho años la administración del 90 por ciento de casetas de cobro de las carreteras para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Juan Molinar Horcasitas, con decenas de irregularidades en las finanzas, manejo discrecional de recursos y corrupción.

Ante el deficiente estado en que se encuentran las carreteras en el país y las cuotas de peaje que pagan los usuarios por ellas, la SCT argumentó que el alza al peaje a nivel nacional tenía el propósito de recabar más fondos para su mantenimiento, sin embargo la mayoría de los recursos son entregados, desde hace más de cinco años, a SIASA, una empresa “de portafolios” que opera con la venia de las más altas autoridades del país.

En el sexenio de Carlos Salinas, la SCT, por medio de Capufe, creó el fideicomiso F/121128 para administrar el personal asignado a carreteras y puentes federales de cuota, mediante un contrato elaborado entre Capufe, como fideicomitente, y el entonces Banco Mexicano S.A., como fiduciario. El fideicomiso tendría vigencia hasta 1998, pero a finales de la administración de Ernesto Zedillo y durante los primeros meses de 2000 continuó su operación sin que nadie dijera algo.

En 2000 el Sindicato de Terrajeros emplazó a huelga al fideicomiso por irregularidades en la firma del contrato colectivo de trabajo en centros que no dependían de Capufe, sino del fideicomiso. En noviembre de 2001, Manuel Zubiría Maqueo fue nombrado por Vicente Fox como director general de Capufe. A unas semanas de asumir el cargo, el hermano del ex titular del SAT, José María Zubiría, junto con el abogado Baltasar Cavazos Chena (hijo de Baltasar Cavazos Flores, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo), crearon SIASA. La cual, al amparo de la SCT y de la SHCP, ha hecho un jugoso negocio sin ninguna obligación legal. Servicios Integrales de Autopistas inició operaciones el 1 de junio de 2002. Un año después cambió su nombre a Servicios Integrales en Autopistas S.A. para deslindarse de denuncias laborales y adeudos fiscales.

La cara visible de SIASA es el despacho de abogados de Baltasar Cavazos, quienes incluso son asesores del Senado de la República. Tanto Baltasar como Humberto Cavazos han comparecido ante tribunales laborales como apoderados legales de SIASA. Sin embargo, la SCT y Capufe se niegan a revelar la identidad de los dueños de la empresa, pese a que controla la administración y operación de las carreteras federales del país.

Por Ariel Velázquez
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