Intocable la ex pareja presidencial
04/04/2010 23:18:00
Noticias de Mexico. - Fraudes al descubierto con toda impunidad
Noticias de Mexico. - Después de que trascendió que el condominio de lujo en donde fue masacrado el llamado “Jefe de Jefes” Arturo Beltrán Leyva, fue adquirido al contado a una inmobiliaria de Jorge y Manuel Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, nuevamente los ojos de la opinión pública voltean a ver los turbios negocios de la ex pareja presidencial y los vástagos de la ex primera dama.
De acuerdo con un ex agente de bienes raíces del complejo residencial Altitude, de Cuernavaca, donde sucedieron los sangrientos hechos en diciembre pasado, las operaciones de compra-venta de varios departamentos fueron hechas en efectivo por varios narcotraficantes con pleno conocimiento presuntamente de los hijos de Martha Sahagún, versión que se refuerza porque ahí sospechosamente las autoridades de la PGR no han implementado ninguna acción legal para aplicar la figura jurídica de “extinción de dominio”.
Pero si no fuera suficiente, todo el manejo sexenal que la ex pareja presidencial dio al presupuesto Federal no ha sido investigado e incluso dejó todavía diversas “herencias” al actual sexenio, mismos que ya le están estallando.
Apenas a principios de año, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con insuficiencia renal crónica acudieron ante autoridades del organismo para denunciar negligencia médica en la hemodiálisis que se les practicó en el subrogado Centro de Diagnóstico Ángeles.
Cabe mencionar que hasta 2009, estos pacientes eran atendidos en clínicas del grupo Fresenius Medical Care de México, pero el IMSS subrogó el servicio al grupo Ángeles.
Cuando acudieron a recibir su tratamiento a la unidad asignada por esta empresa en enero pasado, ubicada en la colonia del Valle, se encontraron con que el personal médico no tiene experiencia en la materia, la infraestructura no es la adecuada ni cumple con los requisitos de higiene, además de que no se cuenta con servicio de ambulancia y ya se produjeron varios casos de negligencia que pusieron en riesgo la vida de los pacientes.
Los afectados por consiguiente, se negaron a regresar a dicho centro y denunciaron el caso ante autoridades del IMSS. Más de dos mil pacientes tuvieron que ser convencidos en enero pasado por Normando Cano Manzano, subdirector del Hospital Regional número 1 Gabriel Mancera, y el jefe de nefrología del nosocomio, Eduardo Monsiváis, de que todo estaba bien.
Sin embargo, las autoridades del IMSS reconocieron que el personal del Centro de Diagnóstico Ángeles no está capacitado para atender a quienes padecen insuficiencia renal crónica y admitieron que hay desorganización, por lo que propusieron a los pacientes ser canalizarlos al hospital Mocel –del mismo grupo–, asegurándoles en una carta compromiso que en ese centro, con experiencia en hemodiálisis, recibirán un tratamiento correcto.
Según los médicos del instituto, el Grupo Ángeles aún no ha dado una respuesta convincente sobre la negligencia en sus servicios, por lo que se comprometieron con los pacientes a supervisar directamente el funcionamiento de las terapias de hemodiálisis que se les apliquen en el hospital Mocel a partir de mañana. Asimismo, los convocaron a una reunión para finales de la próxima semana con el fin de conocer la calidad del servicio.
Las "benditas" licitaciones
Mediante una licitación más que sospechosa y “amañada” del IMSS y de la que varias empresas se retiraron cuando estaba en la dirección de Juan Molinar Horcasitas y que se dice tuvo que realizarla al gusto de la ex pareja presidencial, ahora es la manzana de la discordia, al grado que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa /TFJFA) a cargo de Francisco Cuevas Godínez, ya recibió hasta amenazas para resolver el caso a favor del grupo Ángeles, según trascendió.
Y es que dicen que por instrucciones de la ex pareja presidencial-, se subrogó el servicio de hemodiálisis a la empresa Corphomed y al Centro de Diagnóstico Ángeles, propiedad del multimillonario empresario Olegario Vázquez Raña, sin contar ni con el equipo ni el personal médico capacitado para el caso.
Con el respaldo de Juan Molinar Horcasitas, se subrayó, entonces director del IMSS, se le dio manga ancha al empresario Olegario Vázquez Raña -junto con la empresa Corphomed- para obtener la adjudicación directa de un contrato de 3 mil millones de pesos por tres años por los servicios subrogados de hemodiálisis, sin comprobar que estaban aptos y tenían el equipo necesario para dichos tratamientos, según mencionaron las empresas demandantes.
Por eso, la falta de personal capacitado e instalaciones adecuadas ha provocado serios trastornos físicos a enfermos con deficiencia renal, reiteraron afectados, quienes cada tercer día “se juegan la vida” acudiendo de manera obligada y “bajo amenaza” al Centro de Atención Ángeles.
Las empresas inconformes con todo el proceso de licitación, Fresenius Medical Care (corporativo alemán y quien desde hace una década prestaba el servicio de manera subrogada al IMSS), MK Humana y Care Centro de Atención Renal, acudieron a las autoridades judiciales y administrativas e interpusieron dos juicios de nulidad y un amparo para echar abajo la licitación que consideran ilegal de origen, de ahí que los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estén siendo amenazados pues están en juego tres mil millones de pesos, según trascendió.
Incluso se dijo que Fresenius podría interponer una denuncia ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, e incluso retirar su inversión en México, que a la fecha asciende a cuando menos 250 millones de dólares.
Cabe resaltar que hace cinco años Ana Cristina Fox, fue nombrada directora de Relaciones Públicas de los hoteles Camino Real, propiedad de este magnate.
Más nexos turbios
Mientras esto sucede, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), elefante blanco que se convirtió en un nicho de negocios privados, recibe cada año cuando menos 305 mil millones de pesos, es decir, más de mil por ciento de lo que recibirá la universidad pública más importante del país y de Latinoamérica, la UNAM.
En este contexto surgen los nombres de los hermanos Bribiesca y la empresa Construcciones Prácticas que oficialmente opera a nombre de su socio Miguel Khoury Siman, en el que a pesar de que se determinó un daño patrimonial por 2 mil 400 millones de pesos, no se ha hecho nada en su contra.
Un legajo de 67 páginas, el informe original comprueba diversas violaciones a la Ley Federal de los Funcionarios Públicos y al Código Civil Federal, entre otros, guarda el sueño de los justos.
En ese sentido, el ex titular de la ASF, Arturo González de Aragón al revisar las operaciones que el IPAB llevó a cabo con Construcciones Prácticas en el año 2004, enfatizó que: “no se trató de bienes inmuebles, sino de derechos litigiosos relacionados con dichas propiedades”.
Por si fuera poco, Fénix Administración de Activos, ligada a los hermanos Bribiesca Sahagún y a Francisco Gil Díaz ex titular de Hacienda, habría causado quebrantos por miles de millones de pesos al erario, revela un juicio comercial y una demanda civil interpuestos en su contra por el IPAB. Las enajenaciones de bienes, de las que se derivan las probables irregularidades, fueron avaladas por el ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens, según denuncias.
La empresa es propiedad de JE Roberts Company y está vinculada con los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún y con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.
Su relación contractual con el IPAB, para los servicios de preparación, cobranza y administración de la cartera de BanCrecer, inició el 7 de marzo de 2000; no obstante, desde el 3 de noviembre de 1999 recibió instrucciones acerca del proceso de saneamiento, consta en los Estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y dictamen de los auditores. Su gestión concluyó en mayo de 2004.
En ese periodo, Fénix realizó 302 procesos para enajenar, por licitación pública, miles de bienes muebles e inmuebles. Estas operaciones ascendieron a 7 mil 992 millones 300 mil pesos, indica un informe entregado por el ex secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, al Senado el 28 de junio de 2005.
Seis de esas subastas avaladas por el ex funcionario, ocurridas en 2001 y a inicios de 2003, suman pérdidas por al menos 10 mil 772 millones 126 mil 280 pesos. El perjuicio podría ser mayor, pero parte de la información, incluida la referente al ejercicio 2002, ha sido reservada por el IPAB supuestamente con el amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La Auditoría Superior de la Federación a pesar de que ya indagó los vínculos de Francisco Gil Díaz, con Fénix Administradora de Activos -empresa por medio de la cual los hermanos Bribiesca adquirieron 3 mil casas a precio ínfimo-, que habría causado un quebranto al IPAB por varios millones de pesos, en oscuras transacciones con Gonzalo Ortiz Blanco, notario e hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
La mano de Gil Díaz
La participación del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en las operaciones que emplearon los hermanos Bribiesca Sahagún para obtener 3 mil casas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -cada una a menos de 2 mil pesos, entre 2003 y 2004- por medio de Fénix Administradora, será investigada por la Auditoría Superior de la Federación.
Derivado de una denuncia ciudadana en la que se vincula a Gil Díaz en irregularidades durante su desempeño como titular de la SHCP, la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados solicitó al titular de la ASF, que incluya la fiscalización de las operaciones de Gil Díaz como asesor del consorcio J.E. Roberts, cargo que desempeñó simultáneamente con su trabajo como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB, según reveló HSBC o, cuando Gil se integró como consejero de este consorcio financiero, sin embargo los resultados han sido nulos.
J.E. Roberts es propietaria de Fénix Administración de Activos S. de R.L., administradora de cartera que desde el sexenio pasado ha vendido la mayor parte de los bienes que recibió el IPAB como resultado del rescate bancario.
La adquisición de miles de casas del IPAB a precio de remate por parte de los hijos de Marta Sahagún, fue uno de los resultados más importantes de la Comisión Especial de diputados que el año pasado investigó el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca.
Si para sus presuntos ilegales negocios como gestores de contratos en Petróleos Mexicanos, la familia de Marta Sahagún encontró en Gil Díaz,integrante del Consejo de Administración de Pemex en ese entonces, fue su principal freno, hubo entre ellos negocios compartidos, según las indagatorias que analizó la Auditoria Superior de la Federación, misma que no ha hecho nada para denunciarlos.
Por Alma Delia Rodriguez A.
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Noticias de Mexico. - Fraudes al descubierto con toda impunidad
Noticias de Mexico. - Después de que trascendió que el condominio de lujo en donde fue masacrado el llamado “Jefe de Jefes” Arturo Beltrán Leyva, fue adquirido al contado a una inmobiliaria de Jorge y Manuel Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, nuevamente los ojos de la opinión pública voltean a ver los turbios negocios de la ex pareja presidencial y los vástagos de la ex primera dama.
De acuerdo con un ex agente de bienes raíces del complejo residencial Altitude, de Cuernavaca, donde sucedieron los sangrientos hechos en diciembre pasado, las operaciones de compra-venta de varios departamentos fueron hechas en efectivo por varios narcotraficantes con pleno conocimiento presuntamente de los hijos de Martha Sahagún, versión que se refuerza porque ahí sospechosamente las autoridades de la PGR no han implementado ninguna acción legal para aplicar la figura jurídica de “extinción de dominio”.
Pero si no fuera suficiente, todo el manejo sexenal que la ex pareja presidencial dio al presupuesto Federal no ha sido investigado e incluso dejó todavía diversas “herencias” al actual sexenio, mismos que ya le están estallando.
Apenas a principios de año, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con insuficiencia renal crónica acudieron ante autoridades del organismo para denunciar negligencia médica en la hemodiálisis que se les practicó en el subrogado Centro de Diagnóstico Ángeles.
Cabe mencionar que hasta 2009, estos pacientes eran atendidos en clínicas del grupo Fresenius Medical Care de México, pero el IMSS subrogó el servicio al grupo Ángeles.
Cuando acudieron a recibir su tratamiento a la unidad asignada por esta empresa en enero pasado, ubicada en la colonia del Valle, se encontraron con que el personal médico no tiene experiencia en la materia, la infraestructura no es la adecuada ni cumple con los requisitos de higiene, además de que no se cuenta con servicio de ambulancia y ya se produjeron varios casos de negligencia que pusieron en riesgo la vida de los pacientes.
Los afectados por consiguiente, se negaron a regresar a dicho centro y denunciaron el caso ante autoridades del IMSS. Más de dos mil pacientes tuvieron que ser convencidos en enero pasado por Normando Cano Manzano, subdirector del Hospital Regional número 1 Gabriel Mancera, y el jefe de nefrología del nosocomio, Eduardo Monsiváis, de que todo estaba bien.
Sin embargo, las autoridades del IMSS reconocieron que el personal del Centro de Diagnóstico Ángeles no está capacitado para atender a quienes padecen insuficiencia renal crónica y admitieron que hay desorganización, por lo que propusieron a los pacientes ser canalizarlos al hospital Mocel –del mismo grupo–, asegurándoles en una carta compromiso que en ese centro, con experiencia en hemodiálisis, recibirán un tratamiento correcto.
Según los médicos del instituto, el Grupo Ángeles aún no ha dado una respuesta convincente sobre la negligencia en sus servicios, por lo que se comprometieron con los pacientes a supervisar directamente el funcionamiento de las terapias de hemodiálisis que se les apliquen en el hospital Mocel a partir de mañana. Asimismo, los convocaron a una reunión para finales de la próxima semana con el fin de conocer la calidad del servicio.
Las "benditas" licitaciones
Mediante una licitación más que sospechosa y “amañada” del IMSS y de la que varias empresas se retiraron cuando estaba en la dirección de Juan Molinar Horcasitas y que se dice tuvo que realizarla al gusto de la ex pareja presidencial, ahora es la manzana de la discordia, al grado que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa /TFJFA) a cargo de Francisco Cuevas Godínez, ya recibió hasta amenazas para resolver el caso a favor del grupo Ángeles, según trascendió.
Y es que dicen que por instrucciones de la ex pareja presidencial-, se subrogó el servicio de hemodiálisis a la empresa Corphomed y al Centro de Diagnóstico Ángeles, propiedad del multimillonario empresario Olegario Vázquez Raña, sin contar ni con el equipo ni el personal médico capacitado para el caso.
Con el respaldo de Juan Molinar Horcasitas, se subrayó, entonces director del IMSS, se le dio manga ancha al empresario Olegario Vázquez Raña -junto con la empresa Corphomed- para obtener la adjudicación directa de un contrato de 3 mil millones de pesos por tres años por los servicios subrogados de hemodiálisis, sin comprobar que estaban aptos y tenían el equipo necesario para dichos tratamientos, según mencionaron las empresas demandantes.
Por eso, la falta de personal capacitado e instalaciones adecuadas ha provocado serios trastornos físicos a enfermos con deficiencia renal, reiteraron afectados, quienes cada tercer día “se juegan la vida” acudiendo de manera obligada y “bajo amenaza” al Centro de Atención Ángeles.
Las empresas inconformes con todo el proceso de licitación, Fresenius Medical Care (corporativo alemán y quien desde hace una década prestaba el servicio de manera subrogada al IMSS), MK Humana y Care Centro de Atención Renal, acudieron a las autoridades judiciales y administrativas e interpusieron dos juicios de nulidad y un amparo para echar abajo la licitación que consideran ilegal de origen, de ahí que los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estén siendo amenazados pues están en juego tres mil millones de pesos, según trascendió.
Incluso se dijo que Fresenius podría interponer una denuncia ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, e incluso retirar su inversión en México, que a la fecha asciende a cuando menos 250 millones de dólares.
Cabe resaltar que hace cinco años Ana Cristina Fox, fue nombrada directora de Relaciones Públicas de los hoteles Camino Real, propiedad de este magnate.
Más nexos turbios
Mientras esto sucede, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), elefante blanco que se convirtió en un nicho de negocios privados, recibe cada año cuando menos 305 mil millones de pesos, es decir, más de mil por ciento de lo que recibirá la universidad pública más importante del país y de Latinoamérica, la UNAM.
En este contexto surgen los nombres de los hermanos Bribiesca y la empresa Construcciones Prácticas que oficialmente opera a nombre de su socio Miguel Khoury Siman, en el que a pesar de que se determinó un daño patrimonial por 2 mil 400 millones de pesos, no se ha hecho nada en su contra.
Un legajo de 67 páginas, el informe original comprueba diversas violaciones a la Ley Federal de los Funcionarios Públicos y al Código Civil Federal, entre otros, guarda el sueño de los justos.
En ese sentido, el ex titular de la ASF, Arturo González de Aragón al revisar las operaciones que el IPAB llevó a cabo con Construcciones Prácticas en el año 2004, enfatizó que: “no se trató de bienes inmuebles, sino de derechos litigiosos relacionados con dichas propiedades”.
Por si fuera poco, Fénix Administración de Activos, ligada a los hermanos Bribiesca Sahagún y a Francisco Gil Díaz ex titular de Hacienda, habría causado quebrantos por miles de millones de pesos al erario, revela un juicio comercial y una demanda civil interpuestos en su contra por el IPAB. Las enajenaciones de bienes, de las que se derivan las probables irregularidades, fueron avaladas por el ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens, según denuncias.
La empresa es propiedad de JE Roberts Company y está vinculada con los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún y con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.
Su relación contractual con el IPAB, para los servicios de preparación, cobranza y administración de la cartera de BanCrecer, inició el 7 de marzo de 2000; no obstante, desde el 3 de noviembre de 1999 recibió instrucciones acerca del proceso de saneamiento, consta en los Estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y dictamen de los auditores. Su gestión concluyó en mayo de 2004.
En ese periodo, Fénix realizó 302 procesos para enajenar, por licitación pública, miles de bienes muebles e inmuebles. Estas operaciones ascendieron a 7 mil 992 millones 300 mil pesos, indica un informe entregado por el ex secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, al Senado el 28 de junio de 2005.
Seis de esas subastas avaladas por el ex funcionario, ocurridas en 2001 y a inicios de 2003, suman pérdidas por al menos 10 mil 772 millones 126 mil 280 pesos. El perjuicio podría ser mayor, pero parte de la información, incluida la referente al ejercicio 2002, ha sido reservada por el IPAB supuestamente con el amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La Auditoría Superior de la Federación a pesar de que ya indagó los vínculos de Francisco Gil Díaz, con Fénix Administradora de Activos -empresa por medio de la cual los hermanos Bribiesca adquirieron 3 mil casas a precio ínfimo-, que habría causado un quebranto al IPAB por varios millones de pesos, en oscuras transacciones con Gonzalo Ortiz Blanco, notario e hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
La mano de Gil Díaz
La participación del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en las operaciones que emplearon los hermanos Bribiesca Sahagún para obtener 3 mil casas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -cada una a menos de 2 mil pesos, entre 2003 y 2004- por medio de Fénix Administradora, será investigada por la Auditoría Superior de la Federación.
Derivado de una denuncia ciudadana en la que se vincula a Gil Díaz en irregularidades durante su desempeño como titular de la SHCP, la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados solicitó al titular de la ASF, que incluya la fiscalización de las operaciones de Gil Díaz como asesor del consorcio J.E. Roberts, cargo que desempeñó simultáneamente con su trabajo como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB, según reveló HSBC o, cuando Gil se integró como consejero de este consorcio financiero, sin embargo los resultados han sido nulos.
J.E. Roberts es propietaria de Fénix Administración de Activos S. de R.L., administradora de cartera que desde el sexenio pasado ha vendido la mayor parte de los bienes que recibió el IPAB como resultado del rescate bancario.
La adquisición de miles de casas del IPAB a precio de remate por parte de los hijos de Marta Sahagún, fue uno de los resultados más importantes de la Comisión Especial de diputados que el año pasado investigó el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca.
Si para sus presuntos ilegales negocios como gestores de contratos en Petróleos Mexicanos, la familia de Marta Sahagún encontró en Gil Díaz,integrante del Consejo de Administración de Pemex en ese entonces, fue su principal freno, hubo entre ellos negocios compartidos, según las indagatorias que analizó la Auditoria Superior de la Federación, misma que no ha hecho nada para denunciarlos.
Por Alma Delia Rodriguez A.
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