Comunicado de Prensa Conjunto
Organizaciones denuncian violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de integrantes de la Radio Proletaria de Chiapas
México D.F., a 14 de octubre de 2010.- Este martes 12 aproximadamente a las 19:30, un grupo de entre 25 y 30 personas encapuchadas y con armas largas llegaron en cuatro camionetas Ranger a las instalaciones de la Organización Popular Emiliano Zapata (OPEZ) ubicada en la avenida La Cascada y Privada Nochebuena de la colonia 12 de Noviembre, al norte de la capital del estado de Chiapas, desde donde transmitía Radio Proletaria 107.5.
El grupo, integrado por miembros de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Unidad Especial de la Policía Sectorial del Estado de Chiapas, ingresó de forma arbitraria y con uso excesivo de la fuerza a las instalaciones de la OPEZ donde se encuentra la Radio Proletaria. Los funcionarios no se identificaron ni presentaron diligencia alguna que fundara y motivara el ingreso a las instalaciones de la radio.
El operativo duró hasta las 21:30 horas aproximadamente. Durante el mismo, los funcionarios del estado se llevaron todo lo que había en la radio, incluyendo los equipos que utiliza para transmitir y una antena. Posteriormente detuvieron a seis personas, entre ellas a Vicente Antunar Pablo y Salvador Saavedra, integrantes de OPEZ, así como a Carlos Martínez Ruíz de 14 años de edad quien participaba en la radio. Los detenidos fueron trasladados inicialmente a las instalaciones de la PGJE, posteriormente dos de ellos fueron liberados.
El menor Carlos Martínez estuvo desaparecido alrededor de 12 horas, sin posibilidades de contactar a sus padres hasta un día después. Durante su detención le informaron que estaba acusado de robo y posteriormente se integró la Averiguación Previa FAR/088/2010-10 remitida a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes; sin embargo, todo el interrogatorio giró en torno a las actividades que realiza la radio y sus integrantes. Fue sacado de las instalaciones de la PGJE en una camioneta para que señalara el domicilio de tres integrantes de la radio. Tras ser llevado al Tutelar de Menores fue liberado hasta las 21:30 horas del miércoles 13 de agosto.
Estos hechos estuvieron plagados de violaciones a los derechos humanos y constituyen un atentado a la libertad de expresión por parte de las autoridades estatales chiapanecas puesto que incurrieron en abusos graves tales como allanamiento de morada y uso indebido de la fuerza pública para silenciar una radio comunitaria. La utilización abusiva del derecho penal como una forma de amedrentar a integrantes de la radio significa la criminalización de su labor periodística.
Según consta en la Averiguación Previa los cargos contra el menor son por el delito de “Robo” señalándose como parte ofendida a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; de esta forma la PGJE está fabricando un delito o en su defecto invadiendo la competencia de la federación en materia de regulación de las telecomunicaciones, lo anterior se agrava pues se trata de un menor de edad, al que, de acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño, signada por el Estado Mexicano, las acciones que tome el Estado serán siempre cuidando el interés superior del niño, protegiéndolo de cualquier forma de abuso físico o psicológico toda vez que los menores de edad son un grupo que merece protección y asistencia especiales sobre todo la debida protección legal, sin embargo el Gobierno Chiapaneco atentó gravemente contra los derechos del menor.
La Radio Proletaria inició hace cuatro años a fin de trabajar en favor de los derechos humanos de la comunidad. Es un proyecto operado y construido primordialmente por jóvenes habitantes de la colonia 12 de noviembre de la capital chiapaneca, quienes han encontrado en la radio un espacio para encontrarse, crear otros horizontes de vida y construir formas distintas de relacionarse con su comunidad a través del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. La Radio Proletaria es una radio comunitaria integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC).
Con estos hechos el Estado mexicano incumple con sus obligaciones internacionales de derechos humanos al criminalizar a integrantes de una radio comunitaria a través de las autoridades del estado de Chiapas.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Estado mexicano a fin de que cese de inmediato en Chiapas todos los ataques a los medios de comunicación y personas que llevan a cabo una labor social; realice una investigación seria, expedita e imparcial para identificar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos y en su caso se les sancione; se cancele el irregular proceso penal iniciado contra el menor de edad Carlos Martínez y se le exculpe de todos los cargos; y devuelvan a la radio de manera inmediata los objetos y aparatos que fueron sustraídos.
Organizaciones firmantes:
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.
Article 19
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”
Reporteros sin fronteras (RSF)
Radio Frecuencia Libre 99.1 FM
--
Comunicate con nosotros vía Skype: medios.frayba
Gubidcha Matus Lerma
Comunicación Social
Área de Sistematización e Incidencia / Comunicación
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Código Postal: 29240
Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548
Fax +52 (967) 6783551
medios@frayba.org.mx
www.frayba.org.mx
México D.F., a 14 de octubre de 2010.- Este martes 12 aproximadamente a las 19:30, un grupo de entre 25 y 30 personas encapuchadas y con armas largas llegaron en cuatro camionetas Ranger a las instalaciones de la Organización Popular Emiliano Zapata (OPEZ) ubicada en la avenida La Cascada y Privada Nochebuena de la colonia 12 de Noviembre, al norte de la capital del estado de Chiapas, desde donde transmitía Radio Proletaria 107.5.
El grupo, integrado por miembros de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Unidad Especial de la Policía Sectorial del Estado de Chiapas, ingresó de forma arbitraria y con uso excesivo de la fuerza a las instalaciones de la OPEZ donde se encuentra la Radio Proletaria. Los funcionarios no se identificaron ni presentaron diligencia alguna que fundara y motivara el ingreso a las instalaciones de la radio.
El operativo duró hasta las 21:30 horas aproximadamente. Durante el mismo, los funcionarios del estado se llevaron todo lo que había en la radio, incluyendo los equipos que utiliza para transmitir y una antena. Posteriormente detuvieron a seis personas, entre ellas a Vicente Antunar Pablo y Salvador Saavedra, integrantes de OPEZ, así como a Carlos Martínez Ruíz de 14 años de edad quien participaba en la radio. Los detenidos fueron trasladados inicialmente a las instalaciones de la PGJE, posteriormente dos de ellos fueron liberados.
El menor Carlos Martínez estuvo desaparecido alrededor de 12 horas, sin posibilidades de contactar a sus padres hasta un día después. Durante su detención le informaron que estaba acusado de robo y posteriormente se integró la Averiguación Previa FAR/088/2010-10 remitida a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes; sin embargo, todo el interrogatorio giró en torno a las actividades que realiza la radio y sus integrantes. Fue sacado de las instalaciones de la PGJE en una camioneta para que señalara el domicilio de tres integrantes de la radio. Tras ser llevado al Tutelar de Menores fue liberado hasta las 21:30 horas del miércoles 13 de agosto.
Estos hechos estuvieron plagados de violaciones a los derechos humanos y constituyen un atentado a la libertad de expresión por parte de las autoridades estatales chiapanecas puesto que incurrieron en abusos graves tales como allanamiento de morada y uso indebido de la fuerza pública para silenciar una radio comunitaria. La utilización abusiva del derecho penal como una forma de amedrentar a integrantes de la radio significa la criminalización de su labor periodística.
Según consta en la Averiguación Previa los cargos contra el menor son por el delito de “Robo” señalándose como parte ofendida a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; de esta forma la PGJE está fabricando un delito o en su defecto invadiendo la competencia de la federación en materia de regulación de las telecomunicaciones, lo anterior se agrava pues se trata de un menor de edad, al que, de acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño, signada por el Estado Mexicano, las acciones que tome el Estado serán siempre cuidando el interés superior del niño, protegiéndolo de cualquier forma de abuso físico o psicológico toda vez que los menores de edad son un grupo que merece protección y asistencia especiales sobre todo la debida protección legal, sin embargo el Gobierno Chiapaneco atentó gravemente contra los derechos del menor.
La Radio Proletaria inició hace cuatro años a fin de trabajar en favor de los derechos humanos de la comunidad. Es un proyecto operado y construido primordialmente por jóvenes habitantes de la colonia 12 de noviembre de la capital chiapaneca, quienes han encontrado en la radio un espacio para encontrarse, crear otros horizontes de vida y construir formas distintas de relacionarse con su comunidad a través del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. La Radio Proletaria es una radio comunitaria integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC).
Con estos hechos el Estado mexicano incumple con sus obligaciones internacionales de derechos humanos al criminalizar a integrantes de una radio comunitaria a través de las autoridades del estado de Chiapas.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Estado mexicano a fin de que cese de inmediato en Chiapas todos los ataques a los medios de comunicación y personas que llevan a cabo una labor social; realice una investigación seria, expedita e imparcial para identificar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos y en su caso se les sancione; se cancele el irregular proceso penal iniciado contra el menor de edad Carlos Martínez y se le exculpe de todos los cargos; y devuelvan a la radio de manera inmediata los objetos y aparatos que fueron sustraídos.
Organizaciones firmantes:
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Article 19
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