Golpe al SME y al ciudadano
Salvador González Briceño
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“Toda la justicia social descansa en estos dos axiomas: El robo es punible y el producto del robo es sagrado”: Anatole France (1844-1924).
Golpe tras golpe, finalmente el atropello se oficializó. La extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) —ayer hizo un año del decreto anticonstitucional emitido por Felipe Calderón—, pasó a mejores manos. Sí, porque los activos, el jugoso “negocio” de la fibra óptica, la prestación del servicio y los clientes dejaron de ser atendidos por los trabajadores de la compañía, los agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para caer en las manos ineptas de los “ingenieros” de primer nivel de Elías Ayub, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El saldo: casi la mitad de extrabajadores del SME han sido liquidados y otro tanto sigue en pie de lucha. No únicamente por la defensa de su planta laboral, también porque con terquedad sostienen el valor histórico de la organización sindical, una de las más añejas de la movilización obrera del país y porque defienden causas justas cuyo interés debería ser de todo el movimiento obrero organizado [por cierto que no del corporativismo, cuyos liderazgos charros por corruptos han causado daños irreparables a la autónoma sindical del país]. Sin olvidar el compromiso manifiesto del SME con los usuarios, porque nadie mejor que ellos saben de las arbitrariedades que se están cometiendo bajo el nuevo “patrón” administrador, en materia de tarifas arbitrarias y del pésimo servicio prestado.
La única resolución que dejó abierta como posibilidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la del “patrón sustituto”, les fue negada tanto por la Secretaría del Trabajo —con su flamante titular Javier Lozano— como por la propia CFE. Por eso siguen en las calles del Distrito Federal y bajo protesta, por lo menos la mitad de los trabajadores de la extinta LyFC, porque les ofrecieron una salida tan tramposa como falsa. Y todavía, previa formalidad asambleísta para elegir a su representante sindical, que recayó en el mismo Martín Esparza, se les niega la “toma de nota” pretendiendo con eso descabezar al movimiento.
Nadie olvida que, más allá de la discusión inicial sobre el atropello por el proceso de extinción de LyFC, que tiene que ver con eliminar al “estorbo” en que se habría convertido el SME para el gobierno, el proceso totalmente ilegal bajo el cual se emitió el decreto y se expulsó a los trabajadores mediante el uso de la fuerza policial [a golpes y de noche], pronto la CFE ofreció la fibra óptica a los negociantes privados internos y extranjeros.
Lo que es todavía peor, y supuestamente justificó el decreto, ni se ha reducido el costo al erario que significaba digamos la subcontratación laboral del SME para la operación de LyFC, como tampoco se ha convertido en un mejor esquema de prestación del servicio para los usuarios de los estados céntricos del país, como Distrito Federal y Valle de México, Edomex, parte de Puebla, Hidalgo y Morelos. Porque las denuncias ciudadanas han ido en aumento. Es pésimo el servicio por las continuas bajas de voltaje y cobro de tarifas totalmente arbitrarias. Con un completo descontrol de la medición en el consumo, la CFE acumula miles de demandas en le Procuraduría del Consumidor, muchas de la cuales quedarán sin atender.
Y quien la paga, de todas todas, es quien ni la debe ni la teme: el usuario del servicio. Mientras tanto, como reveló ayer en La Jornada el presidente de la CRE (Comisión Reguladora de Energía), Salazar Diez de Sollano, “eventualmente” será hasta el 2012 “cuando los millones de usuarios podrán contar con tarifas eléctricas más transparentes”. O lo que es lo mismo, los atropellos seguirán en los cobros con tarifas arbitrarias e ilegales.
En el inter, están ensayando —dijo sin rubor el funcionario— “una nueva metodología” para “conocer con mayor facilidad la forma en que se fijan las tarifas de consumo eléctrico”. Porque, en otras palabras, ni eso saben los ingenieritos de CFE. Claro que se trata de un estudio que les costará a los usuarios la módica cantidad de “dos millones de dólares”. Y todo lo reduce al tema de la demanda por tipo de usuarios, por perfil, según el funcionario; un asunto presumiblemente tan elemental.
Esto es, que se conoce la demanda por cliente con tarifas horarias (de acuerdo al Conace, Centro Nacional de Control de Energía) como los industriales, dijo al diario. Se sabe desde hace tiempo, “pero en el caso de los usuarios domésticos, de los comerciales y de otros que no tienen tarifas horarias no sabemos cómo se comporta la demanda”. Luego entonces, interrogantes para la propia CFE: ¿Cómo están cobrando un servicio cuya medición no hacen, cuya atención es aparte deficiente?
Hay más: ¿De dónde y con qué fin registran entonces cobros excesivos en los recibos a las personas, del servicio tanto industrial como casero? ¿De quién depende tamaña arbitrariedad, y qué funcionarios están detrás? ¿Acaso son tarifas con tintes políticos para, por un lado pagar el monto de las liquidaciones al SME —que son pírricas comparado con el tamaño del negocio a que aspiran—, como por el berrinche del gobierno porque la ciudadanía nunca apoyó la medida de extinción de LyFC? Los únicos que apoyan, esos sí, son los voceros y serviles lectores de noticias de los informativos de las televisoras que traicionan los principios de informar con transparencia a la ciudadanía.
Ah, pero eso sí, los culpables de todo lo que no pueden hacer los ingenieros de CFE son los extrabajadores del SME. Por eso se apresuraron a levantar todo tipo de denuncias en contra de ellos y sus dirigentes, bajo la pésima intención de meterlos a la cárcel y quitarlos del medio. Pero las arbitrariedades siguen.
Ahora será un asunto de Hacienda —dice Sollano— la determinación de las tarifas, pero no sólo eso. Según el funcionario habrá aumentos porque las mismas no se actualizan desde los años 90. O sea que, en lo adelante a partir de 2012, la prestación del servicio de luz para los usuarios será tan deficiente como ahora pero más caro. En otras palaras: la ciudadanía seguirá pagando los platos rotos de un proceso tan turbio como ilegal. Pronto sabremos cómo queda lo del negocito de la fibra óptica.
http://alainet.org/active/41548&lang=es
Fuente
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“Toda la justicia social descansa en estos dos axiomas: El robo es punible y el producto del robo es sagrado”: Anatole France (1844-1924).
Golpe tras golpe, finalmente el atropello se oficializó. La extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) —ayer hizo un año del decreto anticonstitucional emitido por Felipe Calderón—, pasó a mejores manos. Sí, porque los activos, el jugoso “negocio” de la fibra óptica, la prestación del servicio y los clientes dejaron de ser atendidos por los trabajadores de la compañía, los agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para caer en las manos ineptas de los “ingenieros” de primer nivel de Elías Ayub, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El saldo: casi la mitad de extrabajadores del SME han sido liquidados y otro tanto sigue en pie de lucha. No únicamente por la defensa de su planta laboral, también porque con terquedad sostienen el valor histórico de la organización sindical, una de las más añejas de la movilización obrera del país y porque defienden causas justas cuyo interés debería ser de todo el movimiento obrero organizado [por cierto que no del corporativismo, cuyos liderazgos charros por corruptos han causado daños irreparables a la autónoma sindical del país]. Sin olvidar el compromiso manifiesto del SME con los usuarios, porque nadie mejor que ellos saben de las arbitrariedades que se están cometiendo bajo el nuevo “patrón” administrador, en materia de tarifas arbitrarias y del pésimo servicio prestado.
La única resolución que dejó abierta como posibilidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la del “patrón sustituto”, les fue negada tanto por la Secretaría del Trabajo —con su flamante titular Javier Lozano— como por la propia CFE. Por eso siguen en las calles del Distrito Federal y bajo protesta, por lo menos la mitad de los trabajadores de la extinta LyFC, porque les ofrecieron una salida tan tramposa como falsa. Y todavía, previa formalidad asambleísta para elegir a su representante sindical, que recayó en el mismo Martín Esparza, se les niega la “toma de nota” pretendiendo con eso descabezar al movimiento.
Nadie olvida que, más allá de la discusión inicial sobre el atropello por el proceso de extinción de LyFC, que tiene que ver con eliminar al “estorbo” en que se habría convertido el SME para el gobierno, el proceso totalmente ilegal bajo el cual se emitió el decreto y se expulsó a los trabajadores mediante el uso de la fuerza policial [a golpes y de noche], pronto la CFE ofreció la fibra óptica a los negociantes privados internos y extranjeros.
Lo que es todavía peor, y supuestamente justificó el decreto, ni se ha reducido el costo al erario que significaba digamos la subcontratación laboral del SME para la operación de LyFC, como tampoco se ha convertido en un mejor esquema de prestación del servicio para los usuarios de los estados céntricos del país, como Distrito Federal y Valle de México, Edomex, parte de Puebla, Hidalgo y Morelos. Porque las denuncias ciudadanas han ido en aumento. Es pésimo el servicio por las continuas bajas de voltaje y cobro de tarifas totalmente arbitrarias. Con un completo descontrol de la medición en el consumo, la CFE acumula miles de demandas en le Procuraduría del Consumidor, muchas de la cuales quedarán sin atender.
Y quien la paga, de todas todas, es quien ni la debe ni la teme: el usuario del servicio. Mientras tanto, como reveló ayer en La Jornada el presidente de la CRE (Comisión Reguladora de Energía), Salazar Diez de Sollano, “eventualmente” será hasta el 2012 “cuando los millones de usuarios podrán contar con tarifas eléctricas más transparentes”. O lo que es lo mismo, los atropellos seguirán en los cobros con tarifas arbitrarias e ilegales.
En el inter, están ensayando —dijo sin rubor el funcionario— “una nueva metodología” para “conocer con mayor facilidad la forma en que se fijan las tarifas de consumo eléctrico”. Porque, en otras palabras, ni eso saben los ingenieritos de CFE. Claro que se trata de un estudio que les costará a los usuarios la módica cantidad de “dos millones de dólares”. Y todo lo reduce al tema de la demanda por tipo de usuarios, por perfil, según el funcionario; un asunto presumiblemente tan elemental.
Esto es, que se conoce la demanda por cliente con tarifas horarias (de acuerdo al Conace, Centro Nacional de Control de Energía) como los industriales, dijo al diario. Se sabe desde hace tiempo, “pero en el caso de los usuarios domésticos, de los comerciales y de otros que no tienen tarifas horarias no sabemos cómo se comporta la demanda”. Luego entonces, interrogantes para la propia CFE: ¿Cómo están cobrando un servicio cuya medición no hacen, cuya atención es aparte deficiente?
Hay más: ¿De dónde y con qué fin registran entonces cobros excesivos en los recibos a las personas, del servicio tanto industrial como casero? ¿De quién depende tamaña arbitrariedad, y qué funcionarios están detrás? ¿Acaso son tarifas con tintes políticos para, por un lado pagar el monto de las liquidaciones al SME —que son pírricas comparado con el tamaño del negocio a que aspiran—, como por el berrinche del gobierno porque la ciudadanía nunca apoyó la medida de extinción de LyFC? Los únicos que apoyan, esos sí, son los voceros y serviles lectores de noticias de los informativos de las televisoras que traicionan los principios de informar con transparencia a la ciudadanía.
Ah, pero eso sí, los culpables de todo lo que no pueden hacer los ingenieros de CFE son los extrabajadores del SME. Por eso se apresuraron a levantar todo tipo de denuncias en contra de ellos y sus dirigentes, bajo la pésima intención de meterlos a la cárcel y quitarlos del medio. Pero las arbitrariedades siguen.
Ahora será un asunto de Hacienda —dice Sollano— la determinación de las tarifas, pero no sólo eso. Según el funcionario habrá aumentos porque las mismas no se actualizan desde los años 90. O sea que, en lo adelante a partir de 2012, la prestación del servicio de luz para los usuarios será tan deficiente como ahora pero más caro. En otras palaras: la ciudadanía seguirá pagando los platos rotos de un proceso tan turbio como ilegal. Pronto sabremos cómo queda lo del negocito de la fibra óptica.
http://alainet.org/active/41548&lang=es
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