Guatemala: Despidos podrían incrementar pobreza extrema y provocar estallido social
jueves 27 de enero de 2011
CERIGUA
La posibilidad de despidos masivos de trabajadores del área urbana y rural, anunciada por el sector empresarial debido al incremento del salario mínimo, podría generar un estallido social, anotó Hélmer Velásquez, de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), quien asegura que en el país hay cerca de 750 mil campesinos viviendo en extrema pobreza.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y CONGCOOP manifestaron su rechazo a las a las declaraciones del sector empresarial de despedir a trabajadores, principalmente en el agro, debido al incremento de Q7 diarios, con lo el salario mínimo se incrementa a Q63.70 diarios.
Las entidades señalaron que los campesinos no perciben el salario mínimo actual, que es Q56 por día y que perciben entre Q25 y Q30 diarios en las fincas, por una jornada que a veces se extiende a las 12 horas; en el caso de las mujeres es de Q20 por un día de trabajo.
Velásquez, director de la entidad de cooperativas se refirió a las declaraciones del empresariado como una “amenaza” a la gobernabilidad y una campaña de desestabilización, porque atenta contra la directriz del Estado de aumentar el salario y por tratar de revertir el decreto al anunciar medidas de hecho, que es el despido masivo de trabajadores.
El directivo señaló que al menos 750 mil campesinos de casi un millón, viven en la infrasubsistencia, trabajando como jornaleros en fincas, en donde reciben el salario mínimo; hacemos un llamado al Estado para que fortalezca las estructuras de control y de sanción, tanto para evitar despidos como para investigar los casos en las fincas en donde no se pagan los salarios justos, dijo.
Guatemala tiene un nivel de pobreza estructural, una familia de 5 miembros que gana unos Q25 al día, no enviará sus hijos a la escuela y mucho menos tendrá acceso a la salud; muchas familias solo tienen un tiempo de comida, agregó.
Si se llegara a concretar la amenaza empresarial de dejar sin empleo a la población, se agudizarían todos los índices sociales y se generaría un estallido social que no está bajo control de nadie, fundamentalmente por el desempleo y porque el alza de los precios de la canasta básica ya es una realidad, dijo Velásquez.
Por su parte, Poncio Tayún, de la CNOC, coincidió en que los pequeños productores forman parte importante de la economía del país, al producir los granos básicos para alimentar a casi el total de la población guatemalteca, pero que viven en condiciones infrahumanas.
A eso se aúna que en 2010 al menos 600 mil familias sufrieron las consecuencias de eventos naturales como la erupción del Volcán de Pacaya, la tormenta Agatha y el huracán Alex, que generaron pérdidas de cosechas e inversiones, que el Banco de Guatemala estimó en al menos 1 mil 600 millones de dólares, con el consecuente aumento de los precios de alimentos, según las organizaciones.
Tayún indicó que con los despidos los únicos que pierden son “los más vulnerables” puesto que los precios de la canasta básica han comenzado a aumentar sin ningún control por parte del Estado.
Los representantes de ambas entidades hicieron un llamado al gobierno para no retroceder en su decisión sobre el salario mínimo y al Ministerio de Gobernación a monitorear para que se cumpla la disposición.
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CERIGUA
La posibilidad de despidos masivos de trabajadores del área urbana y rural, anunciada por el sector empresarial debido al incremento del salario mínimo, podría generar un estallido social, anotó Hélmer Velásquez, de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), quien asegura que en el país hay cerca de 750 mil campesinos viviendo en extrema pobreza.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y CONGCOOP manifestaron su rechazo a las a las declaraciones del sector empresarial de despedir a trabajadores, principalmente en el agro, debido al incremento de Q7 diarios, con lo el salario mínimo se incrementa a Q63.70 diarios.
Las entidades señalaron que los campesinos no perciben el salario mínimo actual, que es Q56 por día y que perciben entre Q25 y Q30 diarios en las fincas, por una jornada que a veces se extiende a las 12 horas; en el caso de las mujeres es de Q20 por un día de trabajo.
Velásquez, director de la entidad de cooperativas se refirió a las declaraciones del empresariado como una “amenaza” a la gobernabilidad y una campaña de desestabilización, porque atenta contra la directriz del Estado de aumentar el salario y por tratar de revertir el decreto al anunciar medidas de hecho, que es el despido masivo de trabajadores.
El directivo señaló que al menos 750 mil campesinos de casi un millón, viven en la infrasubsistencia, trabajando como jornaleros en fincas, en donde reciben el salario mínimo; hacemos un llamado al Estado para que fortalezca las estructuras de control y de sanción, tanto para evitar despidos como para investigar los casos en las fincas en donde no se pagan los salarios justos, dijo.
Guatemala tiene un nivel de pobreza estructural, una familia de 5 miembros que gana unos Q25 al día, no enviará sus hijos a la escuela y mucho menos tendrá acceso a la salud; muchas familias solo tienen un tiempo de comida, agregó.
Si se llegara a concretar la amenaza empresarial de dejar sin empleo a la población, se agudizarían todos los índices sociales y se generaría un estallido social que no está bajo control de nadie, fundamentalmente por el desempleo y porque el alza de los precios de la canasta básica ya es una realidad, dijo Velásquez.
Por su parte, Poncio Tayún, de la CNOC, coincidió en que los pequeños productores forman parte importante de la economía del país, al producir los granos básicos para alimentar a casi el total de la población guatemalteca, pero que viven en condiciones infrahumanas.
A eso se aúna que en 2010 al menos 600 mil familias sufrieron las consecuencias de eventos naturales como la erupción del Volcán de Pacaya, la tormenta Agatha y el huracán Alex, que generaron pérdidas de cosechas e inversiones, que el Banco de Guatemala estimó en al menos 1 mil 600 millones de dólares, con el consecuente aumento de los precios de alimentos, según las organizaciones.
Tayún indicó que con los despidos los únicos que pierden son “los más vulnerables” puesto que los precios de la canasta básica han comenzado a aumentar sin ningún control por parte del Estado.
Los representantes de ambas entidades hicieron un llamado al gobierno para no retroceder en su decisión sobre el salario mínimo y al Ministerio de Gobernación a monitorear para que se cumpla la disposición.
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