Amenaza GAN a familiares de mineros muertos si divulgan datos de la explosión
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2011, p. 16
La noche del sábado 26 de marzo murieron otros dos trabajadores mineros por la explosión de gas metano de la mina No. 7 de carbón, ubicada en Barroterán, municipio de Melchor Múzquiz, Coahuila, “debido, una vez más, a las pésimas condiciones de seguridad industrial e higiene que prevalecen en esa mina”, concesionada al Grupo Acerero del Norte (GAN), que dirige Alonso Ancira Elizondo, director de Altos Hornos de México.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros indicó lo anterior tras denunciar que la empresa amenazó a trabajadores y familiares de los mineros fallecidos con represalias si divulgaban cualquier dato del siniestro y con quitarles el reparto de utilidades que por ley les corresponde.
Precisó este sindicato que los nombres de los trabajadores fallecidos son; Juan Francisco Rodríguez Piedra, de 33 años, y José Camacho Grimaldo, de 43; sin embargo, hay otros tres mineros internados en la clínica del Seguro Social de la zona, y muchos otros heridos, ya que más de 250 trabajadores fueron víctimas por la explosión que se registró este fin de semana.
Según sostuvo, en esa mina hay mucha inconformidad y enojo entre los familiares de los mineros, y entre los mismos trabajadores que sobrevivieron, tanto por las “pésimas e inhumanas condiciones de seguridad industrial” como porque, desde el momento del siniestro, GAN les ha escondido sistemáticamente la información, e incluso amenazó a los trabajadores para que guarden absoluto silencio sobre esta nueva tragedia, pues si declaran algo a quien sea no les pagarán utilidades, “lo cual es un verdadero abuso contra su integridad como hombres libres”.
Los trabajadores de esta empresa ya no pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, por lo que el dirigente de este gremio, Napoleón Gómez Urrutia, los llamó a rechazar a los lideres que “les ha impuesto el empresario Alonso Ancira” y retornar a las filas de la organización que encabeza.
De igual manera, insistió en que se legisle a nivel federal y local para que se castigue penalmente a las empresas que por “negligencia criminal” permiten que se den estos hechos, calificados de “homicidio industrial”, y que enlutan una vez más al gremio minero.
El dirigente expuso que estas empresas quieren tener esclavizados a los trabajadores, han creado “minas de sangre” y han contado con “la abierta complicidad del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón”, por lo que demandaron al funcionario que en lugar de “andar queriendo ser candidato presidencial del PAN” atienda su responsabilidad oficial y vigile las condiciones de seguridad de las minas.
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Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2011, p. 16
La noche del sábado 26 de marzo murieron otros dos trabajadores mineros por la explosión de gas metano de la mina No. 7 de carbón, ubicada en Barroterán, municipio de Melchor Múzquiz, Coahuila, “debido, una vez más, a las pésimas condiciones de seguridad industrial e higiene que prevalecen en esa mina”, concesionada al Grupo Acerero del Norte (GAN), que dirige Alonso Ancira Elizondo, director de Altos Hornos de México.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros indicó lo anterior tras denunciar que la empresa amenazó a trabajadores y familiares de los mineros fallecidos con represalias si divulgaban cualquier dato del siniestro y con quitarles el reparto de utilidades que por ley les corresponde.
Precisó este sindicato que los nombres de los trabajadores fallecidos son; Juan Francisco Rodríguez Piedra, de 33 años, y José Camacho Grimaldo, de 43; sin embargo, hay otros tres mineros internados en la clínica del Seguro Social de la zona, y muchos otros heridos, ya que más de 250 trabajadores fueron víctimas por la explosión que se registró este fin de semana.
Según sostuvo, en esa mina hay mucha inconformidad y enojo entre los familiares de los mineros, y entre los mismos trabajadores que sobrevivieron, tanto por las “pésimas e inhumanas condiciones de seguridad industrial” como porque, desde el momento del siniestro, GAN les ha escondido sistemáticamente la información, e incluso amenazó a los trabajadores para que guarden absoluto silencio sobre esta nueva tragedia, pues si declaran algo a quien sea no les pagarán utilidades, “lo cual es un verdadero abuso contra su integridad como hombres libres”.
Los trabajadores de esta empresa ya no pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, por lo que el dirigente de este gremio, Napoleón Gómez Urrutia, los llamó a rechazar a los lideres que “les ha impuesto el empresario Alonso Ancira” y retornar a las filas de la organización que encabeza.
De igual manera, insistió en que se legisle a nivel federal y local para que se castigue penalmente a las empresas que por “negligencia criminal” permiten que se den estos hechos, calificados de “homicidio industrial”, y que enlutan una vez más al gremio minero.
El dirigente expuso que estas empresas quieren tener esclavizados a los trabajadores, han creado “minas de sangre” y han contado con “la abierta complicidad del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón”, por lo que demandaron al funcionario que en lugar de “andar queriendo ser candidato presidencial del PAN” atienda su responsabilidad oficial y vigile las condiciones de seguridad de las minas.
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