El Tribunal Permanente de los Pueblos
Víctor M. Quintana S.
Analista político | 28-05-2012 | 01:04
La caravana que acompaña al Tribunal Permanente de los Pueblos llegó a
Chihuahua el sábado 26 de mayo. El Tribunal es una instancia ética,
simbólica, conformada por juristas y personalidades de gran talla moral
instituida originalmente por el gran intelectual Bertrand Russell para
procesar y dar su juicio sobre crímenes de lesa humanidad. Ha emitido
sus sentencias –no vinculantes, pero de gran valor simbólico-ético–
condenando la invasión norteamericana a Vietnam o a las dictaduras
sudamericanas o a la Operación Colombia.
Nada mejor que haber elegido a Ciudad Juárez como la sede de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, estos días 27, 28 y 29 de mayo. Porque esta sociedad fronteriza que fue por muchos años la punta de lanza de la integración del país al sistema mundializado de libre comercio y globalización de los procesos de trabajo, de producción y de reproducción de la vida cotidiana, ahora es el ejemplo vivo –o muerto– de la devastación.
¿A quién se va a acusar? Al Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno y sus tres poderes, a todas sus instituciones y dependencias. Al sistema político de leyes, partidos, procesos. A las instancias paraestatales, como los sindicatos que no representan a sus agremiados y se someten al gobierno. A los patrones del Estado: el bloque hegemónico de la globalización compuesto por el gobierno de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los grandes poderes económicos trasnacionales y nacionales. A los grandes poderes mediáticos, sus aliados de siempre.
¿De qué lo acusan? De haber entregado a la sociedad mexicana junto con toda la comunidad de seres vivos a un modelo económico que ha generado una gran devastación y múltiples violencias. La novedad de este tribunal es que, a diferencia de los casos de Vietnam y Sudamérica, por ejemplo, no pone en el centro una agresión militar o policiaca contra un pueblo. Por primera vez se analizan las políticas económicas, aparentemente tan técnicas y tan neutras, como generadoras de violencias, de destrucción. Porque, si bien, de estos últimos treinta años sólo llevamos seis de una guerra no declarada, con balas, asesinatos y desaparecidos, los veinticuatro años anteriores no fueron menos letales: a nombre de los ajustes y de las “reformas estructurales” se desplazó de su lugar de residencia a varios millones de personas, la inmensa mayoría de ellas, de escasos recursos; se cerraron miles de fuentes de trabajo; se comprimieron el salario y las prestaciones de los trabajadores, se hicieron desaparecer ramas productivas completas, se talaron millones de hectáreas de bosques, se contaminaron miles de kilómetros de aguas y de suelos; se descuidaron la vida de las personas, la convivencia de las familias, se destruyeron comunidades enteras; se atropellaron los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
¿Quiénes son los agraviados? La sociedad mexicana en general, en la mayoría de sus clases sociales, sobre todo los grupos más vulnerables: mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores; pueblos indios, personas con discapacidad. Los sectores productivos más orientados al mercado interno: agricultores de granos básicos, pequeñas y medianas empresas industriales, pequeños comercios, tiendas de abarrotes, deudores de la banca. Todos los sectores que han sido criminalizados por la protesta social: jóvenes, disidentes, comunidades que defienden su tierra o sus recursos naturales.
Se obró con toda la alevosía y ventaja: todo el aparato represor de Estado se empleó de manera autoritaria para aplastar disidencias. Todo el aparato ideológico del Estado y del duopolio televisivo acalló y descalificó cualquier crítica al modelo económico librecambista, con la complicidad de actores políticos como el PRI y el PAN.
El Tribunal Russell, antecesor del Tribunal Permanente de los Pueblos logró que se queden bien grabadas en la conciencia colectiva de la humanidad, las condenas a la guerra genocida de Vietnam, epitomizada en el uso del napalm contra los seres humanos; o la agresión omnímoda contra las personas y las instituciones democráticas, perpetrada por las dictaduras sudamericanas. Ahora, en México, tenemos la gran oportunidad de que la guerra que se ha emprendido contra el pueblo por quienes han impuesto el ajuste estructural, el libre comercio y la represión sea condenada por una instancia simbólica, de conciencia, de la mayor autoridad moral, como es el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Habrá que hacerle llegar de manera numerosa y entusiasta nuestras denuncias, nuestros agravios. Tornémonos sujetos, desde lo local lacerado lancemos la primera acusación a lo global perversamente localizado. Que esta rebelión simbólica y ética sea ahora nuestra nueva práctica para resistir al neoliberalismo, para empezar a desmontar su hegemonía y su impunidad.
Bienvenidos a Chihuahua, a Juárez, garantes del tribunal permanente de los pueblos y activistas que conforman la caravana.
Fuente
Analista político | 28-05-2012 | 01:04
Nada mejor que haber elegido a Ciudad Juárez como la sede de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, estos días 27, 28 y 29 de mayo. Porque esta sociedad fronteriza que fue por muchos años la punta de lanza de la integración del país al sistema mundializado de libre comercio y globalización de los procesos de trabajo, de producción y de reproducción de la vida cotidiana, ahora es el ejemplo vivo –o muerto– de la devastación.
¿A quién se va a acusar? Al Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno y sus tres poderes, a todas sus instituciones y dependencias. Al sistema político de leyes, partidos, procesos. A las instancias paraestatales, como los sindicatos que no representan a sus agremiados y se someten al gobierno. A los patrones del Estado: el bloque hegemónico de la globalización compuesto por el gobierno de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los grandes poderes económicos trasnacionales y nacionales. A los grandes poderes mediáticos, sus aliados de siempre.
¿De qué lo acusan? De haber entregado a la sociedad mexicana junto con toda la comunidad de seres vivos a un modelo económico que ha generado una gran devastación y múltiples violencias. La novedad de este tribunal es que, a diferencia de los casos de Vietnam y Sudamérica, por ejemplo, no pone en el centro una agresión militar o policiaca contra un pueblo. Por primera vez se analizan las políticas económicas, aparentemente tan técnicas y tan neutras, como generadoras de violencias, de destrucción. Porque, si bien, de estos últimos treinta años sólo llevamos seis de una guerra no declarada, con balas, asesinatos y desaparecidos, los veinticuatro años anteriores no fueron menos letales: a nombre de los ajustes y de las “reformas estructurales” se desplazó de su lugar de residencia a varios millones de personas, la inmensa mayoría de ellas, de escasos recursos; se cerraron miles de fuentes de trabajo; se comprimieron el salario y las prestaciones de los trabajadores, se hicieron desaparecer ramas productivas completas, se talaron millones de hectáreas de bosques, se contaminaron miles de kilómetros de aguas y de suelos; se descuidaron la vida de las personas, la convivencia de las familias, se destruyeron comunidades enteras; se atropellaron los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
¿Quiénes son los agraviados? La sociedad mexicana en general, en la mayoría de sus clases sociales, sobre todo los grupos más vulnerables: mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores; pueblos indios, personas con discapacidad. Los sectores productivos más orientados al mercado interno: agricultores de granos básicos, pequeñas y medianas empresas industriales, pequeños comercios, tiendas de abarrotes, deudores de la banca. Todos los sectores que han sido criminalizados por la protesta social: jóvenes, disidentes, comunidades que defienden su tierra o sus recursos naturales.
Se obró con toda la alevosía y ventaja: todo el aparato represor de Estado se empleó de manera autoritaria para aplastar disidencias. Todo el aparato ideológico del Estado y del duopolio televisivo acalló y descalificó cualquier crítica al modelo económico librecambista, con la complicidad de actores políticos como el PRI y el PAN.
El Tribunal Russell, antecesor del Tribunal Permanente de los Pueblos logró que se queden bien grabadas en la conciencia colectiva de la humanidad, las condenas a la guerra genocida de Vietnam, epitomizada en el uso del napalm contra los seres humanos; o la agresión omnímoda contra las personas y las instituciones democráticas, perpetrada por las dictaduras sudamericanas. Ahora, en México, tenemos la gran oportunidad de que la guerra que se ha emprendido contra el pueblo por quienes han impuesto el ajuste estructural, el libre comercio y la represión sea condenada por una instancia simbólica, de conciencia, de la mayor autoridad moral, como es el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Habrá que hacerle llegar de manera numerosa y entusiasta nuestras denuncias, nuestros agravios. Tornémonos sujetos, desde lo local lacerado lancemos la primera acusación a lo global perversamente localizado. Que esta rebelión simbólica y ética sea ahora nuestra nueva práctica para resistir al neoliberalismo, para empezar a desmontar su hegemonía y su impunidad.
Bienvenidos a Chihuahua, a Juárez, garantes del tribunal permanente de los pueblos y activistas que conforman la caravana.
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