Negro historial arrastran Pemex, CFE y SCT por irregularidades en expropiaciones
Pobladores de San Salvador Atenco y de diversas agrupaciones campesinas
y sociales marcharon del Ángel de la Independencia al Tribunal Superior
Agrario para pedir a los magistrados que atraigan el amparo que
interpusieron los ejidatarios contra el cambio de régimen ejidal a
dominio plenoFoto Alfredo Domínguez
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2014, p. 12
Martes 9 de septiembre de 2014, p. 12
Desalojos, amenazas, detenciones y engaños son
afrontadas por cientos de campesinos e indígenas de múltiples ejidos y
comunidades del país que llevan entre dos y cuatro décadas con una lucha
legal en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
para demandar el pago por las expropiaciones realizadas por esas
instancias para la construcción de aeropuertos –en Hidalgo y Toluca–,
carreteras, pozos petroleros, torres de alta tensión y campamentos o
cuarteles para elementos de las fuerzas armadas, entre otras obras
calificadas como de utilidad pública.
Algunos, como los ejidatarios del Peñón de los Baños, en la ciudad de
México –en donde se construyó el aeropuerto internacional Benito
Juárez– mantuvieron su demanda de pago durante 80 años hasta que en
fechas recientes se entregó el último pago a un descendiente de uno de
los ejidatarios. Otros, como 200 labriegos de Atasta, municipio del
Carmen, Campeche, llevan tres décadas lidiando con Pemex, incluso
algunos de ellos se quedaron prácticamente sin sus casas al arribar la
Secretaría de Marina a instalarse en la zona para proteger las
actividades de la paraestatal.En 1980 Pemex instaló una planta de gas dentro del ejido. En ese año la paraestatal solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 350 hectáreas, por las que ofreció 3.5 millones de pesos, es decir, un peso por metro cuadrado. Los campesinos no aceptaron, pero la paraestatal continuó con sus actividades y hasta 1985 firmó un convenio de ocupación temporal. En 2008 amplió su petición de expropiación a 562 hectáreas para la construcción de un centro de proceso y transporte de gas, así como su zona de seguridad, amortiguamiento y conservación del entorno ecológico; el decreto se publicó en 2012 y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó la indemnización en 52.5 millones de pesos por dicha superficie, el pago se redujo a 10 centavos por metro cuadrado.
Propiedades afectadas
La paraestatal depositó menos de la mitad del citado
monto en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal y continúo con
sus actividades, por ello sin previo aviso a los campesinos, la
Secretaría de Marina tomó posesión de una parte de la superficie sin
importar que en ellas había casas de poco más de un centenar de ellos,
así como sus animales.
La mayoría de los casos que aquí se presentan y de los cuales se tuvo
conocimiento por conducto de la Central Campesina Cardenista (CCC),
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc),
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Federación
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Fioac) tienen una
antigüedad de 20 a más de 40 años. Las instituciones del sector agrario,
incluyendo el Tribunal Superior Agrario (TSA), aseguraron no tener una
estadística de los casos en litigio de la superficie expropiada que no
se ha pagado, de los montos que se adeudan ni del número de afectados.
Son los campesinos quienes con sus expedientes bajo el brazo y el
respaldo de diversas agrupaciones agrarias buscan se les haga justicia.La Coduc informó que tiene una cartera de 20 casos con Pemex y siete con la CFE, la mayoría está relacionada con predios localizados en Guerrero, Tabasco, Chiapas, Baja California y Morelos, en dicho estado participa con otras agrupaciones que se han unido a los campesinos en contra del Proyecto Integral de Morelos, que incluye dos centrales termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de ancho que afectará al menos 24 municipios en dicha entidad, Puebla y Tlaxcala.
El conjunto de los casos, dijo Marco Antonio Ortiz, dirigente de la Coduc, tiene un problema: los avalúos los hace el Indaabin y los pagos más elevados que ha hecho son de 60 centavos por metro cuadrado, no toma en cuenta si la tierra es de riego o de temporal.
En función de la calidad las pagan en 20 o 30 centavos, por lo que a la hectárea le fijan un precio de 2 mil a 3 mil pesos. Las paraestatales argumentan que no pueden pagar un avalúo distinto al de Indaabin.
Y aunque los campesinos inconformes recurren a los tribunales
agrarios y civiles, e incluso sus casos llegan a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y ésta ordena a Pemex –como ha sucedido en
Campeche y Tabasco– pagar, la paraestatal interpone inconformidades y
los juicios se alargan por años, acotó.
El ejido 16 de Septiembre, municipio Centro, en Tabasco, tiene 20 años exigiendo a Pemex el pago por las áreas que ha ocupado por servidumbre de paso y el área donde tiene el pozo. Los campesinos han llevado a cabo protestas y denunciado que la Compañía Mexicana de Exploraciones, que trabaja para Pemex, ingresó a sus tierras sin permiso y dinamitó campos en busca de yacimientos, dañando paredes y pisos de las casas y a los pozos artesianos, además destrozó cultivos y caminos rurales. El caso está en el TSA pero no ha logrado que la paraestatal se presente a juicio, explicó Álvaro López Ríos, de la UNTA.
En el caso de la construcción de la autopista Arco Norte, con una longitud de 227 kilómetros afectó ejidos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y estado de México. Los campesinos de la central cardenista y la Fioac comprobaron que la SCT no solicitó la expropiación de los terrenos para llevar a cabo la obra. Carlos Moreno, secretario de Acción Agraria de la CCC, comentó que la institución no realizó el procedimiento establecido legalmente, por lo que no hay un avalúo de Indaabin.
Especificó que en el caso de los ejidos localizados en los municipios de Españita, Lázaro Cárdenas, Calpulalpan, Ixtacuixtla y Nanacamilpa, de Tlaxcala, la CCC pidió la intervención de la Procuraduría Agraria (PA) como testigo para comprobar los daños en los ejidos Pipiyola, San Francisco Mitepec; La Magdalena; Alponzonga de Lira y Ortega; Santorum; Nanacampilpa; Calpulalpan, San Gabriel Popocapla y Francisco I. Madero. La construcción de la autopista inició en 2002, los inversionistas, entre ellos Carlos Slim, firmaron contratos de ocupación previa y dieron un adelanto a los ejidatarios, pero la constructora causó daños a las viviendas por el peso de los camiones y el uso de dinamita; abandonaron material de construcción en la autopista, lo cual provocó encharcamientos en las parcelas y pérdidas de cosechas, y eso no fue considerado en la indemnización.
La batalla jurídica lleva 12 años y la SCT aún no ingresa a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la solicitud de expropiación ni hay un expediente instaurado. El caso de la constructora lo lleva un ex delegado de la PA.
Francisco Chew, de la Fioac, apuntó que en el ejido de Tula, Hidalgo, los campesinos no han podido cobrar la indemnización, ya que el dinero se entregó al presidente del comisariado ejidal, quien defraudó a la comunidad.
En el caso de la ampliación del aeropuerto de Toluca, se afectaron 200 hectáreas del ejido San Pedro Totoltepec, pero no hay registro de la solicitud de expropiación, incluso en la superficie había un asentamiento irregular, incluyendo una primaria sin mediar orden desalojaron a las familias y colocaron mallas.
El ejido 16 de Septiembre, municipio Centro, en Tabasco, tiene 20 años exigiendo a Pemex el pago por las áreas que ha ocupado por servidumbre de paso y el área donde tiene el pozo. Los campesinos han llevado a cabo protestas y denunciado que la Compañía Mexicana de Exploraciones, que trabaja para Pemex, ingresó a sus tierras sin permiso y dinamitó campos en busca de yacimientos, dañando paredes y pisos de las casas y a los pozos artesianos, además destrozó cultivos y caminos rurales. El caso está en el TSA pero no ha logrado que la paraestatal se presente a juicio, explicó Álvaro López Ríos, de la UNTA.
En el caso de la construcción de la autopista Arco Norte, con una longitud de 227 kilómetros afectó ejidos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y estado de México. Los campesinos de la central cardenista y la Fioac comprobaron que la SCT no solicitó la expropiación de los terrenos para llevar a cabo la obra. Carlos Moreno, secretario de Acción Agraria de la CCC, comentó que la institución no realizó el procedimiento establecido legalmente, por lo que no hay un avalúo de Indaabin.
Especificó que en el caso de los ejidos localizados en los municipios de Españita, Lázaro Cárdenas, Calpulalpan, Ixtacuixtla y Nanacamilpa, de Tlaxcala, la CCC pidió la intervención de la Procuraduría Agraria (PA) como testigo para comprobar los daños en los ejidos Pipiyola, San Francisco Mitepec; La Magdalena; Alponzonga de Lira y Ortega; Santorum; Nanacampilpa; Calpulalpan, San Gabriel Popocapla y Francisco I. Madero. La construcción de la autopista inició en 2002, los inversionistas, entre ellos Carlos Slim, firmaron contratos de ocupación previa y dieron un adelanto a los ejidatarios, pero la constructora causó daños a las viviendas por el peso de los camiones y el uso de dinamita; abandonaron material de construcción en la autopista, lo cual provocó encharcamientos en las parcelas y pérdidas de cosechas, y eso no fue considerado en la indemnización.
La batalla jurídica lleva 12 años y la SCT aún no ingresa a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la solicitud de expropiación ni hay un expediente instaurado. El caso de la constructora lo lleva un ex delegado de la PA.
Francisco Chew, de la Fioac, apuntó que en el ejido de Tula, Hidalgo, los campesinos no han podido cobrar la indemnización, ya que el dinero se entregó al presidente del comisariado ejidal, quien defraudó a la comunidad.
En el caso de la ampliación del aeropuerto de Toluca, se afectaron 200 hectáreas del ejido San Pedro Totoltepec, pero no hay registro de la solicitud de expropiación, incluso en la superficie había un asentamiento irregular, incluyendo una primaria sin mediar orden desalojaron a las familias y colocaron mallas.
Ejido Reforma Agraria Integral, otro asunto con problemas
La CCC lleva 12 asuntos que se ubican en Tlaxcala,
Tamaulipas y estado de México, la mayoría de ellos corresponde a casos
que involucran la construcción de autopistas, instalaciones de la Marina
y del aeropuerto en Toluca. Pero también está el caso del ejido Reforma
Agraria Integral –considerado el más grande del país, pues tiene 632
mil hectáreas propiedad de 300 ejidatarios–, 30 por ciento de su
superficie está concesionado a una minera, pero la empresa lleva a cabo
exploraciones fuera de esa superficie y deja material en las parcelas no
involucradas en el convenio.
En términos jurídicos eso se llama despojo; si eso sucede actualmente nos preguntamos qué va a pasar con la reforma energética y la respuesta inmediata es fractura social de la comunidad, dijo Moreno.
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