Reforma energética, en choque frontal con comunidades indígenas y campesinas
REVISTA CONTRALÍNEA
Desde enero, habitantes de los pueblos
aledaños al Río Los Pescados, en el Sureste de México, bloquean la
construcción de una presa del Proyecto de Propósitos Múltiples para el
Suministro de Agua de Xalapa, la capital de Veracruz.
“Se violan nuestros derechos a una vida
libre de contaminación, a decidir dónde y cómo vivir, a la información, a
la consulta previa, libre e informada. Que no se metan a nuestro
territorio nada más así”, dice la activista Gabriela Maciel, del
colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres.
Esa
agrupación reúne a residentes de 43 comunidades de 12 municipios de la
cuenca del Río y, junto con otras organizaciones, logró suspender la
obra que construyen la empresa brasileña Odebrecht y la Comisión del
Agua del Estado de Veracruz.
La represa de Jalcomulco proyectada, con
capacidad para embalsar 130 millones de metros cúbicos en una extensión
de 4.13 kilómetros cuadrados y un costo de más de 400 millones de
dólares, es parte de la ola de construcciones que proyectan el gobierno
federal y los estatales en colisión con las comunidades locales.
Detrás está la gigantesca ofensiva de
infraestructuras en México que acompaña la reforma energética en el
país, cuyo marco legal quedó definitivamente fijado el 11 de agosto
pasado y que ha abierto al sector privado, nacional y extranjero, la
explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así
como la generación y venta de electricidad.
Lo conforman nueve iniciativas que
establecieron nueve nuevas leyes y reformaron otras 12, que materializan
la reforma promulgada el 20 de diciembre de 2013.
Se espera que la apertura energética atraiga a la segunda economía latinoamericana inversiones nacionales y extranjeras.
El 18 de agosto pasado, la estatal
Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció 16 proyectos por unos 4
mil 900 millones de dólares de inversión, 27 por ciento de ellos
públicos y 73 por ciento privados.
En el Programa Nacional de
Infraestructura (PNI) 2014-2018, la CFE proyecta 138 proyectos por unos
46 mil millones de dólares, entre centrales hidroeléctricas, plantas de
generación solar, eólica y geotérmica, redes de transmisión y
distribución.
“Hay un debilitamiento de los marcos
normativos ambientales y sociales para facilitar la inversión. Se
debilitan normas de derechos de los pueblos al territorio. Aviva el
riesgo de conflictos sociales y ambientales. Es un retroceso”, señala la
investigadora Mariana González, del área de Transparencia y Rendición
de Cuentas del Centro de Análisis Fundar.
En el PNI, la estatal Petróleos Mexicanos
(Pemex) consignó 124 proyectos por más de 253 mil millones de dólares.
Esas obras se refieren a construcción de gasoductos, mejoramiento de
refinerías, eficiencia energética en instalaciones petroleras y trabajos
de exploración y extracción petrolera, entre otras.
El suroriental estado de Campeche
concentra la mayoría de desembolsos planeados, con 43 mil millones de
dólares en explotación y mantenimiento de cuatro yacimientos marinos.
Le sigue el también suroriental Tabasco,
con casi 15 mil millones en campos petroleros de aguas someras y
edificación y remodelación de instalaciones petroleras.
En Veracruz, Pemex proyecta invertir 11
mil millones en depósitos marinos en aguas poco profundas y la
construcción y actualización de instalaciones petroleras, mientras al
nororiental estado de Tamaulipas destinará 6 mil 670 millones en aguas
profundas y construcción y modernización de infraestructuras.
Hidrocarburos por rondas
Además, el 13 de agosto la Secretaría de
Energía (Sener) otorgó a Pemex, en la llamada Ronda Cero, 120
asignaciones que le permiten mantener las operaciones de extracción de
hidrocarburos y que equivalen a 71 por ciento de la producción nacional
de petróleo, áreas que permanecerán bajo control del Estado.
También le ayudarán a sostener 73 por ciento de la producción de gas en esa ronda.
La producción diaria actual de Pemex es
de 2.39 millones de barriles (de 159 litros) de crudo y 6.504 millones
de pies cúbicos de gas.
Además, la Sener presentó también la
Ronda Uno, a desarrollar por operadores privados, con 109 bloques
dedicados a la exploración y 60 a la producción de petróleo y gas.
El gobierno calcula que esos proyectos
requerirán inversiones por 8 mil 525 millones de dólares entre 2015 y
2018 en exploración y explotación de aguas profundas y someras, campos
terrestres e hidrocarburos no convencionales, como el gas de esquisto.
La estatal pero autónoma Comisión
Nacional de Hidrocarburos prepara los términos de las licitaciones,
cuyos contratos serán adjudicados entre mayo y septiembre de 2015.
Manuel Llano, coordinador técnico de la
no gubernamental Conservación Humana, traslapó los mapas de las rondas
Cero y Uno con las áreas naturales protegidas, pueblos indígenas y
comunidades.
Sus hallazgos indican que el total de
áreas terrestres en la Ronda Cero suma casi 48 mil kilómetros cuadrados,
distribuidos en 142 municipios de 11 estados. La mayoría están en
Veracruz, seguido por Tabasco. La Ronda Uno engloba 11 mil kilómetros
cuadrados, con 68 municipios en ocho estados.
En los territorios de la Ronda Cero se
ubican 1 mil 899 núcleos agrarios, de los casi 32 mil existentes en el
país. Además, la Ronda Uno fluye por 671 territorios comunitarios, con
unos 4 mil 416 kilómetros cuadrados de propiedad colectiva.
La Ronda Cero afecta también a 13 pueblos
indígenas, con una superficie de 2 mil 810 kilómetros cuadrados. Entre
los grupos perjudicados figuran chontales, totonacas y popolucas. La
Ronda Uno involucra a cinco pueblos originarios, entre huastecos, nahuas
y totonacas, y más de 3 mil 200 kilómetros cuadrados.
“Es difícil decir con precisión los
lugares que serán más afectados. En un área muy pequeña puede haber un
gran daño. Depende de cada caso. Con los cálculos, puedo suponer
medianamente qué puede ocurrir en un determinado polígono, no en todos”,
analiza Llano.
El experto hizo un ejercicio similar en 2013 con el Atlas de concesiones mineras, conservación y pueblos indígenas, en el cual solapó el mapa de licencias mineras con las áreas protegidas y los territorios indígenas.
La nueva Ley de Hidrocarburos no deja
opción a los propietarios de la tierra, quienes tienen que pactar con
Pemex u operadores privados la ocupación de la tierra, o aceptar lo que
decida la justicia.
“El trabajo de las instituciones no ha
sido correcto. Sabemos cómo trabaja el aparato gubernamental para
conseguir lo que quiere. Ninguna aprobación va a prosperar. Nuestra
lucha va a seguir. No estamos solos, hay pueblos con la misma
problemática”, asegura la activista Maciel.
Desde marzo, varias organizaciones
sociales han establecido demandas colectivas contra entidades
gubernamentales por la autorización de la presa sobre el Río La Antigua y
sus secuelas ecológicas. Los Pescados es uno de sus afluentes.
Entre 2009 y 2013, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó 12 centrales
hidroeléctricas y minihidroeléctricas sobre ríos veracruzanos, cuya
construcción no ha comenzado.
Llano planea cotejar los mapas de
hidrocarburos con las licitaciones y los contratos para determinar el
potencial de recursos que el gobierno asegura que existen y si
corresponden con las subastas.
“Los hidrocarburos no pueden estar por
encima del derecho a un ambiente sano. Se puede zonificar, donde se
pueda, para las explotaciones y establecer las restricciones”, plantea.
Emilio Godoy*/IPS
*Corresponsal de IPS en México; especialista en ambiente, derechos humanos y desarrollo sustentable
Comentarios