Distractores para ocultar graves problemas del país
Desde
los hilos del poder que controlan a los medios de comunicación en el
país se polariza a una confundida sociedad con temas como el matrimonio
entre personas del mismo sexo, dando profusa difusión a marchas,
acciones y posiciones de sectores sociales y clericales en favor o en
contra de esta reforma emanada a propuesta del Ejecutivo, mientras que
la clase política gobernante y los partidos en el Congreso continúan
desdibujando al país y ocultando a las mayorías los graves problemas
que aquejan a la nación.
Como ya es costumbre, se coloca en la
agenda informativa asuntos que son empleados como distractores de
coyunturas de gran calado como la terrible crisis económica por la que
atraviesa México y que se agudizará con mayor fuerza el año entrante,
afectando a las clases de menores ingresos. Otro caso sumado a esta
estrategia de intencionales omisiones e irrelevantes banalidades, es la
expulsión de su partido del aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
En este escenario de colapso nacional
poco o nada se habla de los nocivos efectos que traerá el recorte
presupuestal de 2017 a sectores como el educativo, el de salud y el
campo. Y queda segregada en los temas de análisis la estratosférica
deuda pública de 8 billones de pesos que tiene de rodillas a las
finanzas públicas ante los organismos financieros internacionales, y
estancada a la economía nacional.
Por increíble que parezca, a los miembros
de la Arquidiócesis les interesa más bregar en contra de la nueva
modalidad matrimonial que velar por la seguridad de sus sacerdotes, tres
de los cuales fueron brutalmente asesinados en las pasadas semanas en
los estados de Veracruz y Michoacán, como parte de la escalada de
violencia que azota a todo el territorio nacional y que ha impactado por
igual a turistas extranjeros que a migrantes, de éstos últimos su
número de desaparecidos en lo que va del sexenio llega a 222, sumándose a
la cifra negra de más de 28 mil connacionales que son buscados por sus
familias en todo el país.
Bajo esta manipulación y ocultamiento
informativos se ponderan los efectos cotidianos de la desatada violencia
del crimen organizado, pero no se analizan sus causas ni las
responsabilidades de autoridades de todos los niveles en la impunidad
con que operan muchos de los cárteles de la droga y sus grupos
delincuenciales. Se sigue masacrando y encarcelando a maestros,
estudiantes y luchadores sociales, acumulando nuevos agravios a los no
resueltos con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los
saldos rojos de la represión en Nochixtlán, Oaxaca.
Los despojos y el saqueo a los recursos
naturales de comunidades indígenas y campesinas tienen encendidas las
luces rojas de la violencia social por el avasallamiento de imponer
proyectos de infraestructura carretera, hidroeléctricos y otros más sin
tomar opinión a los directamente afectados, fortaleciendo un inevitable y
contradictorio punto de choque entre el decir de las autoridades y su
proceder en los hechos.
Gran parte de los 15 millones que
conforman la población indígena y sus pueblos originarios siguen
esperando que se respete, por ejemplo, lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establecía como una de las
prioridades para ese sector impulsar un Acuerdo Nacional para el
Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pueblos Indígenas, a través
del diálogo y el derecho a la libre determinación como derecho
fundamental y a la consulta previa, libre e informada de estos
mexicanos.
La lista de movimientos de lucha emanados
por no llevar a la práctica tales compromisos es profusa: en Puebla,
Tlaxcala y Morelos la imposición de un gasoducto ha buscado suplir a la
razón amparo de la fuerza pública; el proyecto carretero en el Estado
de México que ha puesto en guardia a poblados indígenas como
Xochicuatla; la defensa de la autonomía de los zapotecos por la
invasión de las eólicas en Oaxaca; el Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra de Atenco que ha retomado la batalla; en Sonora la defensa del
agua, la lucha por la vida y la cultura yaqui, son sólo algunos de esta
cadena de atrocidades que de acuerdo a la Declaración de la ONU sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada para su aplicación por
nuestro país, debería cancelar la imposición de estos proyectos.
Tales asuntos donde miles de mexicanos
pelean por sus ancestrales derechos, son invisibles a esta manipulación y
control de los medios que tampoco hablan de las consecuencias que
acarreará el recorte presupuestal al sector salud, dejando a millones de
mexicanos, derechohabientes o no, sin el acceso a los servicios
médicos, a medicamentos o a una intervención quirúrgica oportuna que les
pueda salvar la vida.
La tijera presupuestal que no aplica para
las canonjías de la alta burocracia amenaza con descarrillar la tan
vanagloriada Reforma Educativa, al dejar sin recursos a 19 de los 23
programas donde se incluye el equipamiento de escuelas y hasta los
programas de capacitación de los mentores y las escuelas de tiempo
completo: son 5 mil 466 millones menos para este sector. En contraparte,
el Presupuesto de Egresos contempla recursos extras por 5 mil 645
millones de pesos para incrementar los sueldos, bonos y gratificaciones
de los funcionarios de primer nivel para el año entrante.
En esta maquillada y desigual austeridad,
en el agro las cosas tampoco pintan bien, razón por la que su
problemática tampoco aparece en la agenda informativa de los medios
masivos; el recorte del 2017 dejará prácticamente en ceros a 31 rubros
del sector agropecuario, en su mayoría proyectos de inversión.
Igualmente, los fideicomisos rurales, forestales, pesqueros y programas a
mujeres rurales serán reducidos en un 50 por ciento, lo que
prácticamente impactará en el ya de por sí deteriorado nivel de vida de
las familias del campo y anulará sus actividades primarias básicas.
Y mientras la pirotecnia informativa
busca distraer la atención de la opinión pública, otros temas aprobados
de manera irresponsable en el Congreso como la pensión universal que
amenaza con reducir los ingresos de jubilados y pensionados, abre la
puerta para que este modelo se extienda a instituciones como el IMSS y
se generalice en su aplicación para todos los personajes de la tercera
edad.
Preocupante que en medio de esta alentada
polarización social por los matrimonios de personas del mismo sexo, se
diluya la aprobación del reglamento al artículo 29 constitucional, que
faculta al Ejecutivo a decretar la suspensión de garantías a toda la
población, e inclusive aplicar el toque de queda, echando mano de las
fuerzas armadas, cuando se presuponga “una perturbación grave a la paz
pública, conflicto o invasión”, aunque lo votado por los legisladores no
defina con precisión cuáles serían las verdaderas circunstancias por
las que se justificará el empleo de una encubierta represión que bien
puede tener como trasfondo el acallar la protesta social, cuya fuerza
está emergiendo en el país por la sistemática violación a los derechos
de millones de mexicanos.
Martín Esparza Flores
Contralínea 509 / del 10 al 15 de Octubre 2016
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