Revolución blanca a la vista
Jubilados y pensionados
Por Martín Esparza Flores
La lucha de miles de jubilados y
pensionados por la defensa de los ahorros de toda su vida se sigue
fortaleciendo en todo el país y muy pronto se reflejará en el terreno
político con la presentación ante el Congreso de una iniciativa
ciudadana que plantea la inaplazable derogación de la ley que
actualmente rige y permite los abusos de los Fondos de Ahorro para el
Retiro, para que sean los trabajadores quienes determinen dónde y cómo
invertir sus ahorros, teniendo además la facultad de exigir cuentas a
los responsables del multimillonario quebranto de sus recursos por más
de 20 años.
Lo anterior es parte sustancial de los
acuerdos alcanzados en el Cuarto Congreso Extraordinario de la
Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la
República Mexicana, celebrado en la sede del Sindicato Mexicano de
Electricistas, donde representantes de organizaciones de jubilados de
todo el país, manifestaron su disposición por iniciar una campaña de
recolección de adhesiones, metafóricamente una revolución blanca por
todo el territorio nacional, con el fin de acompañar su propuesta de ley
con más de 130 mil firmas.
Fue alentador constatar que cada día se
fortalece en las personas de la tercera edad la toma de conciencia del
embate que desde las esferas del poder se viene ejecutando por
instrucciones de organismos internacionales como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, que busca culpar de la quiebra
de las finanzas públicas en países como México al pago de pensiones,
bajo la absurda tesis de que “los trabajadores son responsables del
problema por vivir más años”.
Una prueba de la acometida que se
prepara para pulverizar esta prestación a que tienen derecho millones de
mexicanos lo es la imposición de la llamada pensión universal de 580
pesos mensuales, que bajo el criterio neoliberal serán suficientes para
que una persona mayor pueda subsistir, cuando del otro lado de la moneda
funcionarios y altos personajes del poder judicial y otros organismos
públicos operan a su antojo, y sin vigilancia alguna del Congreso,
fideicomisos autónomos con recursos públicos por hasta 9 mil millones de
pesos, que les garantizan pensiones millonarias, como son los casos de
los ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, miembros de la Judicatura Federal y hasta
expresidentes, cuyas familias a su fallecimiento siguen gozando de
privilegiadas pensiones pagadas con los impuestos de todos los
mexicanos.
Los jubilados y pensionados del país
buscan que en la nueva ley ciudadana se establezca impulsar una
auditoría ciudadana que demuestre a millones de clientes de las Afores
dónde han sido invertidos sus ahorros, que ascienden a 2.5 billones de
pesos, para que los responsables de los millonarios quebrantos
—“minusvalías”—, sean sancionados; de igual manera, buscan garantizar
que el trabajador decida libremente dónde y cómo invertir sus recursos…
Esta lucha, digna en todos los sentidos, pronto retumbará en el Congreso.
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