La justa extinción del Cisen
Sin control ni
supervisión del gasto público por cientos de miles de millones de pesos
en la compra de equipo militar y policial, así como obras y servicios
públicos sin licitar, además de salarios excesivos que rebasan el sueldo
del presidente, los órganos de inteligencia y seguridad del Estado han
sido ineficientes y omisos para prevenir y atender los principales
problemas sociales, como se revela en la propia Agenda Nacional de Riesgos (ANR),
documento confidencial elaborado por el gobierno federal y resguardado
por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), órgano que
desparecerá por su incapacidad y negligencia para atender los riesgos y
amenazas a la seguridad nacional.
Esa Agenda, correspondiente a
2017, establece los 10 principales “peligros” para la nación, de los
cuales destaca la delincuencia organizada trasnacional, los ataques
cibernéticos, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, la
vulnerabilidad fronteriza, los grupos armados y la migración, problemas
que identifica como “factores que pueden vulnerar el pleno desarrollo de
la nación” y “que buscan atentar contra los objetivos e intereses
nacionales”.
Esa Agenda Nacional de Riesgos
identifica al Cisen con la “responsabilidad de establecer y operar un
sistema de investigación e información que contribuya a preservar la
integridad del Estado Mexicano”, circunstancia que por los vicios,
abusos y corruptelas de ese órgano de inteligencia se ha perdido, de tal
manera que su desaparición es un acto de justicia que responde a una
demanda popular.
Ante ello, integrantes del gabinete que
gobernará el país los próximos 6 años han anunciado la desaparición del
Cisen, principal órgano de inteligencia que ha sido utilizado por el
gobierno para el espionaje político en contra de grupos de oposición,
movimientos sociales e incluso periodistas.
Ese Centro será sustituido por una
Agencia Nacional de Seguridad, la cual concentraría la información y
todo el trabajo de los distintos órganos de inteligencia del país –aquí
se involucra a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y
Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de la República–,
con el propósito de ser eficientes y resguardar la seguridad del
Estado, rendir cuentas y evitar despilfarros desmedidos de recursos
públicos.
Esto ha generado de inmediato duras
críticas de algunos especialistas y expertos en la materia, así como de
muchos opinadores, quienes han calificado esta propuesta como un
retroceso y una vulnerabilidad para el Estado. Lo extraño es que la
mayoría de estos “críticos” ha guardado silencio ante los pésimos
resultados de ese órgano de inteligencia viciado que ha dejado de ser
útil a México, sin descontar la enorme carga presupuestal que
representa.
Lo que se necesita entonces es ordenar a
todos los centros de investigación e inteligencia del país para ser más
eficientes, cruzar información para evitar duplicidades, retomar su
objetivo primordial que es atender y prevenir los riesgos a la seguridad
nacional, dejar de espiar, perseguir y acosar a luchadores sociales,
políticos, opositores, empresarios incómodos, activistas y periodistas,
además de ser austeros y más eficientes en el gasto público.
El Cisen también tiene como función
“alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y
neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el
territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e
instituciones democráticas de los mexicanos, así como el desarrollo
económico, social y político del país”.
Investigaciones de Oficio de papel
han dado cuenta de cómo el Cisen mantiene una nómina de 3 mil 500
empleados, de los cuales unos 40 ocupan los cargos más importantes en su
estructura, aunque varios de ellos carecen de experiencia profesional.
Con el organigrama del aparato de
inteligencia civil del Estado mexicano, clasificado como documento
confidencial, se pudieron conocer los nombres y los elevados salarios de
quienes tienen la facultad de espiar a los mexicanos, sufragados con
recursos públicos y considerados entre los gastos más opacos de la
administración federal.
Para esa cúpula privilegiada del Cisen,
los salarios oscilan entre 1 millón 900 mil y 2 millones 400 mil pesos
anuales, es decir entre un 90 y 140 por ciento más de lo que ha dicho
Andrés Manuel López Obrador que deberán ganar los servidores públicos al
año, en un país donde la miseria y la pobreza extrema se extiende por
todo el territorio. Se debe acabar con esa burocracia privilegiada.
La opacidad de este órgano de
inteligencia llegó al absurdo de que, desde su creación el 13 de febrero
de 1989, los mexicanos no conocíamos quiénes eran los funcionarios que
ocupan los 40 cargos más importantes en su estructura y mucho menos el
salario que perciben, a pesar de que éste proviene de recursos públicos y
oscila para cada uno de ellos entre los 160 mil y 200 mil pesos
mensuales, más un bono por riesgo de trabajo correspondiente al 30 por
ciento adicional al salario, con lo cual la burocracia del Cisen rebasa
el sueldo del presidente de la República.
En la página en internet de este órgano
de seguridad nacional se lee: “es un órgano de inteligencia civil al
servicio del Estado mexicano, cuyo propósito es generar inteligencia
estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la
gobernabilidad y fortalecer al estado de derecho”. Si ese órgano de
inteligencia hubiera cumplido con sus funciones, el país tendría menos
problemas.
Por ser un ente de seguridad nacional,
adscrito a la Secretaría de Gobernación, sus 3 mil 500 trabajadores son
de confianza, no hay sindicato y tampoco personal operativo.
En las tres últimas administraciones
federales, con Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y
Enrique Peña Nieto (2012-2018) como presidentes, el Cisen prácticamente
fue desmantelado en su función primordial de salvaguardar la seguridad
del Estado y se convirtió en un centro de espionaje de comunicaciones,
vigilancia a opositores políticos y organizador de festejos, fiestas y
cumpleaños dentro de sus propias instalaciones.
Debido a que dos secretarías de Estado
–Función Pública y Hacienda y Crédito Público– son las responsables de
aprobar el presupuesto del Cisen, la estructura de éste se mueve sin
organización ni control, lo que deriva en una descomposición y desorden
hacia su interior.
Fuentes internas de ese órgano de
seguridad explican que actualmente se recluta y selecciona a personal
que carece de un perfil adecuado para el puesto que debe desempeñar. Con
un estancamiento de 18 años, este Centro acumula personal anquilosado,
que por muchos años no recibió capacitación alguna y tampoco realiza las
funciones inherentes a su responsabilidad.
En los exámenes de control de confianza
que se aplica al personal, de cada 10 trabajadores sólo aprueban dos,
aunque en sus informes oficiales el Cisen asegure que todos sus
empleados son confiables sin importar la eficiencia y eficacia en su
desempeño. Esto nos lleva a considerar que serán contados los agentes
del Cisen que serán nuevamente recontratados en el próximo gobierno y
los demás deberán irse a su casa.
Puntos suspensivos… De las muchas
medidas y acciones anunciadas por quienes gobernarán el país a partir
del 1 de diciembre, una de las que ha causado más conmoción es la de
reducción salarial de un 50 por ciento para todos aquellos que ganen más
de 1 millón de pesos mensuales. Y se entiende este malestar porque a
nadie le gusta que le toquen su salario cuando éste es a la baja. Sin
embargo, debemos considerar que el cambio de funcionarios pasará por
secretarios de Estado, directores generales de paraestatales u órganos
descentralizados, subsecretarios, directores generales y hasta algunos
directores de área y jefes de departamento, por lo cual debe dejar de
preocuparse nuestra actual burocracia de mandos medios y superiores
porque no les reducirán a ellos sus ingresos, sino que se irán a su casa
y serán contratados quienes estén dispuestos a vivir con un salario
austero y justo, en donde aprendan a someterse a la transparencia y a la
rendición de cuentas… En ese mismo sentido, llama la atención las
protestas de un loco y un borracho que se resisten a perder sus
canonjías que ellos mismos autorizaron cuando ocuparon la Presidencia de
la República, y que actualmente le cuesta al erario poco más de 5
millones de pesos por cada expresidente. Con esas acciones, los
mexicanos podremos ver por fin algo de justicia con esos holgazanes,
quienes no sólo deben perder sus pensiones sino que deben irse a prisión
por todas las corruptelas que cometieron durante los años que
gobernaron el país… Otros burócratas privilegiados que de inmediato
protestaron por la intención de López Obrador de reducir el salario a
los servidores públicos fueron los ministros de la Corte en voz de su
presidente Luis María Aguilar, a quienes sólo basta decirles que cumplan
la ley y lo que la Constitución mandata de que ningún burócrata puede
ganar más que el presidente de la República, así que los 11 ministros
vayan despidiéndose de sus 600 mil pesos mensuales y de los
multimillonarios fideicomisos que manejan porque les va a llegar la
austeridad en la que ya vivimos 100 millones de mexicanos.
Miguel Badillo
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