Carso, Ienova y Transcanada negocian con CFE contratos de ductos en construcción
En los tres casos, la construcción de los ductos ha sido interrumpida por problemas de consulta con las comunidades, otros por ya construidos y sin funcionar por actos de sabotaje, y unos por más falta de permisos, entre otras razones.
Después de las declaraciones del Ejecutivo, las empresas salieron a desmentir abusos en dichos contratos los cuales afirmaron obtuvieron en procesos de licitaciones públicas internacionales transparentes, posteriormente, los directivos de las tres acusadas se reunieron por separado con el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, en los tres casos para buscar una solución esta problemática que beneficie a ambas partes.
Antes de dicha reunión, Infraestructura Energética Nova (IEnova), sostuvo que “todos los contratos de ductos de transporte de gas natural de la empresa con CFE fueron adjudicados bajo procesos de licitación pública internacionales abiertos y transparentes bajo estándares internacionales de la industria.”
La empresa precisó que tiene un ducto que entró en operación en mayo de 2017. “Sin embargo, el servicio a la CFE fue interrumpido por actos de sabotaje sufridos en el ducto en agosto de 2017. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades federales y locales”.
La segunda en salir a defenderse fue Transcanada: “estos contratos incluyen previsiones de fuerza mayor que aplican cuando, ya sea la CFE o la compañía constructora de los ductos, se ven impedidas de cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias imprevistas fuera de su control. Los pagos recibidos durante estos eventos de fuerza mayor no son ‘multas’ ni ‘subsidios’”.
Carso Energy señaló en su momento que ganó tres concursos en procesos internacionales, transparentes y públicos. Los dos primeros para ser construidos y operados en los Estados Unidos, asociados con Energy Transfer Partners y Mastec con el 49 por ciento y Carso Energy con 51%. Estos dos gasoductos están operando desde hace más de dos años y pasaron la certificación Foreign Corrupt Practices Act que exige por Ley Estados Unidos.
Como se recodará, el Ejecutivo acusó a la administración anterior de “hacer negocios jugosos al amparo del poder público, contratos leoninos, para favorecer a particulares, últimamente se dieron contratos para la construcción de gasoductos” privados y con el compromiso de la CFE de comprarles el gas”.
Dichos contratos establecen que si los ductos no se pueden construir como sucede en estos siete grandes gasoductos, la CFE debe pagar a las empresas aunque no entreguen gas. En esta condición se encuentras 7 gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21 mil millones de dólares a la CFE.
Bajo este panorama, dijo el Presidente, “lo que estamos buscando es -que en el marco de la ley- una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria. Estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la CFE para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y sobre todo se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica”.
“Se convocará a ese propósito a las empresas particulares, en un plan de conciliación para buscar reparar el daño.” “Queremos inversión privada y extranjera pero que la extranjera con convicción ética, ¿cómo que contrate a un expresidente o funcionarios del sector donde opera la empresa, eso es totalmente inmoral?
Se trata de una “una revisión de conformidad con la empresa para que esto se corrija voluntariamente, no queremos solo la vía legal, porque no queremos que vayan a crear un ambiente, porque los que están a acostumbrado a medrar inmediatamente gritan ‘ya se está afectado el Estado de Derecho, ‘están queriendo actuar contra la Ley, no queremos una actitud leguleya, sino convencerlos de llegar a una negociación.”
Por su parte, Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, sostuvo que son “contratos leoninos” y que si por cualquier causa de fuerza mayor no pueden construirlos, le obliga a la CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo y que en 2018 acumula 5 mil millones de pesos por esas penas, y este año otros 16 mil millones de pesos.
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