Venezuela resiste, tras 4 años de sanciones estadunidenses
Seis órdenes ejecutivas, 77 sanciones individuales y 32 sanciones a entidades no han sido suficiente para imponer un nuevo orden en Venezuela, nación que ahora resiste una posible intervención militar.
Luego de los atentados del 11 de
septiembre de 2001, la administración de George W Bush logró la
aprobación en el Congreso estadunidense de la Ley Patriota[1], que sentó
las bases jurídicas para desarrollar guerras preventivas y declarar a
escala global “la guerra total al terrorismo”. La Ley Patriota es un
instrumento jurídico de carácter extraterritorial que ha permitido
extender a otros países la aplicación de las leyes estadunidenses.
El reconocido escritor Thierry Meyssan
ha denunciado que “desde 2001, el Tesoro estadunidense se ha convertido
en una potencia política que trabaja en coordinación con el Pentágono.
El Tesoro se ha dotado, en efecto, de poderes sorprendentes mediante la
creación de una jurisprudencia que permite extender a otros países la
aplicación de las leyes de Estados Unidos bajo el pretexto de que
ciertas transacciones internacionales se efectúan en dólares
estadunidenses[2]”.
El Departamento del Tesoro cuenta con un
Agencia de Inteligencia Financiera encargada de planificar y ejecutar
sanciones económicas y comerciales en apoyo a los objetivos de seguridad
nacional y de política exterior de Estados Unidos, denominada Oficina
de Control de Activos Estadunidense (OFAC).
La OFAC puede sancionar a Individuos,
Entidades, Barcos y Aeronaves designados o identificados en listas
derivadas de programas asociados a Leyes, Reglamentos y Órdenes
Ejecutivas. Según la OFAC las Sanciones son consecuencia o efecto de una
conducta que amenaza la política exterior y los objetivos de seguridad
nacional de Estados Unidos y son utilizadas para “prevenir” que los
países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero
estadunidense para propósitos que van en contra de la política
estadunidense y sus objetivos de seguridad nacional.
Bajo este andamiaje sustentado en la Ley
Patriota, y con el pretexto de luchar contra el terrorismo mediante
ataques preventivos que amenacen la Seguridad Nacional del país
norteamericano ha desarrollado un acabado sistema de presiones que
pretende imponer un orden político, económico, militar y social en
América y el mundo. Entre los países sancionados por la OFAC a la fecha
destacan: Belarús, Irán, Burundi, Rusia, Cuba, Siria, Libia, Nicaragua,
Corea del Norte, el Líbano, Liberia, Somalia, Sudan, Ucrania, Yemen y
Zimbabue[3]. Todos países con abundantes recursos energéticos, y
víctimas de intervenciones militares y golpes de estado con
participación estadunidense.
Seis órdenes ejecutivas
El 8 de marzo se cumplirán 4 años desde
que el expresidente Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13.692 y
declaró a su país en emergencia nacional, respecto de la amenaza inusual
y extraordinaria que representa la situación en Venezuela[5] a su
seguridad nacional y su política exterior. Posteriormente la
administración de Donald Trump ha emitido cinco órdenes ejecutivas
adicionales, sancionando a 77 individuos, 32 entidades y dos
embarcaciones.
La primera orden ejecutiva promulgada
por la administración de Trump fue emitida el 24 de agosto de 2017
(Orden Ejecutiva 13.808), la cual sanciona a la estatal petrolera
Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) afectando la emisión de nueva deuda y
el traspaso o negociación de deuda antigua en Estados Unidos, también
prohíbe el pago de dividendos y operaciones capital asociadas a CITGO.
El 19 de marzo de 2018 el presidente
Trump, mediante la Orden Ejecutiva 13.827, prohíbe las transacciones con
cualquier moneda digital o ficha digital venezolana (petro) a toda
persona o entidad estadunidense, las órdenes ejecutivas también prohíben
cualquier intento o forma de evasión de las mismas. Posteriormente,
emite cuatro sanciones individuales dirigidas a funcionarios del estado
venezolano argumentando en ella “mala gestión económica y corrupción”.
Luego de celebrarse las elecciones
presidenciales en Venezuela (resultando reelecto el presidente Nicolás
Maduro), Washington emite nuevas sanciones mediante la Orden Ejecutiva
13.835, de fecha 21 de mayo de 2018. Éstas prohíben la venta de deuda y
activos públicos en territorio estadunidense.
En septiembre de ese año, Estados Unidos
también aplica sanciones a personas físicas y jurídicas (entidades),
entre los individuos sancionados destacan: el ministro de la Defensa
Vladimir Padrino López y la vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez,
entre otros altos funcionarios del gobierno bolivariano.
Posteriormente, el 1 de noviembre
mediante la Orden Ejecutiva 13.850, Washington sanciona el sector
aurífero de la economía venezolana y engrosa la lista de altos
funcionarios del gobierno venezolano sancionados.
La más reciente orden ejecutiva (13.857)
fue emitida el 28 de enero de 2019, en ella se establecen más sanciones
a PDVSA; en esta oportunidad, las sanciones bloquean 7 mil millones de
dólares en activos de la estatal petrolera en adición a una perdida
estimada de 11 mil millones de dólares en sus exportaciones durante los
próximos años. Sumado a lo anterior, el Departamento de Estado certifica
al diputado Juan Guaidó “para recibir y controlar bienes” provenientes
de cuentas bancarias a nombre del gobierno venezolano y del Banco
Central, abiertas en instituciones financieras ubicadas en Estados
Unidos.
Las sanciones individuales
La Orden Ejecutiva 13.692 también
conocida como “Programa Venezuela”, generó el marco jurídico para
aplicar 77 sanciones individuales[6] de las 90 sanciones impuestas por
la OFAC a ciudadanos Venezolanos durante los últimos 4 años[7]. Es decir
que el 85 por ciento derivan del mencionado programa.
Cabe destacar que el 79 por ciento de
los sancionados por la OFAC a través del “Programa Venezuela” son
hombres, asimismo el 58 por ciento desempeñan cargos de alto gobierno
asociados al Poder Ejecutivo y el 36 por ciento son miembros activos de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), vinculados al sector
Seguridad y Defensa.
El escritor venezolano José Negrón,
recientemente denunció una serie de operaciones encubiertas dirigidas
por Gina Haspel (oficial de inteligencia de Estados Unidos y actual
directora de la CIA) desde el Pentágono para intentar quebrar la
voluntad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Negrón afirma: “su
objetivo es organizar y alimentar un ejército paralelo que se está
preparando desde Colombia[8]” para una posible intervención militar en
Venezuela.
Lo cierto es que el “Programa Venezuela”
ha establecido “presuntas sanciones” de forma selectiva a funcionarios
con altos cargos que desempeñan responsabilidades estratégicas en
materia de seguridad y defensa, buscando quebrar la unidad de la FANB y
del pueblo Venezolano que sigue respaldando al proyecto bolivariano.
El ministro de Defensa de Venezuela,
Vladimir Padrino López, rechazó las sanciones impuestas por Washington
calificándolas de injerencistas: “Que lo sepa el mundo entero y muy
especialmente el imperio norteamericano, con sus aliados internos y
externos, no nos intimidaran con sanciones de ninguna naturaleza[9]”.
Desde que Obama emitió la Orden
Ejecutiva 13.692 hasta la actualidad, la OFAC a través del Programa
Venezuela ha “sancionado” a los siguientes cargos: ministro de la
Defensa (Padrino López, Vladimir), ministro de Relaciones Interiores y
Justicia (Reverol Torres, Néstor Luis), ministro de Estado para la Nueva
Frontera de la Paz (Izquierdo Torres, Gerardo), comandante General del
Ejército Bolivariano (Suárez Chourio, Jesús Rafael), comandante General
de la Guardia Nacional Bolivariana (Rivero Marcano, Sergio José).
Asimismo la OFAC en tres oportunidades
en los últimos 4 años ha sancionado a funcionarios que han estado al
frente de la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN): Bernal Martínez, Manuel Gregorio; González López,
Gustavo Enrique; y Cristopher Figuera, Manuel Ricardo). Además, de
sancionar al primer comisionado del SEBIN (Rodríguez Mucura, Hildemaro
José) presuntamente por “reprimir la democracia y cometer fraude contra
personas”.
De igual forma la OFAC ordenó sanciones
en tres oportunidades a funcionarios que han ocupado el cargo de
director general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) señalando a:
(Pérez Urdaneta, Manuel Eduardo; Pérez Ampueda, Carlos Alfredo; y García
Duque, Franklin Horacio), todos oficiales de la FANB. Además de apuntar
a la lista al director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y
al comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de
Venezuela: (Bastardo Mendoza, Rafael Enrique y Hernández Dala, Iván
Rafael), respectivamente.
Curiosamente, la oficina de inteligencia
financiera ha sancionado a tres jefes de las Región Estratégica de
Defensa Integral (REDI) del país bolivariano, dos de la Región Central y
uno de la Región Andina. Asimismo, se ha incluido al comandante de la
Zona Operacional de Defensa Integral de la región capital en la lista de
sancionados. Todos oficiales activos de la FANB.
Al parecer, el Departamento del Tesoro
considera una amenaza los objetivos de seguridad nacional y de política
exterior de Estados Unidos al alto mando militar y a las fuerzas de
orden público del Estado venezolano.
Por otro lado, la OFAC ha sancionado a
los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos ministros
de Comunicación e Información (Villegas Poljak, Ernesto Emilio; y
Rodríguez Gómez, Jorge Jesús), 10 altos funcionarios del Poder Judicial
(predominantemente vinculados a la sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) y entre ellos el presidente (Moreno Pérez,
Maikel José). Además del fiscal general de la República Bolivariana de
Venezuela (Saab Halabi, Tarek William).
Igualmente, fueron sancionados el
presidente (Maduro Moros, Nicolás), y en dos oportunidades los dos
últimos vicepresidentes (El Aissami Maddah, Tareck Zaidan, y Rodríguez
Gómez, Delcy Eloína), así como nueve constituyentitas, entre ellos
(Cabello Rondon, Diosdado) también vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), entre otros.
Esto evidencia que las sanciones son
principalmente dirigidas al cargo que ocupan los funcionarios en
ejercicio, es decir, son sanciones selectivas dirigidas no hacia al
individuo sino al cargo que ocupan con el objetivo erosionar las bases
del Estado venezolano y promover su desintegración.
Todo eso no ha sido suficiente
Tras 4 años de sanciones, Venezuela
resiste y sigue buscando alternativas ante la crisis. Revisar los casos
de países sancionados como Irán, Cuba o Corea del Norte –quienes han
logrado sobrellevar las sanciones de Estados Unidos por décadas– es
vital para la experiencia venezolana, además de motorizar los esquemas
de cooperación Sur-Sur, y profundizar las alianzas con China y Rusia que
promueven un mundo multipolar, representan hoy una alternativa ante la
hostilidad externa que asedia a Venezuela.
“El fin del socialismo llegó a nuestro
hemisferio”, dijo Trump durante su discurso en la Universidad de la
Florida, el pasado 18 de febrero[10]. Ahí hizo referencia a Cuba,
Nicaragua y Venezuela, países incluidos en la denominada “Troika de la
Tiranía” por su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Cuba ha
soportado casi 60 años de bloqueo económico y sanciones, Venezuela lleva
4 años resistiendo y una probable intervención militar, y Nicaragua
pronto será denominada como “amenaza inusual y extraordinaria a la
seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, con la
promoción de una inminente ley sancionatoria denominada Ley NicAct.
Estos tres países son los principales promotores de la integración
latinoamericana y caribeña.
Cada presidente estadunidense se ha
destacado por tener en su haber una guerra, intervención militar y/o
golpe militar. ¿Será América Latina y el Caribe el escenario de guerra
del gobierno de Donald Trump?
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