Venezuela resiste, tras 4 años de sanciones estadunidenses



 

Seis órdenes ejecutivas, 77 sanciones individuales y 32 sanciones a entidades no han sido suficiente para imponer un nuevo orden en Venezuela, nación que ahora resiste una posible intervención militar.



Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la administración de George W Bush logró la aprobación en el Congreso estadunidense de la Ley Patriota[1], que sentó las bases jurídicas para desarrollar guerras preventivas y declarar a escala global “la guerra total al terrorismo”. La Ley Patriota es un instrumento jurídico de carácter extraterritorial que ha permitido extender a otros países la aplicación de las leyes estadunidenses.
El reconocido escritor Thierry Meyssan ha denunciado que “desde 2001, el Tesoro estadunidense se ha convertido en una potencia política que trabaja en coordinación con el Pentágono. El Tesoro se ha dotado, en efecto, de poderes sorprendentes mediante la creación de una jurisprudencia que permite extender a otros países la aplicación de las leyes de Estados Unidos bajo el pretexto de que ciertas transacciones internacionales se efectúan en dólares estadunidenses[2]”.
El Departamento del Tesoro cuenta con un Agencia de Inteligencia Financiera encargada de planificar y ejecutar sanciones económicas y comerciales en apoyo a los objetivos de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos, denominada Oficina de Control de Activos Estadunidense (OFAC).
La OFAC puede sancionar a Individuos, Entidades, Barcos y Aeronaves designados o identificados en listas derivadas de programas asociados a Leyes, Reglamentos y Órdenes Ejecutivas. Según la OFAC las Sanciones son consecuencia o efecto de una conducta que amenaza la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos y son utilizadas para “prevenir” que los países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero estadunidense para propósitos que van en contra de la política estadunidense y sus objetivos de seguridad nacional.
Bajo este andamiaje sustentado en la Ley Patriota, y con el pretexto de luchar contra el terrorismo mediante ataques preventivos que amenacen la Seguridad Nacional del país norteamericano ha desarrollado un acabado sistema de presiones que pretende imponer un orden político, económico, militar y social en América y el mundo.  Entre los países sancionados por la OFAC a la fecha destacan: Belarús, Irán, Burundi, Rusia, Cuba, Siria, Libia, Nicaragua, Corea del Norte, el Líbano, Liberia, Somalia, Sudan, Ucrania, Yemen y Zimbabue[3]. Todos países con abundantes recursos energéticos, y víctimas de intervenciones militares y golpes de estado con participación estadunidense.

Seis órdenes ejecutivas

El 8 de marzo se cumplirán 4 años desde que el expresidente Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13.692 y declaró a su país en emergencia nacional, respecto de la amenaza inusual y extraordinaria que representa la situación en Venezuela[5] a su seguridad nacional y su política exterior. Posteriormente la administración de Donald Trump ha emitido cinco órdenes ejecutivas adicionales, sancionando a 77 individuos, 32 entidades y dos embarcaciones.
La primera orden ejecutiva promulgada por la administración de Trump fue emitida el 24 de agosto de 2017 (Orden Ejecutiva 13.808), la cual sanciona a la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) afectando la emisión de nueva deuda y el traspaso o negociación de deuda antigua en Estados Unidos, también prohíbe el pago de dividendos y operaciones capital asociadas a CITGO.
El 19 de marzo de 2018 el presidente Trump, mediante la Orden Ejecutiva 13.827, prohíbe las transacciones con cualquier moneda digital o ficha digital venezolana (petro) a toda persona o entidad estadunidense, las órdenes ejecutivas también prohíben cualquier intento o forma de evasión de las mismas. Posteriormente, emite cuatro sanciones individuales dirigidas a funcionarios del estado venezolano argumentando en ella “mala gestión económica y corrupción”.
Luego de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela (resultando reelecto el presidente Nicolás Maduro), Washington emite nuevas sanciones mediante la Orden Ejecutiva 13.835, de fecha 21 de mayo de 2018. Éstas prohíben la venta de deuda y activos públicos en territorio estadunidense.
En septiembre de ese año, Estados Unidos también aplica sanciones a personas físicas y jurídicas (entidades), entre los individuos sancionados destacan: el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y la vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez, entre otros altos funcionarios del gobierno bolivariano.
Posteriormente, el 1 de noviembre mediante la Orden Ejecutiva 13.850, Washington sanciona el sector aurífero de la economía venezolana y engrosa la lista de altos funcionarios del gobierno venezolano sancionados.
La más reciente orden ejecutiva (13.857) fue emitida el 28 de enero de 2019, en ella se establecen más sanciones a PDVSA; en esta oportunidad, las sanciones bloquean 7 mil millones de dólares en activos de la estatal petrolera en adición a una perdida estimada de 11 mil millones de dólares en sus exportaciones durante los próximos años. Sumado a lo anterior, el Departamento de Estado certifica al diputado Juan Guaidó “para recibir y controlar bienes” provenientes de cuentas bancarias a nombre del gobierno venezolano y del Banco Central, abiertas en instituciones financieras ubicadas en Estados Unidos.

Las sanciones individuales

La Orden Ejecutiva 13.692 también conocida como “Programa Venezuela”, generó el marco jurídico para aplicar 77 sanciones individuales[6] de las 90 sanciones impuestas por la OFAC a ciudadanos Venezolanos durante los últimos 4 años[7]. Es decir que el 85 por ciento derivan del mencionado programa.
Cabe destacar que el 79 por ciento de los sancionados por la OFAC a través del  “Programa Venezuela” son hombres, asimismo el 58 por ciento desempeñan cargos de alto gobierno asociados al Poder Ejecutivo y el 36 por ciento son miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), vinculados al sector Seguridad y Defensa.
El escritor venezolano José Negrón, recientemente denunció una serie de operaciones encubiertas dirigidas por Gina Haspel (oficial de inteligencia de Estados Unidos y actual directora de la CIA) desde el Pentágono para intentar quebrar la voluntad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Negrón afirma: “su objetivo es organizar y alimentar un ejército paralelo que se está preparando desde Colombia[8]” para una posible intervención militar en Venezuela.
Lo cierto es que el “Programa Venezuela” ha establecido “presuntas sanciones” de forma selectiva a funcionarios con altos cargos que desempeñan responsabilidades estratégicas en materia de seguridad y defensa, buscando quebrar la unidad de la FANB y del pueblo Venezolano que sigue respaldando al proyecto bolivariano.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó las sanciones impuestas por Washington calificándolas de injerencistas: “Que lo sepa el mundo entero y muy especialmente el imperio norteamericano, con sus aliados internos y externos, no nos intimidaran con sanciones  de ninguna naturaleza[9]”.
Desde que Obama emitió la Orden Ejecutiva 13.692 hasta la actualidad, la OFAC a través del Programa Venezuela ha “sancionado” a los siguientes cargos: ministro de la Defensa (Padrino López, Vladimir), ministro de Relaciones Interiores y Justicia (Reverol Torres, Néstor Luis), ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz (Izquierdo Torres, Gerardo), comandante General del Ejército Bolivariano (Suárez Chourio, Jesús Rafael), comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (Rivero Marcano, Sergio José).
Asimismo la OFAC en tres oportunidades en los últimos 4 años ha sancionado a funcionarios que han estado al frente de la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN): Bernal Martínez, Manuel Gregorio; González López, Gustavo Enrique; y Cristopher  Figuera, Manuel Ricardo). Además, de sancionar al primer comisionado del SEBIN (Rodríguez Mucura, Hildemaro José) presuntamente por “reprimir la democracia y cometer fraude contra personas”.
De igual forma la OFAC ordenó sanciones en tres oportunidades a funcionarios que han ocupado el cargo de director general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) señalando a: (Pérez Urdaneta, Manuel Eduardo; Pérez Ampueda, Carlos Alfredo; y García Duque, Franklin Horacio), todos oficiales de la FANB. Además de apuntar a la lista al director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y al comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela: (Bastardo Mendoza, Rafael Enrique y Hernández Dala, Iván Rafael), respectivamente.
Curiosamente, la oficina de inteligencia financiera ha sancionado a tres jefes de las Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) del país bolivariano, dos de la Región Central y uno de la Región Andina. Asimismo, se ha incluido al comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de la región capital en la lista de sancionados. Todos oficiales activos de la FANB.
Al parecer, el Departamento del Tesoro considera una amenaza los objetivos de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos al alto mando militar y a las fuerzas de orden público del Estado venezolano.
Por otro lado, la OFAC ha sancionado a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos ministros de Comunicación e Información (Villegas Poljak, Ernesto Emilio; y Rodríguez Gómez, Jorge Jesús), 10 altos funcionarios del Poder Judicial (predominantemente vinculados a la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y entre ellos el presidente (Moreno Pérez, Maikel José). Además del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela (Saab Halabi, Tarek William).
Igualmente, fueron sancionados el presidente (Maduro Moros, Nicolás), y en dos oportunidades los dos últimos vicepresidentes (El Aissami Maddah, Tareck Zaidan, y Rodríguez Gómez, Delcy Eloína), así como nueve constituyentitas, entre ellos (Cabello Rondon, Diosdado) también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre otros.
Esto evidencia que las sanciones son principalmente dirigidas al cargo que ocupan los funcionarios en ejercicio, es decir, son sanciones selectivas dirigidas no hacia al individuo sino al cargo que ocupan con el objetivo erosionar las bases del Estado venezolano y promover su desintegración.

Todo eso no ha sido suficiente

Tras 4 años de sanciones, Venezuela resiste y sigue buscando alternativas ante la crisis. Revisar los casos de países sancionados como Irán, Cuba o Corea del Norte –quienes han logrado sobrellevar las sanciones de Estados Unidos por décadas– es vital para la experiencia venezolana, además de motorizar los esquemas de cooperación Sur-Sur, y profundizar las alianzas con China y Rusia que promueven un mundo multipolar, representan hoy una alternativa ante la hostilidad externa que asedia a Venezuela.
“El fin del socialismo llegó a nuestro hemisferio”, dijo Trump durante su discurso en la Universidad de la Florida, el pasado 18 de febrero[10]. Ahí hizo referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países incluidos en la denominada “Troika de la Tiranía” por su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Cuba ha soportado casi 60 años de bloqueo económico y sanciones, Venezuela lleva 4 años resistiendo y una probable intervención militar, y Nicaragua pronto será denominada como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, con la promoción de una inminente ley sancionatoria denominada Ley NicAct. Estos tres países son los principales promotores de la integración latinoamericana y caribeña.
Cada presidente estadunidense se ha destacado por tener en su haber una guerra, intervención militar y/o golpe militar. ¿Será América Latina y el Caribe el escenario de guerra del gobierno de Donald Trump? 

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