La huelga en la UAM y la desatención a universidades
La lucha que
viene dando el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana (SITUAM) debe llevar a la reflexión a los
funcionarios del área educativa y legisladores sobre la reasignación de
mayores recursos a las universidades públicas del país por el marcado
det gerioro salarial de su personal, sobre todo académico.
Esta primera revisión contractual
federal refleja el deterioro en el poder adquisitivo de esta casa de
estudios que alberga a más de 53 mil alumnos, pero también la falta de
acuerdos y disposición para solucionar un conflicto que ya va para 1
mes, tras el estallamiento de huelga del pasado 1 de febrero.
Otras universidades –como la Autónoma de
Chapingo (UACH) y de Baja California– enfrentan situaciones similares y
de hecho, en el caso de la UACH, su rector ha señalado que en la
asignación de recursos del Presupuesto de Egresos 2019 se le quitaron 50
millones de pesos al rubro de pago de nómina y prestaciones para los
trabajadores.
De acuerdo con esto, los diputados
mandaron esos recursos a otras áreas de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro, lo que al decir de las autoridades ha agudizado un
problema que se venía acumulando en el deterioro de salarios, sobre todo
porque desde hace varios años la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público no ha resarcido el déficit financiero de la UACH.
El asunto se torna grave porque al
parecer, y de manera generalizada, las universidades públicas de todo el
país sólo están ofreciendo un 3.35 por ciento de incremento salarial,
cuando para resarcir la inflación éste debe ser mínimo del 4.84 por
ciento para compensar la inflación, tal y como lo ha establecido la
política salarial del nuevo gobierno.
Si esto no se soluciona de manera
pronta, el conflicto puede generalizarse a otras casas de estudios,
razón por la que tanto funcionarios como integrantes del Congreso deben
sentarse a analizar la cuestión salarial en las instituciones de
educación superior, porque de ello depende el futuro académico de miles
de jóvenes en México.
Desde el pasado año se puso de
manifiesto que la falta de recursos en 10 universidades públicas estaba
colocando en situación de riesgo la educación de más de medio millón de
universitarios; de hecho, el pasado 29 de octubre 14 instituciones
educativas hicieron un paro de 24 horas para exigir mayores recursos a
las autoridades.
Estudios la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos señalan que en México únicamente
17 de cada 100 personas logran ingresar a una institución de nivel
superior y cursar una carrera. Los estudiantes de menores recursos son
los que tienen en las escuelas públicas la oportunidad de prepararse,
pues las colegiaturas de las universidades públicas hacen imposible que
puedan sufragar sus estudios.
Entre las universidades en déficit se
encuentran las de Morelos, Chiapas, Edomex, Michoacán, Nayarit, Oaxaca,
Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. De acuerdo con la Confederación
Nacional de Trabajadores Universitarios, se requiere por lo menos
invertir 2 mil 500 millones de pesos para rescatarlas del quebranto en
el que se encuentran.
Sus rectores han reiterado que entre las
causas de esta crisis que se generaliza en todo el país están el
aumento de la matrícula sin incremento presupuestal, el estancamiento de
los subsidios otorgados por el gobierno federal, recortes en los
recursos estatales, pagos de pensiones a trabajadores y maestros,
adeudos al SAT, deudas bancarias y plantillas de profesores no
reconocidas tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Estas diez casas de estudios brindan
atención a unos 580 mil alumnos; es decir, el 32 por ciento de la
matrícula universitaria de todo el país. La Cámara de Diputados anunció a
finales de octubre de 2018 que solicitaría a la SHCP la liberación de 1
mil 137 millones de pesos contenidos en dos fondos financieros de la
SEP: el U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación y el U081
apoyos para la atención a problemas estructurales de la SEP, con 437 y
700 millones de pesos, respectivamente.
Sin embargo, parece que en la asignación
de recursos en el presupuesto de egresos no se contemplaron los
brutales rezagos educativos en las universidades; de hecho, buena parte
de la matrícula de profesores de la propia UNAM, no son de tiempo
completo y los salarios que perciben los académicos son realmente muy
bajos.
Es indudable que el tema requiere de una
atención prioritaria pues la calidad de la educación en las
instituciones públicas de educación superior está en riesgo, afectando
sobre todo a los estudiantes de más bajos recursos. La crisis financiera
en las universidades públicas tiende además a disminuir la creación de
nuevos espacios para que un mayor número de jóvenes tenga la oportunidad
de capacitarse.
No hay que olvidar que si bien se
incrementaron los salarios mínimos no ha habido correspondencia con los
salarios profesionales. Solucionar el pliego de peticiones del SITUAM
debe implicar la reasignación de recursos económicos pero también el
replanteamiento de los ya asignados para que como en el caso de la
Universidad Autónoma de Chapingo, no se castigue a los salarios del
cuerpo docente.
El asunto, insistimos, es prioritario
porque no atenderlo puede generalizar el problema a un buen número de
universidades públicas de todo el país. Ha llegado momento de analizar
los brutales déficits económico en que colocaron los tecnócratas
neoliberales a la educación pública superior en México, porque el futuro
de millones de jóvenes estudiantes depende de ello.
Martín Esparza Flores**Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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