Impuesto “ecológico”: permiso para destruir el medio ambiente
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*Integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería
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Mineras tóxicas y depredadoras podrán pagar sus culpas con un “impuesto verde”. La determinación de la SCJN, que avala la medida impulsada por el gobierno de Zacatecas, sólo vendrá a justificar un daño por miles de millones de pesos –además del social y cultural– que no se ve reflejado en los libros contables
Hace unos días, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) determinó legal la aplicación de un
“impuesto ecológico” que pagarán las empresas relacionadas con el modelo
extractivo depredador en el estado de Zacatecas. En los hechos, el aval
a este impuesto significa la justificación y un intento de legitimación
de un modelo extractivo que múltiples estudios e investigaciones han
demostrado que destruye la vida.
Con estos tenues e irreales paliativos verdes,
como el aprobado recientemente, se envía un mensaje distorsionado y
mentiroso para que la opinión pública crea que en Zacatecas hay un
gobernador –Alejandro Tello– preocupado por el medio ambiente. La
realidad es que se sigue imponiendo una visión de desarrollo en la que
se usa la naturaleza de forma barata.
Nuevamente se propaga el grito de que
“el que contamina paga”, a pesar de ser una fórmula nacida –y ya
oxidada–, en el zedillismo. Y que, sin embargo, para varios políticos y
magistrados continúa siendo vigente. Todo a pesar del desastre
socioambiental en el que nos encontramos.
Este gobernador y el resto de los gobernadores del país, en lugar de simular políticas públicas verdes,
deberían impulsar la aplicación de procesos para la rendición de
cuentas, y no para compensar o resarcir daños, que, además ni siquiera
el Estado está capacitado para determinarlos.
Si a la actividad minera se le agregara
en su costo de producción el costo generado por daño ambiental y por
daños a la salud de la población, sería una práctica económica inviable,
porque los daños que ocasionan son desproporcionadamente mayores a la
inversión orientada a esa supuesta atención.
Lo que los pueblos y la sociedad
demandan es justicia socioambiental. En consecuencia, se debe prohibir
la minería a cielo abierto y de tumbe y relleno, porque esta práctica
pondera una visión de “progreso y desarrollo” que hace creer que podemos
tener un crecimiento económico infinito (cuando el planeta es finito).
Este modelo, además, profundiza la desigualdad; concentra y privatiza
las ganancias, y deja en manos de la sociedad más vulnerable los costos y
prejuicios socio-ambientales. Insistimos en que se deben responder tres
preguntas básicas ante los proyectos mineros: 1) desarrollo para qué y
2) para quiénes; y 3) si, bajo esa lógica, tal desarrollo será de largo
aliento.
Giancarlo Delgado, economista por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios de maestría
y doctorado en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de
Barcelona (España) e investigador titular de tiempo completo del Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
UNAM, y también integrante del Sistema Nacional de Investigadores del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su publicación Metabolismo social y energía,
hace referencia al costo ecológico del actual modelo, y nos explica lo
que significa sacar 1 gramo de oro en la mina Cerro San Pedro, de San
Luis Potosí.
Cada gramo de oro de esa mina trae
consigo una carga ecológica de por lo menos 4 millones de gramos de
desechos sólidos de diverso grado de toxicidad y 2 millones de gramos de
agua altamente tóxica. ¿Será que el gobernador de Zacatecas tiene idea
de lo que sucede con ese tema en la mina de Mazapil?
Esta carga, conocida como “mochila
ecológica”, de manera inmediata hace ver que la actividad minera actual
es insostenible y ayuda a entender que el “impuesto ecológico”
establecido por la Suprema Corte raya en la burla y el desconocimiento
de fondo de la problemática minera.
El gobernador Tello cree que el
maquillaje verde podrá perpetuar la rapacidad e impacto de las empresas
extractivas. Cree también que con este impuesto salvará al estado de no
entrar de lleno a una crisis socioambiental sin precedentes. Falta ver
las reacciones en contra de esta nueva tributación que, por supuesto,
las empresas –por cierto, varias con amparos en la bolsa– podrán
discernir para que su aplicación, si es que no la pueden esquivar, sea
por lo menos subrepticia, oculta, oscura, para que no se le pueda dar
seguimiento, tal como sucede con el Fondo Minero.
Tampoco es real que con el dinero que se
recaude mediante ese impuesto, se podrán atender los problemas que
históricamente ha presentado el extractivismo minero, cervecero y
monoagroalimentario relacionados con los daños a la salud, la
contaminación y agotamiento de recursos hídricos, el despojo y
desplazamiento forzado y la destrucción de formas de vida campesinas.
Lo paradójico que raya en el cinismo es
que a quienes se les quiere responsabilizar a los campesinos, los
pueblos y las comunidades de no ser solidarios con los bienes naturales
que demandan las megaurbes (que siguen creciendo sin planeación de
futuro).
Decir que los “impuestos ecológicos” son
sinónimo de justicia, reciprocidad y beneficio para el estado,
significa acentuar la asignatura pendiente que se tiene con los pueblos
que son saqueados y violentados.
Esta iniciativa verde centrada
en el ecoeficientismo es sólo un discurso. Y es aberrante hablar de
“minería sustentable”, cuando la esencia de ésta es la lógica
capitalista de acumulación de ganancia por desposesión.
Hay que hacer énfasis en que la minería
que predomina en América Latina, México y Zacatecas es una megaminería
tóxica centrada en la extracción de metales y en la acumulación de
desechos tóxicos como pasivos ambientales. Predomina también la
acumulación de ganancias como sucedió en 2017, cuando el total del valor
de la extracción minera fue de 417 mil millones de pesos, pero de los
cuales el Estado sólo recaudó 4 mil 973 millones de pesos. Es decir, el 1
por ciento del total, que equivale sólo al 0.35 por ciento del total de
los ingresos del gobierno federal.
Antes de aprobar impuestos ecológicos
“por remediación ambiental de la extracción de materiales, de la emisión
de gases a la atmósfera, de la emisión de contaminantes al suelo,
subsuelo y agua y al depósito o almacenamiento de residuos”, tanto el
gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, como los legisladores y las
instancias de procuración de justicia, deberían concentrar sus esfuerzos
en la reivindicación para las y los zacatecanos que históricamente han
sido agraviados por la actividad minera.
Los funcionarios del gobierno que hoy
encabeza Tello mucho tienen que decir del despojo y desplazamiento
forzado en el municipio de Noria de Ángeles; en Salaverna, Nuevo
Mercurio y las comunidades aledañas al complejo Peñasquito en Mazapil;
en la Colorada y la cabecera municipal en Chalchihuites; en Vetagrande,
en San Martín y San José de Canutillo en Sombrerete… sólo por mencionar
algunas de las varias experiencias que falta citar.
Grecia Eugenia Rodríguez Navarro y Sergio Elías Uribe Sierra**Integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería
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