El INAH en su 80 aniversario: contradicciones e injusticia laboral
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El 80
aniversario 80 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
celebrado este mes de febrero ha sido opacado –a pesar de los elogios y
exaltaciones que del Instituto ha hecho su director, el antropólogo
Diego Prieto– debido a las protestas de diversos sectores de sus
trabajadores, principalmente el de los eventuales. La realidad de la
vida interna del INAH se ha visto expuesta por los recientes conflictos
laborales que se han suscitado como consecuencia del recorte de personal
promovido y avalado por la dirección del Instituto, que tiene que ver
con la limpia que en muchas dependencias gubernamentales está haciendo la nueva administración federal morenista.
Los despidos de los trabajadores del
INAH no deben tomarse a la ligera. Se debe analizar la pertinencia
laboral de los contratados antes de realizar cualquier destitución o
simplemente antes de no renovar la contratación de los trabajadores. Y
es aquí donde radica el mayor problema laboral de miles de empleados en
el INAH, pues desde hace decenios el Instituto se ha servido de la mano
de obra de pasantes y licenciados de las diversas áreas pertinentes a la
antropología y la historia, sin el mínimo respeto por los derechos
laborales de los mismos; esto en las áreas académica y de investigación,
pues en el área administrativa el panorama es otro, aunque también hay
trabajadores temporales.
En este sentido, en la página del INAH
se establece que la institución cuenta con una secretaría técnica, siete
coordinaciones nacionales y 31 centros estatales; instancias de
investigación responsables de 110 mil monumentos históricos, 29 mil
zonas arqueológicas registradas de las cuales sólo 181 están abiertas al
público, más de 120 museos de diferentes categorías –aunque Diego
Prieto ha declarado que son 192 zonas arqueológicas abiertas y más de
160 museos–, así como bibliotecas y fototecas. Además, la institución
realiza trabajo antropológico en diversas comunidades. Es evidente que
el INAH requiere para la investigación, conservación y difusión de lo
mencionado una gran cantidad de investigadores, aunque sólo cuenta con
entre 800 y 900, incluidos los profesores de las tres escuelas del
Instituto. En su conjunto, el personal mencionado es insuficiente para
las actividades de investigación y académicas requeridas; por eso es que
durante décadas se ha contratado a personal eventual, aunque siempre se
ha negado la necesidad que se tiene de este, pretexto que usa el INAH
para no reconocer los derechos laborales de estos trabajadores.
Esta situación es bien retratada en los
pasillos de la institución cuando investigadores eventuales o recién
egresados de la universidad buscan una plaza de investigación, que en
primer instancia se abre a concurso porque un vetusto y encumbrado
científico, después de decenios de ardua labor se ha retirado y por esa
causa se abrió la plaza, misma que detenta unos estándares académicos
altísimos debido a la longevidad estudiosa del que la ha abandonado.
Dicen en el INAH que “una plaza se abre a concurso cada que muere un
investigador”, y esa es una expresión que refleja la realidad laboral
del instituto: no hay una apertura de plazas de investigación desde hace
décadas, salvo contadas excepciones, ya que la mayoría se reciclan como
se ha señalado.
El 5 de febrero pasado, en entrevista
con Carmen Aristegui, Diego Prieto dijo que hasta antes de los recortes
laboraban en el INAH 6 mil 500 trabajadores, de los cuales 5 mil son de
base y 1 mil 500 contratados de manera eventual. Desafortunadamente de
esos 1 mil 500 un .08 por ciento ya no fue recontratado debido a los
recortes mencionados. Cabe señalar que de los 5 mil de base la mayoría
son administrativos, técnicos, manuales y de servicios; pues como ya
mencioné, los investigadores, en el mejor de los casos, son 900.
Es injustificable que una institución
cuyos propósitos fundamentales son la investigación y la enseñanza
académica, tenga una plantilla de administrativos tan superior a la de
los investigadores y profesores. Esa es una de las grandes
contradicciones del INAH, que deriva de una mala planeación y de una
burocracia acendrada en sus formas de perpetuación; burocracia
administrativa que desde hace décadas tiene el control del Instituto.
La otra gran contradicción del INAH
tiene que ver con los trabajadores eventuales, los contratados por
cortos periodos en una estrategia “de esclavitud laboral”, misma que se
emplea para evitar su basificación. Esos trabajadores son llamados “los
indocumentados” y, aunque parezca absurdo, son casi el doble de los
investigadores con base. Con la contratación eventual el INAH evade las
mínimas obligaciones laborales que marca el Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal
del Trabajo y las Condiciones Generales de Trabajo del mismo Instituto
(aunque Diego Prieto asegura que actualmente todos los eventuales
reciben servicio médico). Situación que debió ser regulada en los meses
recientes, pues se tiene noticia de que hace poco algunos investigadores
sólo firmaban una nómina en proyectos en los que sólo interviene el
INAH. Además de que en general los investigadores que reciben servicio
médico son aquellos que laboran para terceros que mantienen convenios
con el INAH; por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Petróleos Mexicanos (Pemex) o las compañías constructoras involucradas
en la edificación de ductos, carreteras y tendido de líneas eléctricas e
infraestructura de otra índole, esto en el caso de los arqueólogos de
salvamento; y son esos terceros los que dan el servicio médico.
Ojalá que todos los eventuales de
cualquier área del INAH, los que sobrevivieron al recorte, reciban el
servicio médico que Diego Prieto asevera que el instituto les facilita.
Es una burla que el INAH, la entidad
encargada de la preservación de la memoria histórica y arqueológica, así
como del estudio antropológico de la sociedad –todas materias de las
que el hombre es la parte fundamental–, sea una de las instituciones que
más socava los derechos laborales del trabajador; de ese
“indocumentado” sin prestaciones, que además es contratado a capricho
del director de un proyecto; de ese hombre que es sustituido o cesado,
sin mayor mediación, después de años de labor; de esa mujer que
accidentada debido a la negligencia de su jefa, debió abandonar la
práctica de su profesión sin la indemnización adecuada; de ese joven
investigador que ya no es contratado porque un aviador planea de lejos la oficina, el archivo o la fototeca, porque el subdirector le debe un favor.
La administración federal tiene que
reflexionar sobre los despidos de los trabajadores del INAH, pero sobre
todo acerca de la situación laboral del Instituto y, en conjunto con el
director del mismo, así como con los trabajadores, revisar los tipos de
contratación que se celebran, sobre todo de los investigadores. Las
autoridades deben revertir las injustas situaciones laborales que
prevalecen en el INAH, ya que es una dependencia gubernamental y sus
trabajadores son responsabilidad del Estado mexicano; y éste debe ser
garante de los derechos individuales y colectivos de esos trabajadores,
que mantienen a una institución que investiga y protege el devenir
social en sus múltiples manifestaciones culturales, pero que también
carcome la integridad de su componente humano.
Roberto Galindo*
*Maestro en apreciación y creación
literaria; literato; arqueólogo; diseñador gráfico. Cursa el doctorado
de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente
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