Además del tren, proyecto Transístmico incluye parques industriales y un gasoducto
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Autor:
Érika Ramírez @erika_contra
El Corredor Transístmico contempla en su modelo de negocio la instalación de 10 parques industriales, un tren, un gasoducto y el acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los empresarios. En entrevista, el director del proyecto, Rafael Marín Mollinedo, asegura que ya se realizó la consulta indígena para estos propósitos
El modelo de negocio del llamado
Corredor Transístmico contempla no sólo la construcción de un tren, sino
también la instalación de 10 parques industriales, un gasoducto y el
acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los
empresarios, de acuerdo con el titular del proyecto federal, Rafael
Marín Mollinedo. La inversión sexenal será del orden de 250 mil millones
de pesos.
Considerado como uno de los principales
proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, éste presenta discursos contradictorios al interior del
gabinete: por un lado, Mollinedo –director del Corredor Interoceánico
del Istmo de Tehuantepec de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP)– asegura que la consulta indígena ya está hecha; por el otro,
Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice que se
trata “no de una consulta, sino de un proceso de consulta” (edición
653).
En entrevista con Contralínea,
el funcionario de Hacienda y empresario quintanarroense, expone que este
proyecto pretende ser el “motor de desarrollo” del Sureste mexicano;
también, una cortina de contención para que los migrantes
centroamericanos tengan empleo.
Él es uno de los militantes de
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que hicieron un trabajo arduo
en Quintana Roo para que el presidente López Obrador obtuviera el
triunfo en 2018, ahora encargado de ejecutar uno de los cuatro
principales proyectos de infraestructura del sexenio: el Corredor
Transístmico, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.
Opositores a este megaproyecto han
denunciado que aún no se hace una consulta indígena, como lo marca el
artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de manera
previa, libre e informada. Ante ello, el funcionario de la SHCP asegura
que ya se llevó a cabo: “La gente, los indígenas ya nos aprobaron el
proyecto”.
De acuerdo con el Plan Nacional de
Desarrollo 2019, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional
“con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo
oaxaqueño y veracruzano”.
El documento, publicado en el 12 de julio en Diario Oficial de la Federación
expone que este proyecto aprovechará la posición del Istmo para
“competir” en los mercados mundiales de movilización de mercancías. Y
que está avalado a través de una consulta realizada durante el 30 y 31
de marzo de este año, mediante asambleas regionales, “se obtuvo la
autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o
zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco,
mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los
artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas”.
El modelo de negocio
Entrevistado en sus oficinas de Palacio
Nacional, Marín Mollinedo expone que el Corredor Transístmico pretende
ser la “palanca del desarrollo” en el Sureste para “irradiar” esta
región, la más atrasada en este momento.
A esta zona del país, arguye el
empresario dedicado a comercialización de frutas y verduras a través de
la compañía Tabana Banana, no se le ha invertido en infraestructura
desde hace muchos años, se ha priorizado al centro y al Norte del país;
entonces, “para tratar de equilibrar estos niveles de desarrollo, el
presidente tiene cuatro proyectos estratégicos, principalmente: el Tren
Maya, la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y los programas de caminos
de manos de obra, que son 300 caminos que se van a construir en las
zonas más marginadas como Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y el cuarto es el
corredor del Istmo de Tehuantepec”.
Este ha sido uno de los proyectos que
han trascendido la historia, sin concluir, pues desde antes del
porfiriato, la parte más estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y
Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido codiciada y los pueblos originarios han
resistido.
Mollinedo expone que el proyecto va a
descansar, principalmente, en modernizar la infraestructura que ya se
tiene, los dos puertos: el de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y unirlos a
través de una vía férrea existente: “lo que pasa es que éste es un
proyecto ya muy viejo, tiene más de 100 años, lo creó Porfirio Díaz pero
ha estado abandonado, y lo que vamos a hacer nosotros es modernizarlo
para poder hacer el cruce de mercancías entre un océano y otro”.
Con ello, el gobierno federal acompañado
de la aprobación de los gobiernos estatales, pretende abrir una nueva
ruta de transporte marítimo, que cruce por el Istmo de Tehuantepec (que
es la zona más estrecha de la República), “tenemos algunas ventajas
comparativas con el canal de Panamá, en virtud de que estamos más cerca
de Asia y de la Costa Este de Estados Unidos”, añade.
“Queremos generar esta nueva ruta y que
las empresas vean que van a tener el acceso a cualquier mercado del
mundo y que vengan a invertir en 10 parques industriales que vamos a
instalar a lo largo de toda la vía del tren”, dice.
Entre los propósitos, indica, está la
instalación de empresas para generar empleos y para transformar materias
primas; agregar valor a las materias primas nacionales y, que pudieran
venir materias primas del extranjero para que se terminen de transformar
aquí y seguir su curso al mercado estadunidense, el más demandante.
Rafel Marín Mollinedo expone que el
proyecto que se le ha encomendado tiene proyectada una inversión sexenal
de 250 mil millones de pesos, aproximadamente, de los cuales el
gobierno federal va a aportar alrededor de 100 mil millones y el resto
será de la inversión privada.
En esta ruta también se pretende
instalar una red de fibra óptica, que va a venir a un lado de la vía del
tren, en el derecho de vía del tren, para darle internet a toda la
zona, “vamos a detonar porque las empresas necesitan internet y gas, que
ese es otro proyecto: un gasoducto”.
Marín Mollinedo enfatiza que la
intención es que donde se establezcan los parques industriales y se
tenga que arrendar o afectar la tierra los propietarios originales sean
socios. “Que queden como socios en estos desarrollos. Si vamos a hacer
un gasoducto, que los dueños de la tierra se pudieran considerar como
socios para que los beneficios que dejen esos desarrollos, los
propietarios los tengan permanentemente”.
Para la creación de los parques
industriales, la administración de López Obrador todavía está en la
definición de los polígonos, mismos que podrían ubicarse en terrenos
particulares y gubernamentales.
Las nuevas ZEE y las consultas
Durante la administración de Enrique
Peña Nieto se promovieron las llamadas Zonas Económicas Especiales
(ZEE), que también pretendían “impulsar” la economía del Sureste
mexicano. Esta estrategia fue cancelada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, al considerar que no funcionaron.
La diferencia entre las ZEE y estos
proyectos, comenta Rafael Marín Mollinedo, es que los anteriores se
quedaron en “buenas intenciones, tan fácil como eso; y esto es un
proyecto que se va a concretar porque ya estamos trabajando,
invirtiendo. Es uno de los proyectos prioritarios y el presidente es una
gente de palabra, si dijo que va, ¡va!”
Respecto de la consulta a los pueblos
originarios refiere: “Estamos colaborando muy estrechamente con el INPI.
Nosotros ya llevamos a cabo la consulta indígena. La gente, los
indígenas ya nos aprobaron en proyecto. Es parte del proceso que se
tiene que llevar a cabo para hacer otro tipo de obras de
infraestructura, por mandato de la OIT”.
De las afectaciones que documentó Contralínea
en Salina Cruz, por contaminación de Petróleos Mexicanos en la playa y
la salinera, el funcionario dice: “Yo he estado ahí en la salinera y no
ha habido comentarios al respecto. Nunca he visto un derrame de petróleo
ni nada que me digan que les ha afectado. Hay problemas con Pemex, les
deben dinero a algunos ejidatarios por los derechos de vía. Nosotros
vamos a gestionar para que se resuelvan, es parte del compromiso”.
Otra de las problemáticas que se le
plantea a Marín Mollinedo es el rechazo a los parques eólicos en
Juchitán. Sobre el tema, el funcionario de la SHCP reconoce que el
proyecto que encabeza también tiene contemplada la instalación de este
tipo de infraestructura, por lo que están en arreglos con la Comisión
Federal de Electricidad, que es la que tiene los proyectos. Pero “donde
establezcamos estos parques vamos a ver el mecanismo de que los
propietarios originales participen como socios en este proyecto, que no
les des una renta sino que de las utilidades generadas, ellos tengan
participación”.
El despliegue de la Guardia Nacional
El documento Situación de la Guardia Nacional,
presentado en la conferencia de prensa del presidente López Obrador el
13 de agosto, indica que la Guardia Nacional contará con un importante
despliegue de sus efectivos, el cual asciende a 10 mil 445.
Al respecto, el encargado de desarrollar
el Corredor Transístmico dice que este corresponde, en parte, a la
demanda de los empresarios: “Cuando hemos hablado con ellos para
invitarlos a participar y a invertir en la zona, la demanda es de
seguridad”.
“Tenemos una mesa de trabajo con la
Secretaría de Seguridad Pública y ellos nos van a ayudar a diseñar un
proyecto de seguridad para la zona. No es tan grave el problema de la
seguridad, al menos en Oaxaca; lo duro está en Coatzacoalcos, Minatitlán
(Veracruz). La zona del Norte está muy grave, pero en el Sur el
problema está más tranquilo.”
El mismo documento indica que Veracruz
contará con 13 mil 702 elementos desplegados por todo el estado. “Vamos a
diseñar junto con ellos un programa de seguridad porque es lo que piden
las empresas, tener seguridad pública para también invertir, sino no
hay inversión”, enfatiza el servidor público.
Érika RamírezFuente
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