Mauricio Macri se despide en Argentina con más tarifazos

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 8 de noviembre de 2019, p. 23

Buenos Aires. En su despedida de gobierno, el presidente Mauricio Macri, quien deja un país en virtual cesación de pagos, una enorme deuda adquirida en cuatro años y casi 40 por ciento de argentinos en la pobreza, anunció nuevos aumentos y tarifazos a luz, gas y gasolinas, imposibles de pagar para la población, mientras intenta presentar como final de su administración logros inexistentes, que en las últimas horas fueron calificados de falsos por diversas entidades y observatorios.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica al evaluar los indicadores claves de esta gestión señala que el modelo neoliberal comandado por el gobierno de Macri “contrajo en los tres primeros años una deuda de 120 mil 532 millones de dólares, que equivalen a un Plan Marshall a valores actuales.
Sin embargo, el Plan Marshall sirvió para reconstruir la infraestructura y la capacidad productiva de Europa, y también para fortalecer el estado de bienestar tras la guerra. Por el contrario, el de Macri fue usado para contraer la economía, destruir el tejido industrial, generar inflación, desempleo y pobreza.
A su regreso de México, su primera visita oficial después de ser electo presidente, Alberto Fernández se reunió ayer con el director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, quien anunció el desembolso de unos 6 mil millones de dólares ya previsto con el organismo, y se comprometió a acompañar al país en la etapa que se iniciará con la asunción del nuevo gobierno.
Moreno recordó que el BID es un socio estratégico de Argentina y que apoyará no solamente en áreas tradicionales, sino también en sectores donde el banco se encuentra a la vanguardia global, como productos de conocimiento, agenda digital, innovación y competitividad que forman parte del plan de la nueva administración.
Todo esto sucede en momentos en que la Organización de Naciones Unidas reprochó al gobierno de Macri presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a jueces, fiscales y abogados, dando un plazo de 60 días para que el Estado informe qué acciones concretas adoptará ante las denuncias de organismos de derechos humanos.

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