Urge debatir sobre la seguridad social en México
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En
el marco de la 110 Asamblea Nacional Ordinaria del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), su titular Zoé Robledo se pronunció por
cambiar al organismo la “visión financiarista” que prevaleció en los
gobiernos neoliberales al cuidar los pesos y centavos en detrimento de
los servicios, y que la Cuarta Transformación ofrece una “oportunidad
histórica” en la defensa de un proyecto solidario que “redistribuya de
manera justa los bienes públicos”.
Las palabras del funcionario ofrecen un
punto de inflexión para llevar a un debate nacional otro asunto que no
admite dobles lenguajes, como lo es el tema de las pensiones, que de
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) debe retornar al sistema solidario ante el fracaso del
sistema de cuentas individuales impuesto en el gobierno de Ernesto
Zedillo Ponce de León, en 1997, y que amenaza con dejar sin un centavo y
en la miseria a miles de trabajadores próximos a jubilarse.
En los fundamentos de la seguridad
social que dieron origen al nacimiento del IMSS en enero de 1943, se
encontraba: “El otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.
Desde el sexenio de Zedillo y con las
reformas a la Ley del Seguro Social, el organismo que atiende la salud
de unos 80 millones de mexicanos vio minados sus recursos, poniendo en
riesgo no sólo un retiro digno para los trabajadores, sino además su
vida misma y la de sus familias por la carencia de recursos para dotar
de mejor infraestructura, medicamentos y personal necesarios al IMSS.
Haber entregado el manejo de los
multimillonarios ahorros de los trabajadores a los banqueros vía las
Afores, demostró al paso de las últimas dos décadas su ineficacia para
garantizarles un retiro digno. Los únicos que han salido ganando son los
mismos a quienes Zedillo Ponce de León favoreció con el rescate
bancario (Fobaproa) y carretero. Los ahorradores han sido los más
perjudicados al no tener injerencia alguna ni en la decisión ni
vigilancia de cómo se invierte y maneja su dinero.
Tras analizar las consecuencias
negativas a nivel global de los mecanismos de ahorro basados en cuentas
individuales, a los expertos de la OIT les ha quedado en claro que la
privatización de las pensiones ha tenido un sello eminentemente
neoliberal, auspiciado por el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, el Banco
Interamericano de Desarrollo, los Bancos de Desarrollo Africano y
Asiático, USAID, donde son las élites financieras las que han salido
ganando en detrimento de la clase trabajadora. Bajo la dictadura militar
de Augusto Pinochet y con el apoyo de Estados Unidos, Chile fue en 1981
el primer país donde se impuso el modelo de las cuentas individuales,
ordenado por la oligarquía internacional.
La OIT señala que entre 1981 y 2014,
catorce países de América Latina como Chile, Perú, Argentina, Colombia,
Uruguay, Bolivia, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Ecuador, República Dominicana y Panamá, cambiaron su sistema solidario
de pensiones por uno de cuentas individuales; situación similar ocurrió
en otras catorces naciones de Europa Oriental y la antigua Unión
Soviética, como lo fueron Hungría, Kazajstán, Croacia, Polonia, Letonia,
Bulgaria, Estonia, la Federación Rusa, Lituania, Rumania, Eslovaquia,
Macedonia, República Checa y Armenia. En África fueron Nigeria y Ghana
las naciones que impusieron este sistema. Todos sus gobiernos contaron,
de forma invariable, con el apoyo y las “recomendaciones” de los
organismos financieros internacionales.
Pero, ¿qué orilló a 18 de estas naciones a revertir el cambio a su sistema de pensiones?
Hasta el año pasado, por lo menos 18
países decidieron dar marcha atrás a la privatización de sus pensiones,
entre estos: Ecuador, Eslovaquia, la Federación de Rusia, Estonia,
Letonia, Lituania, Hungría, Croacia y Macedonia, Polonia, Kazajstán, la
República Checa, la República Bolivariana de Venezuela, Bulgaria,
Argentina, Nicaragua y Rumania.
Estas naciones sopesaron las graves
repercusiones sociales y económicas del modelo privatizador, catalogando
sus resultados como un rotundo fracaso hacia la clase trabajadora. Por
ejemplo, quedó en claro que las tasas de cobertura se estancaron o
disminuyeron, las prestaciones de las pensiones se deterioraron y la
desigualdad de género y de ingresos se agravó.
Otro de los puntos en contra fue que la
administración de los ahorros de los trabajadores por parte del sector
privado no mejoró su aprovechamiento y terminó eliminando la
participación de los trabajadores en la gestión y toma de decisiones. De
igual forma los gobiernos dejaron de tener injerencia en las funciones
de regulación y supervisión que fueron asumidas de manera total por los
mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de
pensiones.
De acuerdo a la Organización
Internacional del Trabajo, sí es posible echar atrás la privatización de
las pensiones y aconseja 11 puntos básicos a los países que opten por
desechar el sistema de cuentas individuales.
Estos son: iniciar un diálogo social
para generar un consenso y lanzar campañas de comunicación; constituir
un comité técnico tripartito de reforma, encargado de diseñar e
implementar la renacionalización del sistema de pensiones; promulgar
leyes con las principales características del sistema de prestaciones
basadas en el reparto, de conformidad con las normas de seguridad social
de la OIT; crear una institución/administrador público de las pensiones
que garantice la gobernanza tripartita; transferir miembros del sistema
privado al público; transferir los recursos acumulados de las cuentas
individuales; establecer nuevas tasas de contribución y comenzar a
recaudar contribuciones para el nuevo sistema público de pensiones;
cerrar el mecanismo de recaudación de contribuciones del sistema
privado; implementar servicios de inspección y mecanismos de aplicación
de contribuciones; crear la unidad o entidad a cargo de la gestión de
inversiones del sistema público de pensiones; cerrar el organismo de
supervisión y regulación de las pensiones del sector privado.
En el evento conducido por el secretario
general del organismo, Javier Guerrero, y al que asistieron el gabinete
en pleno, así como representantes del sector patronal, como el
presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, y líderes del
movimiento obrero como la CTM, el SME y la Nueva Central de Trabajadores
(NCT), el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo notar que el IMSS
fue una de las pocas instituciones que sobrevivieron a la etapa
neoliberal, cuyos tecnócratas vieron a la salud como un gran negocio,
rezagándole en la asignación de recursos, por lo cual ahora carece de
los suficientes médicos y enfermeras para atender a millones de
derechohabientes y a la gente de las comunidades marginadas y rurales,
más apartadas del país.
Por eso, es el momento para que desde
las organizaciones sindicales se ubique en el centro del debate a la
seguridad social en México, para considerar las recomendaciones de la
OIT y retornar al sistema solidario de pensiones que le permitan al IMSS
el acceso y manejo de los más de 2.5 billones de pesos de los ahorros
de los trabajadores y que han sido jugados de manera irresponsable por
los banqueros en la Bolsa de Valores y otras inversiones de alto riesgo,
derivando en cuantiosas pérdidas. Recursos con lo que el IMSS podría
generar mejor infraestructura hospitalaria, mejorando sustancialmente su
operación en beneficio de 80 millones de mexicanos.
Martín Esparza FloresFuente
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