13 estados integran la segunda etapa de implementación de la reforma laboral
En el 2021 se sumarán 13 estados a la segunda etapa de implementación del nuevo sistema de justicia laboral. De esta manera, serán 22 entidades en las que operará el nuevo mecanismo de solución de conflictos entre trabajadores y patrones a finales del próximo año.
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz serán las nuevas entidades donde nacerán los centros de conciliación y tribunales laborales locales y federales.
Además, Hidalgo se sumará de forma completa al nuevo modelo de justicia. Este caso es particular, pues este estado integró la primera etapa de implementación, pero sólo en materia federal. Es decir, únicamente abrieron las oficinas locales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y los tribunales federales, pero quedó pendiente la puesta en marcha de las autoridades locales.
Para la creación de las autoridades laborales en las entidades de la segunda fase y la operación de las que nacieron en el 2020 en 8 estados, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF) contempló una partida de 2,482 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
- $337.5 millones para la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
- $649 millones para el subsidio al que accederán las 13 entidades que implementarán el nuevo modelo de justicia laboral.
- $557.8 millones para la creación de 19 tribunales laborales federales.
- $938.4 millones para la operación de los tribunales laborales federales creados en el 2020.
Actualmente, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, y de manera parcial a Hidalgo (materia federal) son los estados donde el nuevo modelo de solución de conflictos opera a plenitud y sus Juntas de Conciliación y Arbitraje dejaron de recibir casos.
“Venimos de un proceso complejo por la pandemia, pero aun así logramos que se pusiera en marcha en las ocho entidades federativas en que iniciamos. Hoy la experiencia acumulada de la primera etapa y el seguimiento permanente en su ejecución nos va permitir replicar, corregir, replantear acciones y estrategias de cumplimiento para hacerlas más eficientes y efectivas”, dijo Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Durante el banderazo de salida a los trabajos de coordinación con las autoridades judiciales y laborales de los estados que conforman la segunda etapa de implementación, la titular de la dependencia les pidió un acompañamiento a los actores principales de las relaciones laborales, sindicatos y empresarios, para concientizarlos e informarles de qué trata la reforma laboral, de sus obligaciones y derechos.
Por su parte, el ministro Fernando Franco González Salas expresó a los asistentes que son herederos de un ejercicio que se ha venido haciendo con la primera etapa, y tienen enfrente un reto enorme, un compromiso de estado internacional, para consolidar el sistema de justicia laboral y la democracia sindical.
Las nuevas entidades deben realizar una armonización legislativa que contempla reformas a la Constitución Política del Estado (cuando sea aplicable), leyes para la creación de Centros de Conciliación y Tribunales Laborales Locales, para la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, entre otros. Cabe destacar que todos los estados presentan ya avances en esta materia.
Nuevo modelo de justicia
El nuevo mecanismo de justicia laboral contempla no sólo nuevas autoridades, también un proceso de solución renovado, con una apuesta importante en la conciliación.
Ahora todos los conflictos, sólo con excepción de nueve supuestos, tendrán que agotar la etapa conciliatoria ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o Centro de Conciliación Local antes de abrir un juicio ante un tribunal laboral. Esta fase, considerada prejudicial, no excederá los 45 días.
En caso de no resolverse el problema mediante la conciliación, se iniciará un juicio ante un tribunal laboral federal o local, el cual deberá emitir una sentencia en no más de seis meses.
De esta manera, un juicio laboral que en una Junta de Conciliación y Arbitraje podía demorar hasta 4 años, con el nuevo modelo de justicia se busca una solución en máximo 8 meses.
¿Ante qué instancia presentar una demanda? Los trabajadores deberán acudir a una oficina del CFCRL o un centro de conciliación local dependiendo la rama industrial a la que pertenezca su empleador.
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