Convocan a la sociedad a defenderse del sistema comercial y de consumo
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de mayo de 2010, p. 9
El Foro Social Mundial concluyó ayer con una convocatoria a participar en la segunda caravana al municipio San Juan Copala, Oaxaca, en respaldo a esa comunidad, así como con un pronunciamiento de solidaridad con la huelga de hambre que mantienen ex trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro.
En el ámbito internacional, se hizo un llamado a defenderse del sistema comercial y de consumo, que “ha acabado no sólo con los empleos, sino también con la naturaleza”.
Como parte de las resoluciones, se resaltó que este año han ocurrido más asesinatos, persecuciones y ha habido más presos políticos que en ninguna otra época de México y de los países que convergen en el foro social.
Las voces participantes definieron que si bien existe una crisis vinculada con la caída del capitalismo y de los sistemas políticos prestablecidos, también se ha aplicado una campaña internacional para mantener el miedo a un repunte en los riesgos económicos mundiales.
“No caigamos en el sentimiento de crisis que atemoriza para hacerle el juego al dinero, que es el principal instrumento de dominación”, dijo en la tarde de ayer José Luis Gutiérrez al presentar las definiciones del eje economía solidaria.
Condenan operativos antinarco
El foro, que este año desarrolló el tema Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles, cuestionó que el gobierno de Felipe Calderón ha incrementado los operativos contra la delincuencia organizada para disfrazar la persecución contra los movimientos sociales.
“No queremos que los ingresos públicos se destinen a la guerra” contra el narcotráfico, dijo Gladys Alfaro, del movimiento Marcha Mundial de la Mujer, al leer las conclusiones del eje uno, relativo a las mujeres.
A lo largo de la última jornada de diálogo, defensores de derechos humanos advirtieron que las reformas en materia de seguridad nacional pretenden justificar la permanencia del Ejército Mexicano en las calles, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada.
El padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, sostuvo que “se trata de mantener institucionalmente una presencia cada vez más excesiva, anticonstitucional y contraria a un estado democrático de derecho” de las fuerzas armadas, operativos que corresponden a las fuerzas de seguridad pública.
En la mesa sobre derechos humanos, Jorge Albino, vocero del municipio autónomo de San Juan Copala, anunció que se prepara una segunda caravana a esa zona, “pensando en que sea más coberturada, tal vez con la Cruz Roja y una representación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque la vida de 500 familias está en peligro; los paramilitares no dejan que nadie salga ni nadie entre”.
Albino relató que el gobierno de Ulises Ruiz sí tuvo conocimiento de que una caravana de paz se dirigía la semana anterior a San Juan Copala, no sólo porque así se le hizo saber, sino porque se realizaron dos conferencias de prensa para explicar detalles de la intención de llegar a esa comunidad.
Refirió que durante los preparativos Alberta Cariño, quien fue asesinada la semana pasada, resaltó que la vida de los adultos mayores, de las mujeres y los niños de Copala estaba en peligro por el cerco paramilitar que ahí se mantiene. Sin embargo, tras la agresión, los grupos armados reforzaron el cerco. “Antes las compañeras podían salir y entrar; ahora el retén se ha vuelto más radical”, relató.
Miguel Concha, al abordar las minutas del Senado sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la ley de seguridad nacional, denunció que la discusión del documento se congeló en la Cámara de Diputados debido a varias objeciones del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ardelio Vargas Fosado, del PRI.
Aseguró que el diputado priísta pretende incluir en la ley de seguridad nacional que la disposición para la intervención del Ejército, cuando se trate de afectación a la seguridad interior de una región, también se considere para los movimientos políticos, sindicales y electorales.
El antropólogo Gilberto López y Rivas –colaborador de La Jornada– sostuvo que cualquier reforma que reconozca la constitucionalidad de los derechos humanos no será funcional si no es aplicable cuando se enfrente al sistema judicial.
“Estamos ante un deterioro absoluto del aparato judicial y, suponiendo que la reforma fuera la más progresista, cómo vamos a ponerla en práctica si el sistema está corrompido. Todos los jueces son de consigna, notablemente están en favor de quienes los mantienen, los controlan y los mediatizan”, dijo.
Reprochó la actuación de las fuerzas armadas en operativos donde civiles resultan muertos. “El Ejército está más ocupado en dirigirse contra los ciudadanos y ahora quieren leyes a modo, a contentillo de los militares.”
Critican deficiencias en la ley sobre derechos humanos
Enrique González Ruiz, director del posgrado de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, resaltó las deficiencias de la minuta del Senado en materia de derechos humanos.
Consideró que en la lista hacen falta, entre otros, los derechos económicos y culturales. Sostuvo que la reforma sólo busca cambiar la imagen de México en el exterior, por las constantes violaciones a las garantías individuales y el estado de excepción que ya se vive en entidades como Guerrero y Oaxaca, y los abusos que se cometen en los retenes militares.
“Se trata de una barnizada en materia de derechos humanos, únicamente para reparar la fachada de México, que es impresentable en el mundo”, declaró.
Al leer las conclusiones del eje 4, derechos laborales frente a la crisis, Paul Bernardo Díaz definió que cada vez más crece la deuda externa de los países y, como ocurre siempre, el costo se carga a los trabajadores. La ofensiva contra la clase obrera, dijo, no sólo es económica; también ataca sus derechos, que gobiernos y empresas pretenden equiparar con privilegios para limitarlos.
El foro cerró con el exhorto de Jorge Albino para que la Cruz Roja, la ONU y todo aquel que quiera viajar a San Juan Copala se sumen a la próxima caravana.
“Los compas que están ahí están secuestrados por el Estado, que protege a los grupos armados, y vamos a dar a conocer una investigación de quiénes fueron los que dispararon”, expresó.
Fuente
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de mayo de 2010, p. 9
El Foro Social Mundial concluyó ayer con una convocatoria a participar en la segunda caravana al municipio San Juan Copala, Oaxaca, en respaldo a esa comunidad, así como con un pronunciamiento de solidaridad con la huelga de hambre que mantienen ex trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro.
En el ámbito internacional, se hizo un llamado a defenderse del sistema comercial y de consumo, que “ha acabado no sólo con los empleos, sino también con la naturaleza”.
Como parte de las resoluciones, se resaltó que este año han ocurrido más asesinatos, persecuciones y ha habido más presos políticos que en ninguna otra época de México y de los países que convergen en el foro social.
Las voces participantes definieron que si bien existe una crisis vinculada con la caída del capitalismo y de los sistemas políticos prestablecidos, también se ha aplicado una campaña internacional para mantener el miedo a un repunte en los riesgos económicos mundiales.
“No caigamos en el sentimiento de crisis que atemoriza para hacerle el juego al dinero, que es el principal instrumento de dominación”, dijo en la tarde de ayer José Luis Gutiérrez al presentar las definiciones del eje economía solidaria.
Condenan operativos antinarco
El foro, que este año desarrolló el tema Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles, cuestionó que el gobierno de Felipe Calderón ha incrementado los operativos contra la delincuencia organizada para disfrazar la persecución contra los movimientos sociales.
“No queremos que los ingresos públicos se destinen a la guerra” contra el narcotráfico, dijo Gladys Alfaro, del movimiento Marcha Mundial de la Mujer, al leer las conclusiones del eje uno, relativo a las mujeres.
A lo largo de la última jornada de diálogo, defensores de derechos humanos advirtieron que las reformas en materia de seguridad nacional pretenden justificar la permanencia del Ejército Mexicano en las calles, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada.
El padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, sostuvo que “se trata de mantener institucionalmente una presencia cada vez más excesiva, anticonstitucional y contraria a un estado democrático de derecho” de las fuerzas armadas, operativos que corresponden a las fuerzas de seguridad pública.
En la mesa sobre derechos humanos, Jorge Albino, vocero del municipio autónomo de San Juan Copala, anunció que se prepara una segunda caravana a esa zona, “pensando en que sea más coberturada, tal vez con la Cruz Roja y una representación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque la vida de 500 familias está en peligro; los paramilitares no dejan que nadie salga ni nadie entre”.
Albino relató que el gobierno de Ulises Ruiz sí tuvo conocimiento de que una caravana de paz se dirigía la semana anterior a San Juan Copala, no sólo porque así se le hizo saber, sino porque se realizaron dos conferencias de prensa para explicar detalles de la intención de llegar a esa comunidad.
Refirió que durante los preparativos Alberta Cariño, quien fue asesinada la semana pasada, resaltó que la vida de los adultos mayores, de las mujeres y los niños de Copala estaba en peligro por el cerco paramilitar que ahí se mantiene. Sin embargo, tras la agresión, los grupos armados reforzaron el cerco. “Antes las compañeras podían salir y entrar; ahora el retén se ha vuelto más radical”, relató.
Miguel Concha, al abordar las minutas del Senado sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la ley de seguridad nacional, denunció que la discusión del documento se congeló en la Cámara de Diputados debido a varias objeciones del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ardelio Vargas Fosado, del PRI.
Aseguró que el diputado priísta pretende incluir en la ley de seguridad nacional que la disposición para la intervención del Ejército, cuando se trate de afectación a la seguridad interior de una región, también se considere para los movimientos políticos, sindicales y electorales.
El antropólogo Gilberto López y Rivas –colaborador de La Jornada– sostuvo que cualquier reforma que reconozca la constitucionalidad de los derechos humanos no será funcional si no es aplicable cuando se enfrente al sistema judicial.
“Estamos ante un deterioro absoluto del aparato judicial y, suponiendo que la reforma fuera la más progresista, cómo vamos a ponerla en práctica si el sistema está corrompido. Todos los jueces son de consigna, notablemente están en favor de quienes los mantienen, los controlan y los mediatizan”, dijo.
Reprochó la actuación de las fuerzas armadas en operativos donde civiles resultan muertos. “El Ejército está más ocupado en dirigirse contra los ciudadanos y ahora quieren leyes a modo, a contentillo de los militares.”
Critican deficiencias en la ley sobre derechos humanos
Enrique González Ruiz, director del posgrado de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, resaltó las deficiencias de la minuta del Senado en materia de derechos humanos.
Consideró que en la lista hacen falta, entre otros, los derechos económicos y culturales. Sostuvo que la reforma sólo busca cambiar la imagen de México en el exterior, por las constantes violaciones a las garantías individuales y el estado de excepción que ya se vive en entidades como Guerrero y Oaxaca, y los abusos que se cometen en los retenes militares.
“Se trata de una barnizada en materia de derechos humanos, únicamente para reparar la fachada de México, que es impresentable en el mundo”, declaró.
Al leer las conclusiones del eje 4, derechos laborales frente a la crisis, Paul Bernardo Díaz definió que cada vez más crece la deuda externa de los países y, como ocurre siempre, el costo se carga a los trabajadores. La ofensiva contra la clase obrera, dijo, no sólo es económica; también ataca sus derechos, que gobiernos y empresas pretenden equiparar con privilegios para limitarlos.
El foro cerró con el exhorto de Jorge Albino para que la Cruz Roja, la ONU y todo aquel que quiera viajar a San Juan Copala se sumen a la próxima caravana.
“Los compas que están ahí están secuestrados por el Estado, que protege a los grupos armados, y vamos a dar a conocer una investigación de quiénes fueron los que dispararon”, expresó.
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